Luego de una semana intensa de lucha y movilización popular y campesina, el gobierno de Dina Boluarte profundiza su carácter dictatorial y represivo

El país ha sido nuevamente estremecido por la cada vez más intensa y creciente movilización y lucha popular y campesina, con la marcha de miles de compatriotas que llegaron desde diferentes regiones sobre todo del surandino, para continuar exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones para este año 2023.

La movilización de miles de peruanos y peruanas que se concentraron en Lima los días jueves 19 y viernes 20, para expresar su rechazo al gobierno y al congreso de la república, tuvo como respuesta la represión policial, que a pesar de los  más 10 mil efectivos que dispuso el gobierno, no pudo, sin embargo, evitar que se escuche una vez más su demanda central de renuncia de Dina Boluarte.

Mientras la movilización se concentraba en Lima, en diversas regiones, los ciudadanos continuaron protestando, como fue el caso de Puno, donde fue asesinada una dirigenta campesina; en Arequipa y Cusco, en donde miles se unieron a las protestas y buscaron ingresar a los aeropuertos de esas regiones. En el norte del país, la principal acción de lucha se concentró en la zona de Virú, a una hora de Trujillo, en la región La Libertad, donde fue bloqueada la carretera Panamericana norte.

La respuesta del gobierno de Dina Boluarte y de su primer ministro Alberto Otárola ha sido la misma desde que empezaron las protestas; es decir, represión brutal y desmedida, que han seguido evidenciando y profundizando su carácter represivo y criminal, que ya ha cobrado la vida a más de 50 peruanos y peruanas, y que busca aferrarse con uñas y dientes a un gobierno cada vez más manchado de sangre.

El régimen represivo de Boluarte y Otárola, no solo reprimió las movilizaciones que se extendieron por diversos lugares de Lima, sino que buscó golpear a las universidades que alojaron a cientos de estudiantes y pobladores que llegaron desde el surandino a las marchas, como San Marcos y la Universidad de Ingeniería, UNI.

Y en este caso, es rescatable la actitud del rector de la UNI, que en todo momento apoyó a los ciudadanos, a diferencia de la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, que permitió que la policía ingrese a la ciudad universitaria la mañana del sábado 21 de enero, rompiendo una de las puertas con una tanqueta y detuviera a más de 200 estudiantes y manifestantes, que fueron tratados brutalmente y llevados a diversas dependencias policiales.

La crisis está muy lejos de solucionarse en el país mientras Dina Boluarte se aferre al gobierno y acreciente su carácter policiaco y represivo, recurriendo a acusar de terroristas a quienes protestas, o a generalizar a todos como vándalos. La lucha del pueblo del surandino continuará y se irán sumando nuevas regiones, hasta que se haga realidad la demanda de millones de peruanos que exigen la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto real de las elecciones para este año 2023.