Cómo COPROFAM y sus gremiales afiliadas se están articulando con los gobiernos para mitigar los efectos de la crisis para la agricultura familiar de sus países

La crisis de COVID-19 ya es un problema global, y el continente latino no se ha librado de la llegada del virus a sus países. La alerta roja para esta llegada sonó a mediados de marzo, y la situación es similar en todos los países: los gobiernos están buscando medidas para evitar la propagación del Coronavirus, mientras intentan cuidar y tratar a las personas infectadas y atender el resto de la población que sufre el impacto de la crisis en otros sectores, principalmente en el sector económico.

La Agricultura Familiar es una actividad monitoreada y respaldada permanentemente por COPROFAM y sus gremiales afiliadas en los siete países del Mercosur Ampliado, y desde que comenzó esta crisis, cada gremial se ha estado articulando de diferentes maneras, tanto internamente, con sus bases y líderes, como externamente, con los gobiernos, para proponer la implementación de políticas de emergencia para proteger y valorar el sector, y mantener el suministro de alimentos de la población con producciones de su AF local.

En general, este trabajo se enfoca tanto en la perspectiva sanitaria, para preservar la vida y la salud de los agricultores familiares, campesinos e indígenas de la llegada y contaminación por el virus en sus territorios, como también en la esfera económica, para que la actividad agrícola continúa realizándose de manera segura, sin pérdida de cosechas programadas y con la generación fundamental de ingresos para las familias productoras.

En esta nota, mostramos una visión general de la situación actual de la agricultura familiar en los siete países, dos meses después del comienzo de la crisis. Se presentarán a partir de los aspectos trabajados y presentados por las gremiales a las respuestas de los gobiernos para el sector. Vale la pena mencionar que las capacidades de diálogo político de COPROFAM y sus organizaciones se han desarrollado con el gran apoyo del Programa de Diálogo Político para Transformaciones Rurales (PDRT), un proyecto del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA ONU) con la Confederación, y mucho de este trabajo de articulación descrito tiene influencia de las actividades de capacitación de los/las dirigentes promovidas bajo el programa.

CHILE

A mediados de marzo, comenzaron las primeras acciones para combatir el Coronavirus en Chile, entre ellas la recomendación de parada de algunas actividades. El Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH) se articuló rápidamente con el Ministerio de Agricultura y la presidencia del país, como cuenta el dirigente de la organización, Orlando Contreras: “Tan pronto como llegó la crisis, le pedimos al presidente y al ministro Agricultura que haya especificidades y signos claros para nuestra actividad. Les dejamos en claro que la actividad agrícola, especialmente la agricultura familiar, no podía parar, ya que trabajamos con plantas y animales que responden a los ciclos climáticos y biológicos, y eso requiere adaptación al escenario”.

Las acciones y estrategias se discutieron en los consejos consultivos de ciudadanos de los que forma parte MUCECH y en los grupos de trabajo integrados por miembros gubernamentales, representantes de la agricultura y otros sectores relacionados con la cadena de suministro, como el sector del transporte. El gobierno dio muchas respuestas favorables a lo acordado por los miembros de los sectores. Permitió la continuación de las actividades agrícolas, creó protocolos para la protección de los agricultores activos y acordó mantener activas las políticas públicas ya existentes.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), una institución que maneja asuntos de crédito, recursos, subsidios y programas para la agricultura familiar, garantizó, además de la permanencia de las políticas, la extensión del tempo para el pago de las deudas de los agricultores, la expansión del Fondo de Garantía a nuevos créditos y el mantenimiento de los canales de distribución y venta de productos de la AF, así como la asignación de recursos para que las gremiales se mantengan siguiendo la operación de las actividades.

Entre los desafíos futuros, está el impedimento de aumentos especulativos de precios de los productos para el consumidor final, con el posible avance de la crisis, y el suministro de insumos para los productores. La llegada de beneficios garantizados por el gobierno para los trabajadores chilenos, como los bonos por desempleo, también tiene algunas dificultades para llegar a los beneficiarios rurales.

