La vía de salida para los productores familiares es el asociativismo

En junio de 2017, a causa de las lluvias registradas en la cuenta media y alta del río Uruguay en el Sur de Brasil, y en el propio territorio nacional, el Río Uruguay provocó el desplazamiento de más de 5000 personas en el litoral uruguayo, siendo Salto el departamento más afectado, seguido por Paysandú, Artigas y Río Negro.

En ese momento, Fernando Alcarraz, gerente general de la represa binacional de Salto Grande, afirmó que una crecida de los cursos de agua de con las características de la que se estaba viviendo era “un evento de baja probabilidad estadística, de esos que se dan menos de una vez cada 100 años”. Esta inundación fue mayor a la del año 1959, considerada la peor de toda la historia del país.

En este escenario, el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, inició una experiencia piloto para proveer de alimento a los 1267 evacuados que recibieron atención directa del Estado en el departamento de Salto, adquiriendo frutas y hortalizas a productores familiares locales.

Según el plan general de asistencia a los damnificados, entre otras tareas, el Ejército estaba a cargo de la alimentación de los evacuados durante el período en el que no pudieran retornar a sus hogares. La cocina se abasteció con alimentos adquiridos por el Instituto Nacional de Alimentación, INDA, dependiente del Mides, a cuatro Sociedades de Fomento Rural, SFR, del departamento. Los efectivos militares elaboraron y sirvieron 67.800 almuerzos y cenas.

Las SFR, Colonia 18 de Julio; Salto; Colonia Gestido; y Osimani y Llerena, cumplieron responsablemente con la entrega de unos 25.000 kilos de mercadería de alta calidad, por los que percibieron precios superiores a los que recibirían si los hubieran comercializado a través de sus canales de venta habituales. No obstante, en los casi 30 días que duró la situación de emergencia, el Estado ahorró una cifra superior a los 10.000 dólares, considerando los precios que el INDA hubiera pagado a las empresas de intermediación que eran sus proveedores habituales. El monto total de la compra ascendió a los 494.000 pesos, unos 18.000 dólares al tipo de cambio promedio de ese mes.

La evaluación más que positiva de esta experiencia piloto fue determinante para que se siguiera avanzando en el fortalecimiento de las organizaciones de productores con el objetivo de mejorar la calidad alimentaria de la población que asiste el INDA en ese departamento.

En este sentido, mientras que por decisión de las entidades involucradas se realizaba la tramitación para inscribir a la SFR 18 de Julio en el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH), creado a partir de la ley 19.292 para empadronar a las organizaciones de productores y pescadores artesanales interesados en participar del régimen de compras públicas para la agricultura familiar, a través de un Convenio los grupos de productores comenzaron a abastecer a algunos Centros de Atención a la Infancia y la Familia, CAIF’s; merenderos, hogares de ancianos, comedores, hogares para personas con capacidades diferentes, a través del INDA.

Después de un año de trabajo, y ya con todos los registros y habilitaciones necesarios, “empezamos a abastecer instituciones de otros departamentos, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Artigas”, abasteciendo en el momento pico de ventas a 99 clientes, narró Lourdes Ferreira, presidenta de la SFR Colonia 18 de Julio. También se ha visto incrementado el número de productores participantes que entregan mercadería. A lo largo del año se estima que participarán unas 50 familias de los departamentos de Salto, Paysandú y Rivera.

A lo largo del tiempo, los grupos de productores fueron incorporando la tecnología e infraestructura que les permitiera satisfacer adecuadamente la demanda de sus clientes. En este sentido, en junio de 2018 la delegación uruguaya de la Central Técnico Mixta de la Represa de Salto Grande donó a la SFR Colonia 18 de Julio una camioneta y un camión, utilizados para el levante de mercadería en las chacras y el reparto de pedidos. Ferreira destacó que “también nos apoyó la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, DGDR-MGAP, con la infraestructura y las maquinas; y el Mides, a crear y consolidar los canales de comercialización. Además, tuvimos que aprender a trabajar en este negocio, que es completamente diferente a lo que hacíamos. Estábamos acostumbrados a cosechar y esperar que llegara a la chacra el comisionista, el intermediario que levanta la mercadería que no veíamos más. Ahora somos los dueños del negocio”.

Ferreira agregó que “completamos nuestro sueño con la donación realizada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; el Banco de Previsión Social, BPS; y el Instituto Nacional de Cooperativismo, Inacoop, que nos mandaron todo el equipamiento y el mobiliario de oficina que necesitábamos. Escritorios, computadoras, fotocopiadoras, sillas, armarios, que fue un apoyo fundamental. Esto nos permitió equipar la oficina del packing, y trabajar mejor y ampliar nuestra actividad comercial. También nos servirá para desarrollar las actividades de nuestra organización””.

Dado que el negocio creció, y “estamos abasteciendo a más clientes en mayor número de departamentos, se vende más mercadería, la logística es más pesada y compleja, incorporamos al equipo personas que se dedican al fraccionamiento, al packing, a los repartos, y en lo administrativo, a un coordinador y una contadora”.

