La crisis política en Paraguay divide y paraliza al país

En el inicio, la crisis política parecía una cuestión de proporción limitada, considerada torpeza administrativa en la firma del acuerdo de Itaipú, pero con el paso de los días alcanzó proporciones inesperada. Fueron revelados detalles de la negociación en que las principales autoridades del Ejecutivo estaban involucradas. La oposición asegura que los gobernantes de Paraguay y Brasil negociaron la contratación de energía de la hidroeléctrica de Itaipú para responder a sus intereses personales. Afirma que las grandes beneficiadas serían empresas que supuestamente están relacionadas con el presidente de ambos países.

El escándalo ha puesto en el ojo de la tormenta al Ejecutivo. El presidente y vicepresidente de la República, en menos de un año de asumir el poder, enfrentan la amenaza más temida por las autoridades paraguayas, el juicio político. Para iniciar son necesarios 53 votos de los 80 diputados. Si prospera la iniciativa, será el tercer presidente removido del cargo en 20 años y el segundo en esta década. En 2.012, Fernando Lugo fue destituido por el Congreso Nacional. Las experiencias de los dos casos anteriores no fueron las mejores. Las consecuencias se sienten hasta hoy día. El Paraguay, es un país estancado y atrasado en infraestructura, en lo social, en lo económico e institucionalmente débil, en comparación a los demás países de la región.

la iniciativa de enjuiciar a las máximas autoridades del Ejecutivo ha provocado fracturas en sectores tradicionalmente fuertes, como las poderosas e influyentes instituciones religiosas. La Iglesia Católica se ha manifestado en dos líneas. Primeramente, el Monseñor Melanio Medina, religioso jesuita congregación al cual pertenece el Papa Francisco, ha reclamado públicamente que tanto el presidente como el vice sean removidos del cargo por antipatriotas. Ayer, domingo 4 de agosto, encabezó la multitudinaria movilización para exigir el juicio político a las autoridades del Ejecutivo. Posteriormente, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un comunicado por el cual aclara que no ha autorizado la realización de ningún acto público o eclesial con relación a procesos políticos que implican al Poder Ejecutivo.

En el seno del Partido Colorado, partido del gobierno, también hay divisiones entre sectores que están a favor y en contra del juicio político. El movimiento Honor Colorado (HC) del ex presidente Horacio Cartes al principio acompañó la iniciativa, pero luego retiró el apoyo. Algunos diputados y senadores del movimiento han decidido mantener la postura de acompañar el juicio político. La oposición también está bastante dividida entre partidarios y detractores. Hasta el momento, no ha obtenido los votos necesarios para destituir a las autoridades del Ejecutivo.

El país está prácticamente paralizado, expectante por el desenlace final de la crisis. Las instituciones públicas, de los tres poderes del Estado, aunque aparentemente funcionan normalmente, pero solo realizan gestiones meramente administrativas. Las autoridades están ocupadas en evitar la destitución del presidente y atentos a los que ocurre en el Parlamento Nacional, ya que tendrá un efecto inmediato sobre las mismas y sobre la ciudadanía en general, con resultados impredecibles e inciertos para la Nación.