Inadmisible aplicar una ley autoritaria y desfasada para la actualidad

El secretario general de la Organización Nacional Campesina (ONAC), Gabino Medina, consideró como “autoritaria” la propuesta del ministro de defensa, Bernardino Soto Estigarribia, de cobrar una multa o tasa a los hombres de entre 18 a 25 años, que no cumple el Servicio Militar Obligatorio (SMO). El ministro había declarado a los medios de prensa que “a fines del 2018 saldría el nuevo reglamento SMO y las formas de control de la objeción de conciencia. Las personas que no cumplan con estos requisitos pagarán una multa por 8 años”.

El responsable de la defensa anunció lo que se busca con el nuevo proyecto es controlar el cumplimiento de los servicios sociales de las personas declaradas como objetores de conciencia y completó que, en caso de incumplimiento, deberían pagar una tasa militar. ‘‘Quienes no hagan el Servicio Militar Obligatorio deben hacer un servicio sustitutivo cuando presenta su objeción fundada y el que no realiza estas acciones ni el servicio militar, debe pagar una tasa militar’’. Señaló que la ley establece una tasa de dos jornales mínimos por año durante ocho años pudiendo pagarse de una vez, por lo tanto, en ocho años esa suma alcanza 1.300.000 guaraníes (poco más de 210 dólares americanos), ya que el jornal mínimo es de 81.252 guaraníes y dos totalizan a 162.504 guaraníes.

La ley N° 569/75 establece el SMO y sigue vigente hasta la actualidad. Sin embargo, con la llegada de la democracia el cumplimiento por parte de los jóvenes es casi nula comparado a la época de la dictadura stronista, cuando los jóvenes de 18 años o más eran capturado, hasta arrastrados de sus hogares, para que cumpliera con su “deber con la patria”. Dicha normativa establece que, todos los hombres, desde los 18 años hasta los 50, deben cumplir con un servicio activo en las fuerzas militares. En tiempo de paz, no puede exceder de los 12 meses.

El incumplimiento del SMO es sancionable conforme a los establecidos en el Código de Justicia Militar y la Ley 569/75. En tiempo de paz, los infractores pueden ser obligados, como sanción, servir por un periodo adicional de 6 meses más que lo normal. “Hoy en día, aplicar lo establecido en esa ley significaría una muerte civil a los ciudadanos, porque no pueden recibir ninguna calificación profesional (como licenciaturas o doctorados) e, incluso, ejercer el derecho al sufragio, suscribir contratos y acceder a un cargo público”, completó el dirigente.

El dirigente señaló que estas medidas, si es implementada, afectaran a la población más pobre [jóvenes y adultos], principalmente de las familias campesinas. ‘‘Los más afectados serán las familias que viven en el área rural, especialmente las personas más pobres. Hoy en día, la mayoría de los que serían afectados son el sostén económico de sus familias. Es inadmisible que las personas pobres sean afectadas por la imposición de una ley autoritaria, anticuada para la actualidad, que fue promulgada hace casi medio siglo por el gobierno dictatorial de Stroessner, llamativamente el secretario privado del dictador fue el padre del actual presidente de la República’’, declaró.