10 diciembre, 2018

Ley de semillas: un debate vigente en Argentina

FAA en reunión con el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados

En las últimas semanas, la discusión sobre la modificación de la ley de semillas volvió a tomar estado público en la Argentina. Hubo encuentros de la denominada Mesa de Semillas, convocados por el Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, en los que Federación Agraria Argentina (FAA) ratificó las tres cuestiones indeclinables para la entidad: el uso propio gratuito, que la tecnología se paga en la bolsa y el concepto de orden público como base para impedir que vía contractual la parte más fuerte imponga sus pretensiones leoninas sobre los productores.

Luego, en los primeros días de julio, trascendió un documento que, supuestamente, “resumiría posiciones” de un modo insustancial, que pretendía reducir el asunto a una mera cuestión de “mayoría y minoría”.

En ese momento, la comisión de semillas de FAA, junto a la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER) y la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos (FADIA) publicaron un comunicado de prensa. En él, rechazaban ese documento diciendo: “se ha llegado a la conclusión de ‘mayoría’ que, casualmente, refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, las que al no poder concretarlas parlamentariamente, en 2005 decide interdictar barcos con carga nacional en puertos europeos, donde esa Justicia le negó la razón”.

El comunicado identificaba los aspectos más negativos del documento que había trascendido. En primer lugar, señalaba que eliminaría los derechos de los productores de ejercer el derecho al  uso propio de la semilla y lo sustituiría por una licencia de multiplicación. Además, legalizaría que todos los argentinos financiaran la custodia de los derechos de patentes sobre genes mediante el Instituto Nacional de Semillas, evitando a la Justicia. También seguiría confundiendo a los usuarios, comercios, profesionales, multiplicadores, criaderos, a toda la cadena semillera y del comercio de granos, evitando que quede claro donde empieza y termina el derecho de cada uno de ellos. Por último, impondría el poder de la concentración de unos pocos sobre decenas de miles de actores de la actividad agraria sin que nadie proteja ni equipare el derecho de los más débiles.

Frente a ello, las instituciones firmantes expresaron que no avalaban que “mediante la modificación de la ley de semillas del modo en el que se pretende, se transforme el interior productivo y el rol indiscutible de una cadena sólida y capaz de generar desarrollo y arraigo, en un mero eslabón integrado de un contrato de producción en el que unos pocos impongan: que producir, como hacerlo y con quien comercializarlo”.

Y añadieron: “Regalaremos, de ese modo, la soberanía productiva y alimentaria distribuida en cientos de miles protagonistas del agro en toda la geografía argentina, la que llaman ‘minoría’, que será sustituida por las decisiones e imposiciones de un puñado de CEO de tres multinacionales y sus dependientes, autodenominados ‘mayoría”.

Algunos días después, el 18 de julio, una delegación de FAA encabezada por su presidente, Omar Príncipe, y por el responsable de la Comisión de Semillas FAA, Solmi, fue recibida en la Cámara de Diputados de la Nación, por el titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicha Cámara, Atilio Benedetti. Junto a la entidad, asistieron FADIA, CASEM, AFA y FECOFE.

Al término del encuentro, dijo Príncipe: “Le transmitimos al Diputado que en 2016 FAA presentó un proyecto de ley elaborado por la entidad, junto a todas las entidades que integran su comisión de semillas, muchas de las cuales estuvieron presentes en la reunión de hoy. Le expresamos que ese trabajo refleja no sólo una experiencia histórica de los productores y de las instituciones mencionadas, sino la visión de juristas y expertos en la materia”. Los federados le expresaron a Benedetti que los tres puntos centrales de dicha iniciativa están vinculados a que la discusión por semillas pertenece al orden público, a que se debe respetar el derecho al uso propio por parte del agricultor y a que la tecnología se pague en la bolsa. “También le pudimos expresar al legislador cuáles serían las implicancias de avanzar con un régimen como el propuesto por Bayer / Monsanto, que es principalmente el que toma la propuesta elaborada por Agroindustria”, agregó Príncipe.

En el encuentro, además, tuvieron ocasión de expresarle al Diputado que era falso que existiesen un proyecto de mayoría y otro de minoría, como se había intentado instalar días antes en el ámbito político y ante la opinión pública. “Le dijimos a Benedetti que el trabajo presentado por el Ministerio de Agroindustria, de la mano de Luis Miguel Etchevehere y su jefe de gabinete, Santiago del Solar Dorrego, refleja una parte reducida, sólo con la visión de obtentores, exportadores y en el medio de la cadena, si se quiere, de los productores. Pero no incluye la posición de técnicos, de cooperativas, de semilleros multiplicadores o de instituciones que trabajan, por ejemplo, en la pureza y la variedad de las semillas. Estos nunca fueron convocados a dar a conocer su perspectiva, pese a ser parte importantísima de la cadena y a su importancia agronómica”, indicaron los federados al término del encuentro y concluyeron: “Nos llevamos el compromiso de Benedetti de incorporar todas las voces y que se darán el tiempo necesario para que sea un debate amplio”.

Cabe recordar que la iniciativa de FAA fue presentada en agosto de 2016 y fue reingresada en dos ocasiones (en 2017 y 2018), por lo que a la fecha tiene estado parlamentario, bajo número de expediente 64-P-2018. La misma busca que se garantice el derecho al uso propio y se avance hacia una legislación moderna, que permita a los productores una defensa ante los intereses de las multinacionales proveedoras de insumos. Al mismo tiempo, la entidad ratifica la plena vigencia de la ley de semillas 20247, que va en línea con el acuerdo UPOV 78, el carácter de orden público de lo dispuesto en ese régimen legal y la función indelegable del Estado en materia de protección de los derechos de la cadena de la semillas, tanto sea la propiedad intelectual de los obtentores como los derechos de los investigadores y de los agricultores a hacer uso propio.

Allí, y en cualquier otro ámbito que sea necesario, FAA expresará su voz en defensa de los principios que la entidad considera irrenunciables: los derechos ancestrales de los productores y de la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro país.

 


Principales aspectos que FAA ha incorporado en su proyecto de ley y que considera deben ser reflejados en cualquier nueva iniciativa:

  • Declarar de orden público las disposiciones de la Ley relativas a derechos y limitaciones, así como el régimen de licencias obligatorias y de cláusulas antimonopólicas;
  • Mantener UPOV 78’ (Convenio  Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales);
  • Establecer el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla;
  • Determinar un marco especifico para los agricultores familiares e incorporar definiciones de semillas nativas y criollas;
  • Mantener el uso propio como derecho del agricultor con una excepción para los grandes productores;
  • Declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas;
  • Incorporar un sistema de licencias obligatorias para prevenir los casos de abuso;
  • Mejorar y fortalecer las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y del Consejo Federal de Semillas;
  • Adaptar la Ley al nuevo marco normativo internacional con la ratificación de Argentina del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya accesorio del Convenio sobre la Diversidad Biológica;
  • Adoptar terminología acorde a los marcos regulatorios internacionales;
  • Determinar el régimen de sanciones civiles y comerciales, claras para casos concretos y sin asimilaciones a tipos penales; limitando el rol del INASE y prohibiendo cláusulas contractuales anticompetitivas.