Agricultura Familiar Campesina e Indígena: una riqueza, una oportunidad para el desarrollo

El estudio, presentado por Adrián Moringo Villalba de Paraguay, viene arrojando conclusiones que servirán de base para elaborar propuestas para el debate sobre políticas públicas para la AFCI, que utilizará COPROFAM y sus afiliadas a partir de 2019 en diversas Plataformas de Incidencia de carácter internacional y nacional.

Los adelantos a los estudios sobre estado y vigencia de las políticas públicas diferenciadas para la AFCI en los paises del MERCOSUR ampliado, vienen arrojando distintas conclusiones que permiten  La AFCI en Paraguay cumple un rol fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria del país.

El sector produce el 53,2 % de los alimentos que se consume a diario (poroto, mandioca, maíz, batata, maní, entre otros). Sin embargo, es el sector más pobre del país. Las personas que trabajan de manera directa, como productores en sus fincas, son 460.567 (de los que 295.645 son hombres y 164.922 son mujeres). De manera indirecta el sector ocupa a 1.189.813 personas.

Si se transforma la mirada sobre el campesinado en situación de pobreza, y no se piensa solo como “pobre”, sino como sujeto con capacidad de hacer mucho por sí mismo y por los demás, podría cambiar la realidad de este sector. En lugar de ser mirado como un problema, el campesinado en situación de pobreza, debe ser visto como una riqueza y una oportunidad a potenciar. No como un carente de alimentos, sino como un productor de alimentos, real y con mayor potencial a desarrollar. Para ello, habría que restaurar y renovar las políticas de la AFCI y tomar en cuenta otra cosa: el empoderamiento ciudadano y cultural de la colectividad campesina.

Las instituciones que desarrollan políticas públicas para el sector de la AFCI en Paraguay son, por un lado: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y sus dependencias como son la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF), la Unidad Ejecutora del Programa de Producción de Alimentos (PPA), la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), la  Dirección de Comercialización (DC). Y por otro lado están las entidades autárquicas, como son: el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), ITAIPÚ Binacional; y las entidades financieras como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y Crédito de Habilitación Agrícola (CAH).

El estudio intenta acercarse al presupuesto ejecutado en cinco programas y proyectos, de cobertura nacional, a partir de informes oficiales de evaluación de los programas y proyectos ejecutados en los últimos años. Dichos informes no siempre presentan todos los datos buscados, pero de todas formas han servido para realizar una estimación (2015 al 2017), que da cuenta de una ejecución del orden de los 120.000.000 de dólares, aplicados para atender a unas 42.000 familias.

En general todas las políticas ejecutadas se vincularon poco con los AFCI afiliados a las 9 organizaciones de carácter nacional representativas del sector que fueron entrevistadas (entre ellas las 2 que hacen parte de COPROFAM, ONAC y UAN). Las organizaciones consultadas consideran que los programas y proyectos, en su mayoría, no se relacionan con ellas a nivel nacional ni con sus miembros a nivel territorial. Observan que generalmente los técnicos del DEAg tienen sus comités antiguos, conformados con anterioridad, algunos datan de más de 18 años, y son los principales beneficiados de los recursos aplicados. Siempre son los mismos sujetos los atendidos. Además, opinan, que las iniciativas planteadas en los programas y proyectos no parten de la necesidad de las organizaciones, ni de un diagnóstico serio a las necesidades que afronta la AFCI. Está ligado más bien a ofertas que traen los técnicos como ser, cría de pollos, de cerdos, de huertas, pero sin un estudio previo y desde una perspectiva solo asistencialista. Consideran así que estas intervenciones terminan generando más miseria que posibilidad de superación de las familias en situación de pobreza.

Este estudio, junto otros que se desarrollan en el mismo momento en otros 6 países donde hay gremiales integrantes de COPROFAM, tiene como objetivo discutir las diferencias y similitudes en la situación de la AFCI de cada país, los temas críticos de la agenda de las gremiales y de los gobiernos, los principales logros, dificultades y desafíos en materia de diseño, implementación y evaluación de política pública para él sector, analizando el período 2004 y 2017 (desde la creación de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR-REAF).

Como resultado del trabajo se elaborarán propuestas que servirán de base para la preparación de posiciones de la propia COPROFAM al participar de las diferentes instancias (REAF, CAS, CSA de FAO, FMC de FIDA, FRM, etc.) a las que es convocada regularmente; y para que cada gremial afiliada a COPROFAM pueda presentar sus propuestas a los respectivos gobiernos. Los Consultores para los 7 países (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay presentarán sus trabajos finales en la Asamblea Extraordinaria de la COPROFAM, en diciembre de este año, en Montevideo. A partir de ese momento la COPROFAM y sus 9 gremiales de carácter nacional dispondrán de documentos de propuesta para la incidencia en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas diferenciadas para la AFCI.