Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil de ALC – Consulta para la 36 Conferencia FAO

Las Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y El Caribe, reunidas en la Consulta Regional de la 36 Conferencia de la FAO, realizada el 6 y 7 de octubre de 2020, reconocen y valorizan la importancia de este espacio de diálogo para la construcción de alianzas y propuestas para avanzar hacia la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible de nuestra región.

Reconocemos y valorizamos los esfuerzos de la Alianza por la Soberanía de los Pueblos de América Latina y El Caribe que surgió de un proceso histórico de lucha contra el hambre y la desnutrición en nuestra región, con el compromiso de unir las voces y las propuestas de organizaciones y movimientos sociales de campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, trabajadores y trabajadoras rurales, pescadores y pescadoras artesanales, consumidores y consumidoras, pueblos indígenas y originarios, afrodescendientes, hombres, mujeres, jóvenes y personas discapacitadas en la lucha por la soberanía alimentaria. El reconocimiento de la Alianza por la Soberanía Alimentaria y de la Alianza por la Agricultura de El Caribe (AACARI) por FAO y gobiernos resultó en el fortalecimiento del diálogo con organizaciones y movimientos sociales y alcanzó buenos resultados de propuestas de políticas y acciones conjuntas para el combate al hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe, lo que nos anima a sumar esfuerzos en la lucha por la soberanía alimentaria y mejores condiciones de vida para nuestros pueblos.

Considerando que la pandemia afectó profundamente la agricultura familiar y campesina, la pesca artesanal y los pueblos indígenas y originarios, impidiendo su acceso a insumos productivos, activos básicos para la producción artesanal, bienes de consumo familiar y mercados tradicionales para el acceso y disponibilidad de alimentos saludables a los consumidores.

Considerando que las políticas de los gobiernos sobre agricultura no fueron adecuadas o han enfatizando la producción para la exportación mediante plantaciones, monocultivos, usos indiscriminados de agroquímicos, afectando sistemas alimentarios familiares de pueblos indígenas y campesinos y a la biodiversidad. Pocos gobiernos muestran deseo o determinación de promover la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Considerando que los efectos de la pandemia, sumados al avance del acaparamiento de tierras, de la concentración de bienes naturales, de la degradación ambiental y de la retirada de derechos adquiridos han ampliado la situación de vulnerabilidad social, de inseguridad alimentaria, de criminalización de la acción de las organizaciones y movimientos sociales, y de desalojo de las poblaciones tradicionales que habitan en el campo, la foresta y las aguas.

Considerando que, a pesar de los compromisos y las obligaciones de los Estados de implementar los derechos colectivos e individuales de las mujeres y pueblos indígenas consagrados en instrumentos como la Agenda 2030, la Plataforma de Acción de Beijing, el Consenso de Montevideo, la CEDAW, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, desde el Norte hasta el Sur de nuestro continente, seguimos sin tener un acceso genuino a políticas, programas, servicios y recursos públicos pertinentes, mientras tanto los Estados se niegan a reconocer nuestros conocimientos, prácticas, experiencias y aportes para la búsqueda de soluciones a las crisis mundiales y a apoyar nuestras expresiones de libre determinación.

Considerando que las medidas de políticas adoptadas de forma aislada por los gobiernos de América Latina y El Caribe para superar desafíos históricos de los pueblos y los nuevos desafíos impuestos por la pandemia han sido insuficientes para frenar el avance del hambre, de las desigualdades sociales e, incluso, de la diseminación de la COVID-19 en nuestros territorios.

Y considerando que la pandemia afectó a todos los sectores y que ha puesto de relieve nuestra interdependencia y nos ha enseñado que la salud y el bienestar de los demás nos afectan a todos, y que ninguno de nosostros está a salvo a menos que todos lo estemos.

