Los avances de la Ley N°20.283 sobre la recuperación del bosque nativo y fomento forestal

El Consejo de Política Forestal es un organismo creado en 2015 desde los intereses de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) para establecer un plan estratégico forestal para el periodo 2015-2035. Dicho organismo está constituido por distintas comisiones, entre las que se encuentra la Comisión de Bosque Nativo.

Esta comisión se reunió durante los días 10 y 11 de abril del presente en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía, Chile; para trabajar en los avances de la Ley N°20.283 y sus reglamentos. En ella participó, como representante de la gremial, Omar Jofré, dirigente de MUCECH. Esta instancia corresponde a la cuarta versión de la reunión de la comisión, cuyo fin consistió básicamente en concretar los acuerdos establecidos en el plan estratégico forestal 2015-2035.

El trabajo de MUCECH dentro de esta comisión comenzó con la participación del fallecido dirigente Manuel Llao, quien dejó un legado importante en este organismo como representante de la gremial, estableciendo una pregunta que, hasta la actualidad, ha sido clave para el trabajo de la comisión. El cuestionamiento que Llao planteaba era: “¿por qué, de todo esto que se habla (la ley), los recursos no le llegan a nuestra gente (pequeños propietarios mapuche)?”.

La repercusión que ha tenido esta interrogante ha llevado a que en esta última versión de la reunión, el equipo se cuestionara el destino de los fondos y los procesos de trámites engorrosos que hacen que las personas pertenecientes a los pueblos originarios no participen en este plan. Esto se explica, según Omar Jofré, en el hecho de que se otorga un 50% del presupuesto de la ley a programas y proyectos en la Agricultura Campesina Forestal y el otro 50% para otros actores. Sin embargo, la primera de estas cifras no se ha utilizado más allá de un 13%, lo que deja en la ambivalencia a alrededor de un millón de hectáreas de bosque nativo y más de dos millones de hectáreas de suelos de aptitud forestal.

Por otro lado, explica también Jofré, que el problema radica en la cantidad de documentos y trámites que las personas deben hacer/tener para poder postular y, no solo eso, deben mantenerlos, actualizarlos e incluso, volver a hacer/tener durante el proceso de recuperación del bosque. Esto hace que la postulación sea muy difícil y hasta imposible para algunas personas, sobre todo para aquellos/as pertenecientes a los pueblos originarios.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta dejada por Manuel Llao radica en ambos aspectos, el del financiamiento de la ley y el proceso de postulación. Es por esto, que en la reunión de la comisión se acordó resolver un formulario simple y postulación única para el caso de pequeños propietarios (campesinos y pueblos originarios), así como también se realizó una serie de modificaciones de conceptos de la ley con el fin de regular la distribución de fondos sin dejar vacíos o sesgos para la aplicación de los reglamentos en este sentido. Por último, Jofré comenta que la comisión acordó respetar las prácticas tradicionales de trabajo que hacen los campesinos/as, de modo que el plan forestal apoye sus ideas de mejora y las lleve a un nivel superior.

Algunos temas de la reunión que quedaron pendientes, consisten en la continuación del análisis sobre la distribución de recursos de la ley y su aplicación en los reglamentos, así como la cantidad de asistencia técnica y financiamiento inicial que se necesitará para el trabajo, ya que la ley financia los proyectos cuando ya está terminada la obra de recuperación, lo cual desfavorece la posibilidad de los pequeños propietarios para acceder a esto. Por último, se considera la lógica de comprensión del bosque nativo como algo más completo, no solamente como aquel bosque verde, con vegetación perenne, característico de algunas localidades de la zona sur del país. Sino que también se considera el tipo de bosque y vegetación existente en la zona centro y zona norte.

Desde el punto de vista de la gremial, se establece que ha existido un gran avance de la ley en términos de los intereses y necesidades de nuestros representados y que se están creando las condiciones para incorporar el conocimiento propio del sector campesino e indígena para lograr de mejor manera las metas propuestas. Así también, se rescata la creación de vínculos con otros actores pertenecientes a las distintas comisiones del Consejo de Política Forestal, como miembros de entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, ONG’s, universidades, entre otros.