Surgen más voces de rechazo a ley aprobada por el Congreso que atenta contra territorio de comunidades y estimula el tráfico de tierras

Diferentes instituciones vienen expresando su rechazo a ley aprobada recientemente por el Congreso de la República que atenta contra el derecho territorial de las comunidades campesinas y áreas naturales protegidas, y al mismo tiempo incentiva la actividad delincuencial de los traficantes de tierra.

En ese sentido se ha pronunciado la Red de Lomas del Perú, una organización civil que agrupa diversas asociaciones en defensa de las lomas, cuyo presidente Ascencio Vásquez González afirmó que es preocupante la aprobación de la norma por parte del Congreso pues no ha considerado candados que protejan los frágiles ecosistemas frente al avance del tráfico de terrenos.

Vásquez González hizo también una exhortación al presidente Martín Vizcarra para que observe la ley y se incorpore un nuevo texto sustitutorio que tome en cuenta las recomendaciones para que se excluya de esta norma a los predios que están ubicados en zonas de tratamiento paisajístico, las áreas de conservación regional, los ecosistemas frágiles, así como sus zonas de amortiguamiento y las comunidades campesinas.

Al respecto, el presidente de Lomas del Perú fundamentó sus preocupaciones al citar un reciente informe emitido por el ministerio del Ambiente, MINAM, en el que se cuestiona que esta norma aprobada por el Congreso no está considerando las consecuencias que tendrían la eventual ampliación del plazo para la formalización de terrenos hasta diciembre del d2026.

Dicho del MINAM, informe destaca que en Lima Metropolitana uno de los ecosistemas más afectados por la ocupación urbana y la invasión de terrenos, son las lomas costeras, y destaca que de las 19, 435.81 hectáreas de lomas, entre el año 2005 y 2017, se han perdido unas 450.73 hectáreas.

Con relación a esta norma también se pronunció el sociólogo Julio Calderón del Instituto de Defensa Legal, IDL, quien sostiene que esta nueva ampliación aprobada por el Congreso traerá muchos beneficios para los traficantes de terrenos y constituirá un incentivo para el despliegue de esta economía delictiva.

Asimismo, advirtió sobre los beneficios que esta norma podría representar para los congresistas que han apoyado la aprobación pues muchos podrían estar vinculados a los estudios de abobados que defienden a las organizaciones delincuenciales que promueven el tráfico de tierras.

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