El CDC de FAA ratifica la defensa de las herramientas que protegen la producción, la soberanía y el desarrollo del interior

Ante el tratamiento parlamentario de iniciativas que proponen modificar la Ley de Tierras Rurales y derogar o alterar normas e instituciones estratégicas para el sector agropecuario, desde el Consejo Directivo Central de Federación Agraria Argentina expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre los productores de pequeña escala, las economías regionales y el desarrollo productivo de nuestro país.

Como entidad, compartimos la necesidad de avanzar hacia un Estado más eficiente, con normas actualizadas y una menor burocracia. Entendemos que muchas leyes e instituciones pueden necesitar adecuarse a las nuevas realidades productivas; pero estamos convencidos de que los debates para lograrlo deben darse con responsabilidad y amplia participación de los actores involucrados.

En este sentido, como señalamos públicamente en reiteradas oportunidades, nos preocupa el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación de la ley de tierras rurales, porque tras el argumento de proteger la propiedad privada se pretende eliminar los topes para que los extranjeros adquieran territorio argentino, sin ponderar su incidencia sobre la soberanía nacional sobre recursos naturales claves como la tierra, el agua y la seguridad nacional.

Que quede claro. No nos oponemos a modernizar, ni a permitir las inversiones en el país. Pero modernizar no es desmantelar, ni entregar recursos que afecten nuestra soberanía. Defendemos aquellas herramientas que, a lo largo de los años, han demostrado ser eficaces para fortalecer la producción, abrir mercados, promover el arraigo y contribuir al desarrollo del interior argentino.

Desde FAA reafirmamos nuestra voluntad de participar en todos los debates que permitan mejorar las políticas públicas vinculadas al agro, para aportar nuestra voz en representación de los pequeños y medianos productores. También sostenemos con firmeza, y les reiteramos a los legisladores que las reformas deben ser para fortalecer las herramientas que funcionan y no para eliminarlas; deben proteger la soberanía de nuestro país en materia de tierras, del acceso al agua, en materia alimentaria y en todo sentido.

A continuación, explicitamos la opinión de la entidad en los distintos temas y proyectos que afectan a los pequeños y medianos productores y serían objeto de tratamiento en el Congreso de la Nación.

Ley de Tierras Rurales

Ley de Tierras Rurales: Ratificamos nuestra posición en defensa de una Ley de Tierras que preserve el control del Estado sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y garantice la protección de los recursos naturales estratégicos de la Nación.

Pese a lo que se plantea en el proyecto que se tratará en estos días, desde FAA creemos que la discusión no pasa por la defensa de la propiedad privada, que es un derecho plenamente garantizado por nuestra Constitución Nacional y por el Código Civil. El verdadero debate que se debe plantear es cómo preservamos la soberanía sobre recursos estratégicos como la tierra, el agua y otros bienes naturales esenciales para la producción, el ambiente y el desarrollo de las futuras generaciones.

Siempre hemos sostenido que la Argentina debe estar abierta a las inversiones que generen producción, empleo, arraigo y desarrollo. Nuestro país se construyó con el aporte de quienes llegaron para trabajar y producir. Pero una cosa es promover inversiones productivas y otra, muy distinta, es favorecer la extranjerización de recursos estratégicos sin límites ni mecanismos de control.

Por ello, consideramos indispensable mantener el rol del Estado como autoridad de control. Cualquier modificación a la legislación vigente debe preservar los límites que resguardan el interés nacional y la soberanía sobre nuestros recursos naturales, tal cual como sucede en países, que para quienes gobiernan, son ejemplos a seguir: Estados Unidos.

Ley de Arrendamientos Rurales

Ley de Arrendamientos Rurales: Sostenemos que la Ley de Arrendamientos Rurales continúa siendo una herramienta fundamental para brindar previsibilidad y equilibrio a una actividad estratégica para el país. La normativa vigente necesita ser actualizada para contemplar las nuevas modalidades de contratación, incorporar mayor flexibilidad y promover las buenas prácticas agrícolas y la conservación de los suelos. Pero la respuesta no puede ser su derogación. Debe realizarse una reforma integral que preserve un marco regulatorio que proteja a productores, arrendatarios y propietarios, especialmente a los pequeños y medianos productores que desarrollan su actividad sobre campos arrendados.

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): Consideramos que el IPCVA constituye una herramienta estratégica para la cadena ganadera argentina. Su labor en la apertura de mercados, la promoción interna, la investigación, la capacitación y la articulación público-privada ha sido determinante para el crecimiento de uno de los principales complejos exportadores del país, sin demandar recursos del Tesoro Nacional. Como toda institución, puede mejorar su funcionamiento; pero debilitar su financiamiento o eliminarla implicaría perder una herramienta fundamental para la competitividad de la producción ganadera argentina. El USMF, el organismo estadounidense que promociona la carne vacuna, el cual no sólo tiene aportes obligatorios, sino que también recibe subsidios del propio Estado.

Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)

Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR): Defendemos la continuidad de la COVIAR como una política estratégica para el desarrollo de la vitivinicultura nacional. Durante más de dos décadas ha articulado el trabajo conjunto entre el sector público y privado, impulsando la innovación, la promoción comercial, el agregado de valor y la inserción internacional de una de las economías regionales más importantes del país. En un contexto mundial cada vez más competitivo, debilitar esta institución significaría afectar el desarrollo de miles de productores vitivinícolas y de numerosas economías regionales.

Cooperativas agropecuarias

Cooperativas agropecuarias: Rechazamos cualquier iniciativa que pretenda desvirtuar la naturaleza jurídica y económica del cooperativismo. Las cooperativas no persiguen fines de lucro: son organizaciones de productores que brindan servicios a sus asociados, fortalecen la producción, generan empleo, promueven el desarrollo local y sostienen el arraigo en cientos de pueblos del interior.

Gravar sus excedentes, como si fueran ganancias empresariales, desconoce su esencia y pone en riesgo una herramienta indispensable para que los pequeños y medianos productores puedan desarrollarse en condiciones de mayor equidad. Además, las cooperativas ya realizan aportes mediante un régimen tributario específico, por lo que incrementar su carga impositiva afectaría directamente su capacidad para seguir acompañando a sus asociados y sosteniendo el entramado económico y social del interior.

Ley de Semillas

Ley de Semillas: Otro de los aspectos que se quiere abordar en el Congreso es el debate para lograr una nueva protección de la propiedad intelectual en semillas. Continuamos sosteniendo con plena convicción que UPOV 78 es el marco regulatorio más adecuado para nuestro país, reconociendo que hay estándares que mejorar que deben ser incorporados en una nueva ley.

La semilla es el origen de la producción y la soberanía alimentaria, por eso ratificamos que el derecho al uso propio para siembra (es decir, poder guardar parte de la cosecha propia para volver a sembrar) debe ser plenamente respetado. Defender el equilibrio entre el incentivo a la investigación biotecnológica y la protección del agricultor es vital para no quedar rehenes de posiciones dominantes o patentes perpetuas sobre la producción.

Por ello, ratificamos la defensa de las herramientas que protegen la producción, la soberanía y el desarrollo del interior.

Consejo Directivo Central de Federación Agraria Argentina, 5 de agosto de 2026