Congreso del Perú otorgó cuestión de confianza al gobierno de Vizcarra

La moción de confianza por cinco proyectos de la reforma política, solicitada por el presidente Martín Vizcarra y su gabinete ministerial, al Congreso de la República, fue aprobada tras casi dos días de debate por 77 votos a favor 44 en contra y 3 abstenciones, donde la bancada mayoritaria de Fuerza Popular (FP) votó fragmentada, en una contexto donde se anunciaba el cierre del Congreso, si era denegada la cuestión de confianza y se recordaba los 10 años de la tragedia de Bagua.

El Congreso del Perú es una de las instituciones más desprestigiadas y con mayor nivel de desaprobación, más del 80% de la población exige su cierre y nuevas elecciones, por los constantes encubrimientos que hacen a jueces y fiscales acusados de corrupción y a miembros de la mayoría parlamentaria, muchos de ellos con serias denuncias judiciales por diversos delitos que van desde el robo, falsificación de títulos de estudios, estafas, tráfico de influencias; etc, Se le quitó la inmunidad a dos congresistas: uno prófugo y el otro en la cárcel, pero la lista de espera para levantamiento del fuero es larga.

La CCP, estuvo la noche del miércoles movilizándose junto a trabajadores, estudiantes, colegios profesionales, feministas y otros exigiendo el cierre del congreso, mientras se discutía la cuestión de confianza.

Sin embargo, los congresistas se opusieron a la reforma política que cambiaría esta situación de la inmunidad parlamentaria y a las otras propuestas de una comisión especial creada por el Ejecutivo.

Por ello, el presidente Vizcarra anunció la semana pasada que pediría la cuestión de confianza que después de fuertes discusiones entre miembros del gobierno y la oposición finalmente fue aprobada. Las bancadas de los partidos de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio, votaron en contra de la moción, no por oposición a las reformas sino porque consideran que se debe cerrar este congreso que ya no está capacitado ética ni moralmente para seguir dando leyes en el país.

10 años de Bagua

El 5 de junio de 2009, en Bagua (Amazonía peruana) murieron 33 peruanos (23 policías y 10 indígenas) y un policía continúa desaparecido, al producirse un enfrentamiento entre indígenas de las etnias Awajun y Wampis, con miembros de la policía que acataban las órdenes del gobierno de Alan García, quien trató de imponer unos decretos legislativos (que luego serían derogados), que vulneraban los derechos de las comunidades indígenas y de sus territorios.

“La Curva del Diablo” donde se produjeron los enfrentamientos hace 10 años.

Transcurrida una década de esos lamentable sucesos, ninguno de los responsables políticos fue juzgado por ese hecho. El ex presidente, Alan García, se suicidó en abril de este año. La ministra impulsora de esos decretos legislativos es la actual vicepresidenta el país y congresista, Meche Araoz y los otros ex ministros responsables, Mercedes Cabanillas y Yehude Simons.

En un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pide que el Poder Judicial ratifique la sentencia que libera de toda responsabilidad a los dirigentes indígenas enjuiciados y solicitan que “el Congreso de la República modifique su reglamento para que las iniciativas legislativas que afectan derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios sean sometidas a consulta previa”.