La corrupción aumenta en Paraguay

En 2019, el Paraguay se caracterizó por el descenso de los indicadores en todos los ámbitos. Los indicadores económicos señalaron nulo crecimiento. La lucha contra la pobreza no avanzó, 35.000 personas ingresaron en la lista de población que viven por debajo del umbral de la pobreza, con el aumento de 0,4 % de la extrema pobreza. La corrupción fue el otro índice que registró aumento. El país escaló posiciones en el podio de campeón mundial y regional como uno de los países mas corrupto, conforme al informe publicado el 23 de enero de 2020 por la Transparencia Internacional (TI).

El reporte anual del informe de la organización Transparencia Internacional (TI) sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), nuevamente, posicionó al Paraguay como uno de los países más corruptos en el mundo durante el 2019. Actualmente, ocupa el puesto 137 de 180 países que son sometidos a un ranking de países más corruptos. Los datos publicados por la organización demuestran que la corrupción aumentó en el último año y el país subió cinco posiciones entre los más corrupto en relación al 2018, cuando ocupaba el puesto 132.

A nivel regional, se mantiene en podio de campeones de la corrupción. Ocupa el segundo lugar, atrás apenas de Venezuela en América del Sur, y en quinto puesto teniendo en consideración los países de América Latina atrás de Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala, respectivamente. Los organismos públicos del país no mejoraron en 2019 en transparencia y siguen en la franja de altamente corruptos.

La escala de medición de TI establece una puntuación de 0 a 100, en la que cero es la mayor percepción de corrupción y cien la menor, pero con base en esta puntuación dispone el puesto que ocupa cada país del total evaluado. Luego estableció un ranking de los Estados de acuerdo a sus calificaciones. Paraguay tiene un puntaje de 28 en su IPC, por esta razón, su ubicación es el puesto 137 de un total de 180 países.

Para combatir la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar las puertas giratorias y fomentar que toda la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones.