ONAC participa en la reunión de emergencia convocada por el Instituto de la Tierra con las principales organizaciones campesinas del Paraguay
Este miércoles, 4 de marzo, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) convocó a las principales organizaciones campesinas del Paraguay a una reunión de emergencia, a fin de tomar posiciones sobre el proyecto de ley que autoriza las ventas de tierras del Ex Antebí a personas no sujetos de la reforma agraria que actualmente ocupan las tierras públicas, que la Cámara de Senadores estudiará en la sesión de mañana (5 de marzo). El secretario general, Gabino Medina, participó en el encuentro.
Durante la reunión, el presidente del Indert, Abog. Mario Alfredo Vega Méreles, dijo que sorpresivamente el estudio del proyecto de ley se incluyó en el orden del día de la Cámara de Senadores para la sesión de mañana (5 de marzo) y ésta apresurada inclusión se estaría realizando con el fin de que el proyecto sea rechazado por los legisladores, que claramente beneficiará a las personas que actualmente usufructúan gratuitamente grandes extensiones de tierras públicas. Explicó que este año la institución tiene un presupuesto de USD 7 millones, pero por las tierras del Ex Antebí, solamente en concepto de interés, el Indert deberá pagar USD 3.5 millones. La mitad del presupuesto del ente agrario.
Entienda el caso
En 1995, la ONAC conquistó la expropiación de 267.836 hectáreas de tierras, propiedad de Comercial e Inmobiliaria Paraguayo-Argentina S.A. (CIPASA), conocida actualmente como Ex Antebí o Antevi kue en guaraní, para ser destinada a la reforma agraria. En la época, a consecuencias de un Estado débil a poco tiempo de instaurar el sistema democrático en el país, la corrupción, la crisis económica a finales de la década de los 90 y la expansión de grupos de crimen organizado brasileño en Paraguay, gran parte de las tierras fueron a parar en manos de políticos, empresarios y principalmente los grandes capos brasileños, quienes sobrepasaron las capacidades del Estado paraguayo, militar y económicamente.
Con el transcurso del tiempo, estas personas conformaron un grupo influyente, gracias a recursos provenientes del narcotráfico, mediante el soborno a funcionarios corruptos y el financiamiento de campañas políticas de altas autoridades. A cambio utilizan gratuitamente aproximadamente 70.000 hectáreas de tierras publicas y el Indert cada año destina gran parte del presupuesto en el pago de las tierras expropiadas. El Estado no puede iniciar la recuperación de las tierras, por un lado, significa una declaración de guerra en la zona y, por el otro, si se recurre a la justicia el proceso durará por años.
Como solución al problema, se planteó que los ocupantes no sujetos de la reforma agraria paguen por las tierras a precios del mercado y las familias campesinas paguen el valor fiscal. El monto recaudado deberá ser destinado al Indert para pagos de deudas por tierras adquiridas, que actualmente oscilan los USD 80 millones. Esta propuesta es ampliamente respaldada por las principales organizaciones campesinas del país, entre ellas la ONAC, como una forma de resolver la problemática de falta de presupuestos de la institución para la adquisición de tierras a las familias campesinas.
Cabe resaltar que en las tierras del Ex Antebí, están ubicados varios asentamientos de la ONAC, totalmente ocupadas por familias campesinas y equipadas con todas las infraestructuras necesarias para el arraigo digno.
