Comunidades campesinas y organizaciones sociales de la región Cusco acataron el exitoso paro regional de 48 horas y anuncian nuevas medidas de protesta en la macrorregión del sur

Las organizaciones campesinas, populares y sociales organizadas en la Asamblea Regional del Cusco realizaron los días 12 y 13 de marzo un exitoso paro regional que fue acatado en todas las provincias de la región Cusco para exigir la construcción del Gasoducto del Sur Peruano, tantas veces postergado por los diferentes gobiernos de turno.

La medida de lucha del pueblo y el campesinado cusqueño, se movilizaron en las diferentes provincias y distritos, con marchas, paralización de todas las actividades comerciales, transporte urbano e interprovincial, y organizaron diversos bloqueos de las principales carreteras de la región.

Las organizaciones agrupadas en la Asamblea Regional del Cusco, exigen que se constituya de manera urgente una mesa de diálogo con carácter vinculante para atender las demandas de la población de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, que esperan beneficiarse con el gas natural de Camisea.

Tal como han manifestado los dirigentes de las organizaciones sociales como la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, FDTC; de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, FDCC; y el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Canchis, el gasoducto es una demanda urgente pues las poblaciones del surandino pagan los precios de gas más altos de América Latina, siendo dueños del recurso gasífero.

Las autoridades del Gobierno Regional del Cusco, también se han manifestado a favor de las demandas de la población y han exigido al gobierno central que se priorice el acceso del gas natural a las familias cusqueñas antes de designar este recurso a otras zonas del país y no se tolerarán más postergaciones ni exclusiones.

Agregaron que el gas debe llegar directamente a los hogares cusqueños para reducir los altos costos de vida, impulsar la economía familiar y generar un desarrollo regional sostenible; lo cual no es un favor, sino un derecho, que en caso de no ser atendido se tendrán que convocar nuevas acciones de lucha.

Frente a la contendente medida de lucha, voceros del gobierno de Dina Boluarte solo han atinado de calificar el paro como una medida de carácter política y pretendieron confundir a la población con falsas informaciones que daban cuenta que el paro había sido suspendido.