[Audio] La Agricultura Familiar requiere de una política pública para su transformación tecnológica y productiva

La propuesta presentada por la Confederación Campesina del Perú, CCP, para adecuar el Fondo Agrario Empresarial, FAE-Agrícola a las necesidades de la Agricultura Familiar, es parte de un planteamiento integral que busca convertirla en el eje vertebrador de la política agraria del país que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria.

Así lo afirmó el experto agrario Víctor Torres Lozada, integrante del Comité Consultivo de la CCP, al analizar la propuesta del gobierno de implementar el FAE-Agrícola, que está dirigido a atender las demandas y necesidades de crédito de la agricultura comercial, que solo representa al 13 por ciento de las unidades productivas agropecuarias del país.

El planteamiento que la CCP ha hecho llegar al gobierno es una propuesta audaz que plantea beneficiar a miles de familias productoras con créditos de capitalización para generar una transformación productiva y tecnológica, los mismos que serán devueltos con los resultados de la implementación de esas tecnologías, sostiene Víctor Torres.

El experto agrario explica que dicho planteamiento es parte de una propuesta integral que la CCP ha presentado hace unos meses al gobierno en la que demanda implementar un fondo de mil millones de soles para beneficiar, en el primer año, a unas 140 mil familias productoras de 24 regiones del país.

Agregó que el desarrollo de la Agricultura familiar en el país requiere de una política de Estado que la promocione, que incorpore también a la mediana producción que son aliados importantes del desarrollo agrario del país y se requiere de una nueva institucionalidad agraria que responda a las necesidades de los productores.

En ese sentido, Víctor Torres remarcó que el actual ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, tiene que reestructurarse de acuerdo a una propuesta presentada luego del paro agrario del año pasado, que propone la creación de un Viceministerio de la Agricultura Familiar y que garantice la seguridad y soberanía alimentaria.