 

ARGENTINA

Argentina promulgó medidas estrictas para contener el virus a partir del 20 de marzo, y hoy se reflejan en un número relativamente bajo de personas contaminadas y de muertes por Covid-19. En el sector de la agricultura familiar, las organizaciones se articulan, pero aún dependen de respuestas y acciones concretas del gobierno.

“Nuestra agricultura familiar local ya no estaba en una buena situación antes de la pandemia, con la compleja falta de inserción y sostenibilidad en el sector que eliminó a muchos agricultores de las actividades. La crisis ha agravado los problemas”, dice el líder de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni. Allí, el sector se ve afectado por la crisis principalmente en la falta de fluidez en los mercados nacionales y extranjeros, como la caída del consumo en sectores que compran regularmente de la AF y cuyas actividades se vieron perjudicadas por la cuarentena, lo que afectó a los pequeños productores.

La FAA ha estado abordando esta situación con el gobierno en varias reuniones virtuales con las autoridades, donde reafirma las demandas anteriores y presenta nuevas demandas que dialogan con el escenario actual. Entre las propuestas presentadas, se encuentra la facilitación de los procedimientos para la movilidad de maquinaria y producción, con el objetivo de mantener las actividades; la gestión de nuevos créditos para pequeños productores con el Banco Nación y una mejor distribución de ingresos para los miembros de la cadena de producción; mantener el flujo de productos con mayor proximidad entre productores y consumidores, más compras públicas de producción; y armonizar las medidas del gobierno nacional con los gobiernos provinciales.

Las propuestas se presentaron y esperan una posición favorable del gobierno, así como la ejecución de medidas, si se aprueban, en los territorios, lo cual es otro desafío. “Sabemos que no es un efecto que se logra de la noche a la mañana, pero sabemos que debemos comenzar lo antes posible para que estas medidas lleguen al productor”, analiza Achetoni. Otro desafío actual importante para la agricultura argentina es el aumento del dólar, que compromete las exportaciones y el poder adquisitivo de los consumidores y también de los agricultores.

URUGUAY

Este fue otro país que respondió bien a las medidas de emergencia aplicadas con la llegada de los primeros casos de infección por el Coronavirus, y hoy trata con pocos números relacionados con la enfermedad y con una cierta normalidad en las actividades, incluidas las ferias vecinales. Existe la noción de que el sector agrícola es uno de los motores de la recuperación de la economía posterior a la crisis, y entre las medidas generales importantes adoptadas por el gobierno se encuentra la reducción transitoria de los altos salarios en el sector público.

En la articulación de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) frente a los impactos futuros, se reafirma con el gobierno la pertinencia y conveniencia de trabajar políticas diferenciadas para la AF. Además, también hay un trabajo de debate sobre un Fondo Coronavirus. El dirigente de la CNFR, Fernando López, explica: “La CNFR aporto su contribución del sector agropecuario para conformar el Fondo Coronavirus, que se concretó en reunión de las gremiales con el Presidente de la Republica y sus ministros”. Este Fondo se ha implementado para atender los costos sanitarios y sociales derivados de la política de aislamiento social voluntario con que se ha manejado la prevención-control de la epidemia

A Ley de Urgencia también es un tema que está en discusión en Uruguay, y su aprobación se está procesando en el Parlamento. La ley está vinculada a temas importantes para la AF, como tenencia de la tierra, desmonopolización y creación del Instituto para la Granja, y la CNFR sigue monitoreando y articulando para su aprobación.

Acciones positivas y solidarias que involucran a la AF ante la crisis también se observan en este momento, según informa la presidente de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU), Karina Kulik: “Estamos fortaleciendo las iniciativas de solidaridad del pueblo uruguayo y nos sumamos en la organización de canastas para entrega de alimentos a los más vulnerables”, dijo.

La perspectiva desafiante es que el impacto económico de la crisis en la AF todavía está comenzando y será mayor. “El país vive básicamente de la exportación. El cierre de fronteras, déficit fiscal, etc. va a impactar negativamente en la AF”, afirma López.

