Se agudiza conflicto por autorización de gobierno a proyecto minero Tía María
La autorización del gobierno peruano a la empresa Southern Cooper del Grupo México, para que desarrolle el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, región Arequipa, ha vuelto a movilizar a la población que se opone a dicho proyecto que tuvo más de 138 observaciones en el estudio de impacto ambiental (EIA) realizado por un organismo internacional y que nunca fueron levantadas dichas observaciones.
El plazo para que se cumpla el EIA, vence el 31 de julio y el presidente Martín Vizcarra lo autorizó sin contar con la licencia social que debían dar la población y por el contrario acató la solicitud de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que el 28 de junio entregó al gobierno sus propuestas económicas, llamada Agenda País, rumbo al bicentenario y exigió al gobierno que diera una buena señal autorizando Tía María y prorrogando la ley de exoneraciones a la agroindustria.
A la semana Vizcarra autorizaba Tía María y la ministra de agricultura, Fabiola Muñoz, declaraba que el gobierno está de acuerdo con la prórroga de la ley de agroexportación que quita derechos a los trabajadores y otorga enormes beneficios al empresariado desde hace 25 años. En declaraciones recientes la ministra justificó la decisión del gobierno señalando, “Con recursos de la minería se puede reactivar la agricultura”.
La población de Valle de Tambo es fundamentalmente agricultora y son más de 24 mil personas que trabajan en productos como arroz, caña de azúcar, ajos, frutas y hortalizas que constituyen la despensa de la región Arequipa y que se verán afectadas por la operación de la mina al ubicarse cerca de 8 nacientes de ríos que abastecen del agua al valle.
Southern ha tenido denuncias por contaminación en otras 2 regiones del país por sus malas prácticas y contaminar ríos lo que le ha generado multas de organismos supervisores. El Grupo México también ha sido denunciado en su país por diferentes problemas medioambientales y recientemente (9 de julio) contaminaron el Mar de Cortés en México, luego que ocurriera una fuga en el terminal marítimo de Guaymas, (Sonora) que les pertenece. Desde el 2010 mantienen un conflicto con la población que se opone al proyecto y ha generado cinco muertes.
El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y más de 50 organizaciones civiles de la región apoyan la lucha de la población del valle del Tambo y dieron un Ultimátum al presidente de la República, Martín Vizcarra, de 72 horas para cancelar la licencia de construcción a la empresa Southern. En respuesta a ello el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, dijo que “no hay lugar para ultimátum” y que el gobierno está abierto al diálogo.
Desde el lunes 15, la población del Tambo, viene realizando una paralización indefinida con movilizaciones y bloqueos de carretera que ha generado la solidaridad de organizaciones campesinas, sindicales y sociales de todo el país que vienen realizando acciones de protesta en casi todas las regiones del Perú, con la consigna, ¡Agro si, Mina no!
E, Consejo Episcopal Peruano (CEP), que reúne a todos los obispos del Perú, también se ha manifestado al respeto y mediante un comunicado “expresa su preocupación por el posible empeoramiento de la situación y comparte la esperanza de un diálogo apropiado que pueda evitar un nuevo conflicto social”.
El gobernador de Cajamarca y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, sostuvo que los proyectos mineros no deben realizarse si no cuentan con la licencia social y señalo que la minería es una actividad económica importante, pero por la falta de fiscalización y control lejos de generar beneficios para el país viene provocando conflictos sociales, por ello propuso la instalación de una mesa de diálogo.