Nosotras, las OSC presentes en esta Consulta Regional de la FAO, declaramos que seguiremos luchando por la soberanía alimentaria, por la garantía de derechos y del Buen Vivir de los pueblos en nuestros territorios, por lo que instamos las Naciones Unidas y los gobiernos de la región a:

1. Incluir las organizaciones y movimientos sociales en la toma de decisiones sobre las medidas de enfrentamiento a los efectos de la COVID-19, incluir y ampliar de forma urgente entre los beneficiarios los pueblos del campo, de la foresta y de las aguas, para que accedan efectivamente a los beneficios de esas medidas, incluidos los programas de acceso a auxilio pecuniario, alimentos saludables, medicamentos, y otros ítems de salud integral y/o complementaria, cuidado familiar y/o comunitaria para los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, trabajadores y trabajadoras rurales, pescadores y pescadoras artesanales, pueblos indígenas y originarios, hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, conglomerados de hacinamientos y otros que tuvieron sus desafíos agravados por la pandemia.
2. Definir una estrategia de respuesta conjunta a los efectos de la COVID-19 y de las crisis en curso, incluida la crisis alimentaria que se instala en nuestros territorios y afecta la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.
3. Fortalecer la participación social en todos los procesos de toma de decisiones sobre la salud y promoviendo el buen vivir de los y las agricultores y agricultoras familiares, campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras rurales, afrodescendientes, pueblos indígenas y originarios, pescadores y pescadoras artesanales, consumidores y consumidoras, hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
4. Garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado como derecho humano colectivo a ser observado en los procesos de toma de decisiones políticas que impactan sobre los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, y salvaguardar nuestros derechos y territorios ante acuerdos de libre comercio y/o instrumentos de expansión económica de la iniciativa privada.
5. Definir acciones concretas y presupuesto adecuado, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, para implementar con mayor eficacia planes de acción de la Declaración de los Derechos de Campesinos y Campesinas, de la Década de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
6. Brindar apoyo económico y visibilizar a iniciativas de las comunidades indígenas y campesinos sobre producción que están relacionadas a la soberanía alimentaria, conservación de la biodiversidad y preservación de conocimientos tradicionales.
7. Fortalecer los procesos de cooperación internacional para el desarrollo, así como el rol de las agencias de Naciones Unidas y de los mecanismos de facilitación de la participación de la sociedad civil en espacios diálogo y formulación de políticas que promuevan la recuperación y transformación de los sistemas alimentarios saludables y avance hacia un nuevo modelo de desarrollo, basado en los principios de equidad, igualdad, justicia, cuidado y protección de la madre tierra y solidaridad internacional.
8. Garantizar en todos los procesos de toma de decisiones el empoderamiento de las mujeres agricultoras familiares, campesinas, pescadoras artesanales, pueblos indígenas y originarios, afrodescendientes, trabajadoras rurales, jóvenes, consumidoras y mujeres con discapcidad, asegurando además el empoderamiento de las juventudes que integran nuestros pueblos, comunidades y territorios.
9. Respetar y apoyar las iniciativas de las mujeres y juventudes indígenas en materia de cuidado de los y las integrantes de sus comunidades, sea espiritual, emocional, nutricional y medicinal, por medio de prácticas tradicionales y mecanismos propios. La pandemia puso en evidencia las grandes barreras que debemos superar y el estado de cuarentena inflamó las múltiples violencias de género que nosotras sufrimos, por lo que es necesario garantizar nuestra resiliencia y autonomía económica, social y política.
10. Fortalecer el rol de las juventudes de todos los sectores y definir respuestas concretas que implementen las demandas de las juventudes urbanas y rurales, así como adoptar medidas que fortalezcan sus acciones y garanticen sus derechos a: educación de calidad y adecuada a los distintos contextos y sectores de la juventud; acceso a bienes naturales y a servicios básicos colectivos; acceso al trabajo decente y a oportunidades laborales que promuevan su desarrollo socioeconómico con dignidad; y acceso a espacios de esparcimiento e infraestructura para el desarrollo de actividades socioculturales.
11. Salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y originarios, y reconocer el valor de su tradición en la defensa y cuidado de sus pueblos, especialmente durante la pandemia. Sus culturas y conocimientos ancestrales fueron determinantes para combatir la proliferación de la pandemia en sus territorios y garantizar la sobrevivencia de sus pueblos, ya que no recibieron la debida atención de los gobiernos actuales ni los beneficios de las medidas adoptadas por esos gobiernos.
12. Construir una estrategia conjunta y eficaz de enfrentamiento al cambio climático, alineada con medidas e instrumentos que preserven nuestro medio ambiente y promuevan la agroecología como modo de vida, producción y consumo sostenibles.Es necesario promover e impulsar las políticas de agroecología como mecanismo de protección de la biodiversidad y sistema sostenible resiliente al cambio climático, por lo que la FAO puede sensibilizar y prestar la asistencia tecnica necesaria a los estados miembros para que estos la incluyan como sistema inteligente orientado al desarrollo sostenible.
13. Impulsar programas y políticas dirigidas a la restauración de los espacios naturales y ecosistemas, como bosques, que son afectados por la actividad extractivas. La implementación de las políticas para abordar el cambio climático debe tener la participación ciudadana y la asignación de presupuestos adecuados para lograr los objetivos.

