Programa de asistencia del gobierno agudiza la desigualdad y el hambre en Paraguay

Paraguay, como el resto de los países del mundo, está en lucha para minimizar el impacto del nuevo coronavirus (Covid-19) sobre el sistema sanitario y la economía del país. A raíz de la declaración de la pandemia por coronavirus de la Organización Mundial de la Salas (OMS), el 26 de marzo fue aprobada la Ley de Declaración de Emergencia Nacional ante la pandemia del Covid-19, que otorga amplios poderes excepcionales al gobierno para tomar medidas de urgencias necesarias en el área administrativas, fiscales y financieras, con el objetivo de disponer de recursos suficientes para evitar la propagación del virus en el territorio nacional.

Dentro del marco de la Ley de Emergencia, conocidamente el Estado paraguayo es un Estado fallido y para obtener recursos mínimamente necesarios para destinar en la lucha contra el Covid-19, se aprobó al Ministerio de Hacienda a realizar préstamos de entidades financieras internacionales por un valor total de USD 1.600 millones. Con un paupérrimo sistema de salud pública con apenas 20 camas con respiradores disponibles, la mayor parte del préstamo fue destinado al Ministerio de Salud (USD 500 millones) para la duplicación de camas para terapias intensivas; inversión para insumos hospitalarios; adquisición de más reactivos para aumentar las pruebas que detectan el Covid-19 y bonificaciones para los trabajadores de blanco.

Cabe destacar que en Paraguay el distanciamiento social empezó el 10 de marzo, luego de que se confirmaran los primeros casos del nuevo coronavirus. Días después, el 16 de marzo, el jefe de Estado decidió establecer medidas restrictivas de tránsito de personas y vehículos de 20:00 a 4:00. Posteriormente, el 20 de marzo, cuando se confirmó la circulación comunitaria y la primera muerte por Covid-19, el Ejecutivo dispuso el aislamiento total por una semana, desde el 21 hasta el 28. Sin embargo, cerca de la fecha, por la presión ciudadana, la cuarentena total se extendió hasta el 12 de abril, que posteriormente viene siendo renovado cada semana.

La cuarentena total significa la suspensión de todas actividades consideradas no esenciales y la prohibición de circular por la calle a no ser para comprar alimentos, medicamentos y acudir a hospitales. Para paliar los efectos de la política de aislamiento total sobre sectores vulnerables, el gobierno planteó medidas de contingencia económica por valor de USD 100 millones, que consiste en la transferencia electrónica de vale de compra por un valor de 80 y 88 USD en dos programas distintas (Ñangareko y Pytyvo), pero con el mismo sistema, para la compra de alimentos y productos de higiene. Los programas beneficiaran a 1.800.000 personas.

Pero, para el sector micro de la economía el plan resulta ser para nada beneficioso, por la monopolización de las grandes redes de supermercados, quienes cuentan con sistemas adecuados para hacer el cobro electrónico. Los pequeños comercios y sectores productivos quedan excluidos del negocio, porque al no disponer del sistema requerido no pueden intercambiar los vales de los programas de ayudas sociales. Además, los consumidores denuncian que los centros comerciales han aumentado desproporcionalmente los precios de los productos de primera necesidad, razón por el cual muchas familias beneficiadas por la ayuda del gobierno enfrentan dificultades para satisfacer las necesidades alimenticias diarias.