A dos meses de las protestas sociales y con 60 muertos, Dina Boluarte y el Congreso se aferran a sus cargos sin importarles que el 70 por ciento de los peruanos les exigen que se vayan

Este 7 de febrero se cumplen dos meses del inicio de las más grandes y contundentes protestas sociales de las últimas décadas en las que la población nacional y en especial, los pueblos del surandino, exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.

Y mientras el gobierno de Dina Boluarte se convierte cada vez más en una dictadura cívica militar y ha decidido por el camino de la más brutal represión para acallar las protestas que han cobrado ya la vida de 60 personas, la mayoría de ellas asesinadas por las fuerzas policiales y militares, el Congreso de la República dominado por una mayoría derechista con tinte fascista, se aferran a sus cargos a pesar que más del 70 por ciento de los peruanos les exigen que se vayan a sus casas.

Las protestas sociales que se iniciaron el 7 de diciembre luego de la vacancia de Pedro Castillo y su intentona de golpe de estado, se iniciaron en las regiones del surandino como son Puno, Cusco, Apurímac, y se fueron extendiendo hacia Arequipa, Tacna y Moquegua. Luego se fueron sumando otras regiones de la sierra central y la amazonía como Huánuco, Junín, Ucayali y Madre de Dios, así como en el norte del país en la región La Libertad.

Decenas de bloqueos en las principales vías nacionales como la Panamericana Norte y Sur, así como la Transoceánica y otras vías, han permanecido cerradas por varias semanas por parte de los manifestantes. El gobierno de Dina Boluarte y del primer ministro Alberto Otárola han ampliado el estado de emergencia y han enviado a las fuerzas armadas a desbloquear las carreteras.

Mientras tanto, la protesta social no solo se mantuvo y se extendió en varios departamentos, sino que miles de ciudadanos de las regiones sobre todo del surandino han llegado hasta Lima, la capital del país, y durante todos los días han protagonizado grandes movilizaciones, que fueron respondidas de manera brutal por la policía que ocasionaron la muerte de Víctor Santisteban, un ciudadano de la provincia de Yauyos que marchaba pacíficamente.

Las protestas se incrementarán en los próximos días en todo el país en rechazo a la actitud indolente e irresponsable de los congresistas que priorizando sus intereses personales han rechazado todos los proyectos de ley para adelantar las elecciones para este año 2023 como lo viene exigiendo más del 70 por ciento de la población, según las últimas encuestas.

Su irresponsabilidad ha llegado al extremo de desechar hasta el propio proyecto enviado por Dina Boluarte, para adelantar las elecciones al 2023. Sin embargo, a pesar de ello, la repudiada presidente ha mantenido un silencio cómplice ante la actitud de los congresistas, con lo cual aspiran a quedarse todos hasta el 2026.

Como bien lo han señalado varios analistas, la responsabilidad de lo que pueda venir tendrá que ser asumida una vez más por los congresistas insensibles e irresponsables que priorizan sus sueldos mientras crece la protesta, tal como lo demuestra la convocatoria a un paro nacional este jueves 9 de febrero, para seguir exigiendo que se vayan todos y nuevas elecciones.