14. Apoyar la construcción de un “derecho a cultivar alimentos saludables”, que reconozca las contribuciones de los conocimientos ancestrales para lograr la transformación de los sistemas alimentarios, basada en dietas saludables, proposcionadas por una agricultura sostenible y resiliente al clima. En particular la FAO puede apoyarnos en la protección de los conocimientos tradicionales; fomentar la sinergia entre el trabajo de la FAO y las convenciones de las Naciones Unidas sobre productos químicos, mediante la creación de un mecanismo para la interacción regional sostenida entre los PI y la agricultura familiar, campesina e indígena, donde se pueden intercambiar formas innovadoras de agricultura libre de pesticidas, el uso del agua limpia y el desarrollo sostenible.

1. Y democratizar las tecnologías digitales y garantizar la inclusión de todos los sectores y pueblos aquí representados en los espacios de decisión sobre producción de conocimientos sobre la digitalización de la agricultura, con inversión adecuada de recursos para la promoción de procesos formativos permanetes e innovaciones tecnológicas que reconozcan la agroecología y los conocimientos tradicionales y ancestrales en la producción y difusión de conocimientos a partir del uso de esas tecnologías digitales. Pues hasta ahora estas tecnologías no han estado a servicio de todos y la digitalización de la agricultura desafortunadamente se ha mostrado excludente y alineada al intento de una nueva revolución industrial, que tiende a sustituir los conocimientos ancestrales por mercancías desechables.

Las OSC apoyan las iniciativas regionales de FAO y proponen que éstas sean implementadas con acciones concretas, presupuesto y participación social adecuadas que nos ayuden a frenar el avance neoliberal en el continente, ya que este representa una barrera para implementar la propuesta de desarrollo rural planteada en los documentos. Es momento de reconocer el trabajo central de las organizaciones para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y fortalecerlo en el plan de trabajo de la FAO.

Sin embargo, es necesario explicitar en las iniciativas regionales el compromiso con la implementación del Plan de Acción del Decenio de Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, la Declaración de Derechos de los Campesinos y Campesinas, y las Directrices Voluntarias sobre la Governanza Responsable de Tenencia de la Tierra, de la Pesca y de los Bosques. Otros documentos, como la Enciclica del Papa Francisco, pueden ofrecer elementos que fortalezcan nuestras luchas y contribuyan al desarrollo de acciones concretas para la superación de la pobreza y el hambre.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil expresan sus agradecimientos a la FAO por el apoyo y los esfuerzos emprendidos para la realización de esta Consulta Regional de forma amplia, inclusiva y participativa. Pero es necesario ampliar la participación social y las voces de los pueblos también en las Conferencias Regionales para garantizar el diálogo directo con representantes de gobiernos de nuestra región.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando en la construcción de instrumentos de respuesta política que garanticen los derechos de los pueblos de ALC, preserven nuestros territorios y bienes naturales con acciones concretas para la reducción y la eliminación del hambre y de las desigualdades vigentes en nuestra región.