17 diciembre, 2018

Funcionario del INDERT actúa como abogado del adjudicado no sujeto de la reforma agraria

Lunes 17/09/2018

La semana pasada, una comitiva fiscal-policial se constituyó en el Barrio Laguna del distrito de Itakyry con el propósito de desalojar a los pobladores de una finca propiedad del Estado, en que hace años están viviendo unas 180 familias. La fiscal Olga Patricia Melgarejo encabezó el procedimiento. La Comisión Vecinal del lugar sindicó como responsable de esta situación al funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Federico Benítez, quien sería el administrador zonal. El mismo, manifiestamente estaría actuando en defensa del supuesto adjudicado por el Indert, quien no sería sujeto de la reforma agraria.

El presidente de la Comisión Vecinal, Vicente Aguilar, manifestó que el funcionario actúa como defensor de la persona supuestamente adjudicada con la tierra en cuestión. En el acta del procedimiento redactado en el lugar de los hechos está asentado la sorprendente actuación del funcionario: ‘La institución ya no puede disponer de la parcela de tierra, que respeten el inmueble ajeno que salgan del lugar y que se presente ante la institución (INDERT) para reclamar la entrega de otras tierras, volviendo a mostrar a los mismos los documentos y planos’.

Expresó que el Ministerio Publico se está prestando y hasta procede de forma irregular. El desalojo no puede promover una persona que no tiene el título de propiedad, sin embargo, la representación fiscal igual está impulsando la investigación de invasión de inmueble ajeno, que de hecho no existe. Llama poderosamente la atención la actuación de la fiscalía, una clara persecución, con el fin de intimidar a los líderes de la comunidad.

El dirigente, señaló que la tierra fue demarcada como zona urbana en la que viven muchas personas o familias enteras que habían nacido en el lugar. Algunos lugareños ya hacen más de 30 años que residen en el terreno, pero hace un par de años que iniciaron las gestiones para la regularización, posteriormente se encontraron con la grata sorpresa de que la fracción fue adjudicada a una persona no sujeto de la reforma agraria.

Indagado por su afirmación de que la persona adjudicada no sería sujeto de la reforma agraria, declaró que es una persona que vive y trabaja en la ciudad. Esta registrado en el sistema de seguro social y hace su aporte jubilatorio como empleado de una empresa. Indicó que el Estatuto Agrario dice claramente que las personas beneficiarias deben ocupar la tierra y dedicarse directa y habitualmente a la agricultura, como actividad económica principal, que en este caso el supuesto adjudicado ni si quiera vive en el lugar.