Las organizaciones nacionales campesinas y pueblos originarios demandan para Chile, una “Ley para el desarrollo rural inclusivo y sostenible”

Las Organizaciones Nacionales Campesinas y Pueblos Originarios de Chile, se reúnen para dar consenso al documento en el cual demandan, para Chile, una “Ley de Desarrollo Rural Inclusivo y sostenible.

Dicho documento se lleva trabajando desde hace más de un año, en conjunto con todas las organizaciones nacionales campesinas de Chile. A través de este documento, las organizaciones campesinas, se dirigen públicamente a las autoridades de poder político, legislativo, municipios, partidos políticos, organizaciones sociales, económicas y gremiales de la sociedad rural, para manifestar su opinión y aportes que Chile requiere para una nueva estrategia para su Desarrollo rural.

Las propuestas para una nueva Ley de Desarrollo Rural, van enfocadas a responder a los desafíos que plantea el desarrollo socioeconómico y el bienestar humanos de las familias campesinas, de tal modo que sea motivador para quienes trabajan y son parte de del mundo rural sean hombres, mujeres y especialmente a los jóvenes.

Es así que damos a conocer algunas de las Propuestas para una nueva “Ley de Desarrollo Rural”:

Gestar el potencial que en Chile tiene en el sector rural, que pasa por desarrollar la calidad de vida de los territorios, la cultura, lo espiritual y la economía de la sociedad rural. El respeto a la diversidad de pueblos y la cultura de los territorios, como un patrimonio de la nación chilena.

Otro aspecto que se destaca en el documento, es promover el acceso equitativo de los servicios, programas y bienes públicos de los habitantes rurales; la igualdad de los territorios y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que es el suelo agrícola que está limitado, el uso de agua eficiente y no especulativo y una efectiva ocupación del territorio, especialmente de las fronteras interiores.

Entre otras, el mejoramiento de los empleos y nueva fuentes de trabajo para mantener a los habitantes rurales, así también acrecentar la comercialización de la producción campesina, ampliación de servicios como: turismo rural, espacios de recreación y gastronomía criolla como un activo a desarrollar. Además del mejoramiento de comercio, transporte y agroindustria. Y así entre varias propuesta que van en dicho documento.

Las Organizaciones Campesinas e Indígena de Chile, en conjunto han ido paso a paso, reunión tras reunión, para llegar al gran objetivo que es generar políticas, como país, acordes a mejorar la calidad de vida de la sociedad rural y su desarrollo económico.

Necesidades de una Política Pública de Desarrollo Rural en Chile.

Hoy la mayoría de los Estados reconocen la importancia de la Agricultura Familiar y han resuelto invertir en ella y desarrollarla (la ONU declaró el año 2014 como año de la Agricultura Familiar), por todos los beneficios económicos y sociales asociados que ella significa (empleo, seguridad alimentaria, conservación de recursos, producción limpia y autosustentables entre otros).

Según antecedentes del IICA (2002), en escolaridad, el 61% de los productores campesinos no tiene enseñanza media completa, de los cuales el 25% no completo su escolaridad básica y sólo un 3% cuenta con educación media técnico-profesional, antecedente de gran importancia cuando se quiere intervenir en este sector con capacitación, formación y en general cuando se decide a aportar recursos financieros, de nuevas producciones, de agregación de valor y otros.

Se requiere de políticas públicas con énfasis en lo territorial, que promueva el bienestar de todos sus habitantes, sin importar el lugar geográfico donde se localicen. La visión de generar políticas públicas solo a través de ministerios y sus servicios, es insuficiente sin una visión más integral.

Es el caso, de problemas de alta complejidad como la sustentabilidad ambiental (cambio climático) explotaciones tienen más de 55 años, porcentaje que se eleva al 67% si se incluye el estrato etario de 45 a 55 años. Este dato es relevante porque la presencia de jefaturas de explotaciones con mayor edad contrasta en forma directa con la disminución de jóvenes que se registra en el campo, lo que representa una problemática asociada a la falta de recambio en el manejo de las explotaciones para este sector, por consiguiente, es relevante en cuanto a la necesidad de integrar esta población al uso de nuevas tecnologías (nuevos cultivos, nuevos productos, uso de internet y computador).

La implementación de una Política Pública de Desarrollo Rural: Con énfasis en el territorio, sustentable, descentralizada y participativa que recoja las particularidades específicas de los territorios y su gente y que logre la coordinación de las diferentes políticas, programas y planes que inciden en el sector rural, es un aporte concreto a la lucha contra la desigualdad y a la profundización de la democracia en Chile.