PARAGUAY

Paraguay acaba de comenzar otra etapa de cuarentena. Antes de que la llegada de la crisis al país, su agricultura familiar ya estaba prácticamente abandonada por el gobierno. Incluso con el intento recurrente y la insistencia de las afiliadas Organización Nacional Campesina (ONAC) y Unión Agrícola Nacional (UAN) de dialogar con las autoridades para presentar proyectos y demandas para la promoción de la AF paraguaya, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta clara, ni del demandas del pasado, ni las actuales para mitigar los efectos de la crisis en el sector.

La OAFS Organización Nacional Campesina (ONAC) y Unión Agrícola Nacional (UAN), afiliadas de COPROFAM, solicitan principalmente el registro oficial de la FA, que aún no existe, y el apoyo a la actividad agrícola familiar a través de la compra pública y el desarrollo de Empresas Asociativas Múltiples. “Presentamos propuestas claras al gobierno, con documentos bien respaldados, y no recibimos ninguna atención, la solicitud ni siquiera fue procesada por el Ministro de Agricultura y no se tomaron medidas por su parte”, denuncia el secretario de la Organización ONAC, Nery Osmar Díaz, “Las autoridades están totalmente cerradas y no escuchan a nadie de la sociedad civil organizada”, agrega.

En medidas generales para enfrentar los efectos de la crisis del COVID en el país, el gobierno lanzó un paquete de medidas y recursos, pero no confirmó la inclusión de la agricultura familiar en ese paquete. Un intento de una medida específica, que menciona el sector agrícola, fue el lanzamiento de un programa de huerta por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería para 150 mil familias. Sin embargo, en la práctica, este programa no promueve impactos significativos.

Sin poder contar con el gobierno federal, ONAC ha mantenido reuniones permanentes con referentes departamentales para plantear acciones de urgencia. En un análisis del escenario para la AF, los líderes Gabino Medina (ONAC) y Calixto Zárate (UAN) señalan las últimas dificultades, el miedo actual y el futuro: “El sector agropecuario viene de un problema sanitario en cultivos luego de una sequía, y hoy la cuarentena que afecta mucho la llegada de insumos de Argentina y Brasil, por lo que está en riesgo la siembra de la temporada”.

PERU

La llegada de la crisis del COVID-19 al Peru llevó el tema de la corrupción generalizada que se había debatido previamente en el país a un segundo nivel, y la precariedad del sistema de salud pública se tornó más evidente. El país enfrenta un gran desplazamiento de personas de la capital, Lima, al campo, debido a la pérdida de empleos, una situación que se preocupa enormemente por expandir la posibilidad de que el virus se propague en las regiones rurales.

Organizaciones locales de la AF, como la afiliada Confederación Campesina del Perú (CCP), habían logrado un buen diálogo y acuerdos de cierre con el gobierno el año pasado para implementar políticas públicas para el sector, lo que, si hubieran continuado, también ayudaría a mitigar los impactos de crisis para la AF. Sin embargo, nada de esto ha progresado desde que el Coronavirus llegó al país. “Comenzamos a hacer varias acciones de quejas ante el gobierno debido a esta parada, junto con otras asociaciones, y hasta hoy no hemos tenido una respuesta para la mayoría de ellas”, dice el presidente de la CCP, Wilder Sanchéz. Una de las propuestas de salvación para la AF presentadas por las Organizaciones, presentada en este momento, es la inversión de 500 millones de soles, a lo que el gobierno ha señalado que no tiene esta cantidad para esta inversión.

La Secretaria de Mujeres de la CCP, Elga Angulo, denuncia la priorización del gobierno de la agricultura a gran escala. “Al comienzo de la crisis, el gobierno vino a hacer propuestas, pero más centradas en la gran agricultura, y sigue siendo así. Estos productores ya tienen una determinada estructura, como su propio transporte para llevar la producción a los centros de comercialización, mientras que la pequeña agricultura enfrenta pérdidas en la producción debido a que no obtiene el apoyo del gobierno para el transporte de sus alimentos de la misma manera”, señala. Las pérdidas de la AF hasta la fecha ascienden a un total de aproximadamente 160 millones de soles.

