Dirigente de Amambay presenta queja por morosidad y retardo de justicia al superintendente de la Corte Suprema de Justicia

El pasado martes 12 de febrero, el dirigente Hermenegildo Ayala fue recibido por el Superintendente General de Justicia, Abg. Rafael Monzón Sosa. La reunión fue llevada a cabo en la sede del Palacio de Justicia, Asunción. Trataron diversos temas relacionados con la morosidad, el retardo de justicia y la persecución de inocentes en cuestiones judiciales relacionadas con la lucha campesina en el departamento de Amambay. Ayala, es el actual presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia 6 de Enero, distrito de Bella Vista Norte. En el encuentro estuvo acompañado por el profesional abogado del área jurídico de la Organización Nacional Campesina (ONAC).

En la reunión, el dirigente presentó su queja al superintendente por la excesiva morosidad que ellos enfrentan en todos los procedimientos judiciales a que son sometidos. “Actualmente, tenemos un proceso en lo civil que, a duras y penas, ya se arrastra por largos 12 años sin que se resuelva. En el juzgado buscan una manera de dificultar con pequeñas malas actuaciones, creemos que son intencionales. Siempre que de una dependencia pasa a otro, nos dicen que falta algo, claridad o precisión y vuelve otra vez en donde estaba, así van obstaculizando. En el momento, el expediente está hace más de cuatro meses en el despacho del juez, para la firma por la resolución. Es la última etapa”, precisó.

Igualmente, declaró que no es la primera vez que recurre al despacho del superintendente para solicitar su intervención en el mismo caso y por las mismas razones. “Hace, más o menos, un año nos habíamos reunidos sobre la misma cuestión: para reclamar del retardo de justicia. En aquel tiempo, el juzgado había agilizado el proceso, creemos que fue por obra de tu mediación, entonces, por esa razón que volvemos a solicitar tu intervención para dar una pronta solución a la situación. Porque, hace 12 años que recurrimos a la justicia en busca de una solución al conflicto”, señaló.

Por otro lado, abordó la cuestión de persecución de inocentes en el departamento por parte de los encargados de las instituciones policiales, fiscales y jurisdiccionales. “Hay una tremenda persecución a los dirigentes sociales en el departamento. Los fiscales y jueces para imputar, prácticamente, no necesitan pruebas contra nosotros. Una vez que está la imputación, el proceso queda parado. Legalmente te mantiene atado y te restringe la libertad. Creo que hacen intencionalmente, porque es una forma de intimidación. Para mí, particularmente, es un trastorno en mi condición de líder comunitario”, complemntó.

Por su parte, el superintendente dijo que él puede intervenir cuando hay denuncia formal sobre la excesiva mora o retardo de justicia como consecuencias de mala actuaciones en los juzgados, pero la mayoría de las veces se debe a excesos de trabajo de los jueces. No obstante, se comprometió dentro de sus posibilidades arbitrar para agilizar para la conclusión del proceso. “El caso ya está en la última etapa y al respecto voy a buscar hablar con el magistrado para que cuanto antes salga la resolución final”, afirmó.