“Es lamentable que no haya políticas y atención a este sector tan importante como es la pequeña agricultura, y en ese sentido estamos trabajando en propuestas y planeando medida de acción para ser escuchados”, concluye Sanchéz. En vista de la falta de movilización gubernamental para la AF, las organizaciones están intentando lograr el cambio del actual ministro de la Agricultura. El tema ya está en el Consejo de Ministros, pero aún no se ha determinado.

BOLÍVIA

La Agricultura Familiar afortunadamente está logrando éxitos en la articulación con el gobierno boliviano para enfrentar la crisis, y las OAF, como la afiliada Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC), están siendo escuchadas y respondidas. Hasta ahora tenemos buena relación con algunos Ministerios quienes han estado apoyando a los agricultores familiares. Nuestra organización ha  estado coordinando con diferentes instancias del gobierno con el fin de apoyar en la comercialización de productos de la AF” declara René Rojas, dirigente de la CIOEC.

La principal acción estratégica que se está implementando en este momento es un Plan de Acción para garantizar el suministro de alimentos de la población con productos de la agricultura familiar local. La iniciativa se está articulando de acuerdo con Ministerios integrados y el apoyo de las agencias internacionales FAO y IICA, y los resultados alcanzados hasta ahora son positivos y servirán como punto de partida para la implementación de acciones en un escenario post pandemia.

En cierto momento, hubo una acumulación de productos no vendidos, que finalmente se articularon con el Ministerio de Defensa para servir a las personas que regresan del país, instaladas momentáneamente en los campamentos. Esta estrategia específica ayuda a romper los monopolios en algunos municipios y permite a los agricultores continuar vendiendo sus productos.

La CIOEC afirma que el trabajo del Programa de Diálogo para la Transformación Rural (PDRT) está siendo muy contributivo para ayudar la gremial a abrir el diálogo con las autoridades, otros trabajadores y cooperativas en Bolivia.

BRASIL

Brasil tiene el mayor número de contaminados y muertos por el COVID-19 entre los países sudamericanos hasta la fecha, y además de este grave escenario, hay una crisis política e institucional que ha empeorado aún más la situación. La Confederación Nacional de Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares (CONTAG) ha estado trabajando arduamente para gestionar las demandas y necesidades de la AF con los parlamentarios y Ministerios.

“Sobre lo que dice el gobierno de cómo lidiar con la epidemia, existe mucha controversia, lo que hace que el escenario sea aún más difícil. El presidente dice una cosa, el Ministerio de Salud otra, los estados hacen sus propias políticas y son criticados por la autoridad federal, y todo esto genera confusión en la población, lo que resulta en un aumento de los casos de enfermedad y pérdida de vidas humanas “, analiza el director del CONTAG, Alberto Broch.

La CONTAG está negociando con los lineamientos del gobierno para exigir medidas políticas urgentes para mitigar los efectos del coronavirus y mantener actividades en el campo, y también para ayudar a los productores afectados por la fuerte sequía en el sur de Brasil y para garantizar más políticas de seguridad y crédito a pequeños productores brasileños. Se están negociando con el gobierno agendas de demanda para la política pública tradicional para el sector agrícola, Plano Safra, y la agenda para la movilización anual de CONTAG, Grito da Terra. Otra parte del trabajo permanente es la articulación, a través de reuniones virtuales, con todas las centrales sindicales y sectores agrícolas, en busca de reacciones para unir a todos en la solución de la crisis.

Algunas medidas reclamadas por la CONTAG con el gobierno, como la garantía de pago de la bonificación de emergencia a los agricultores familiares, fueron conquistadas  y ahora son monitoreadas para su implementación y llegada a las bases. “Se anunciaron políticas importantes, pero existe una enorme dificultad para implementarlas en la base, con distancia política en la negociación y ejecución. Continuamos monitoreando con nuestra Confederación, Federaciones y Sindicatos, y alentamos a los agricultores que no se desaniman y continúan produciendo con gran responsabilidad por su propia salud”, concluye Alberto Broch.