La inversión pública en esta iniciativa “fue fundamental”, aseveró enfáticamente Lourdes Ferreira, agregando que “sin ella no estaríamos donde estamos. Fue una ayuda muy valiosa. Para nosotros, los pequeños productores familiares y para sus SFR, estos apoyos fueron muy valiosos, indudablemente que sí. Estamos felices de haber realizado este sueño, quedamos muy contentos y estamos muy agradecidos”.

Lograr transformarse en proveedores del Estado significó un cambio sustantivo en la vida cotidiana de los involucrados en esta experiencia asociativa. De acuerdo a lo expresado por la presidenta de la SFR 18 de Julio, “vale la pena el esfuerzo, sin lugar a dudas”. En lo económico, “todavía no vemos los resultados porque esto es muy nuevo, pero vamos viendo los logros que conquistamos y vamos teniendo pequeños resultados. Estamos vendiendo a precio de Mercado Modelo más un adicional del 18%, y eso es una gran diferencia. Para nosotros, pequeños productores familiares que no tenemos la posibilidad de tener un puesto en el Mercado Modelo este fue un canal de ventas importantísimo”.

En términos generales, el productor percibe por su mercadería alrededor del 40% menos de lo que el Observatorio Granjero releva y divulga como precio mayorista de referencia de frutas y hortalizas en el Mercado Modelo, el principal centro mayorista de comercialización del país. Esto se explica porque el precio de los diferentes rubros publicado por esta oficina técnica es el precio al que vende el mayorista del Mercado Modelo al distribuidor o al comerciante minorista. Vale decir que a ese valor hay que descontarle la ganancia del operador del Mercado Modelo, la del comisionista, y el costo de flete, que generalmente paga el productor.

La dirigente gremial expresó que “sabemos que este es un camino de hormiga, que tenemos que ir despacio, pero que a la larga se va a notar (la mejor rentabilidad)”. Otra de las enseñanzas que deja esta experiencia es que la solución a los problemas del sector es colectiva. Al respecto, Ferreira contó que “el grupo se afianzó mucho, me parece que todos los que participamos en este proyecto, de todas las sociedades de fomento, vemos que la vía de salida para los productores familiares es el asociativismo”.

Sobre los próximos desafíos, Ferreira dijo que “tenemos que completar la infraestructura con una cámara de frío y un montacargas”.

El objetivo es continuar desarrollando esta línea de trabajo, aunque el escollo para lograrlo es que, de acuerdo a lo manifestado por Lourdes Ferreira, “no todos los organismos del Estado cumplen con la Ley Nº 19.292”, que declaró de Interés General a la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal.

De acuerdo al texto de la Ley, “se establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para las compras centralizadas y del 100% para las no centralizadas, de bienes alimenticios provenientes de Organizaciones Habilitadas, siempre que exista oferta. Los bienes alimenticios alcanzados por la reserva mínima de mercado serán los productos agropecuarios en su estado natural, los productos artesanales agropecuarios y los productos de la pesca artesanal. También podrán ingresar a la reserva mínima de mercado los alimentos procesados, siempre que sean elaborados con materia prima de los productores integrantes de las Organizaciones Habilitadas sin que exista un cambio en la propiedad durante el proceso industrial”.

Ferreira aseveró que “en muchos organismos tenemos dificultades, por ejemplo en las licitaciones de los hospitales no se tiene en cuenta a los productores familiares, tampoco en las escuelas, hay que trabajar en este tema para que se empiece a hacer cumplir la Ley”.

La visión desde el Estado
La titular de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Mides (Dinesil), dependiente del Mides, Mariela Fodde, sostuvo que esta experiencia corroboró que el Estado puede comprar productos de calidad y puede ahorrar. Fodde agregó que “el Estado tiene el compromiso de apostar al desarrollo local, y para hacerlo, debe comprometerse en comprar a los emprendimientos, las organizaciones y las cooperativas locales. Ese es el desafío”.

Según la jerarca de la Dinesil-Mides, para que esta experiencia sea exitosa “hemos invertido en capacitación, en infraestructura, en la formalización de las organizaciones”. Fodde concluyó que el rol del Estado debe ser “el de facilitador de los procesos asociativos que impacten en el desarrollo local”.

Por su parte, Aníbal Núñez, integrante del equipo técnico del Departamento de Ruralidad del Mides en Salto, describió que “para nosotros, trabajar en la fase comercial integrada a la productiva, en la generación de espacios de comercialización más seguros para los productores, que les genere ingresos y que es permita hacer sustentables sus emprendimientos, es velar por el derecho al trabajo, que es tan importante para la radicación de las familias en el campo”.

Refiriéndose a la experiencia de venta al Estado posterior a la realizada por parte de las SFR salteñas para atender la situación de los desplazados por la inundación, consideró que “si se evalúa en números no fue muy significativa con respecto a lo que es el giro habitual de la horticultura en el departamento. Por 26 semanas, de diciembre de 2017 a mayo de 2018, las organizaciones de productores entregaron mercadería –una nómina de 44 productos- por un valor de aproximadamente un millón de pesos (algo más de 35.000 dólares). Pero la importancia que tiene para nosotros, es que con el presupuesto que tiene INDA para asistir a instituciones públicas y privadas, se atendió a una población de más o menos 1600 personas –niños, jóvenes, mujeres, adultos, ancianos, inmersos en diferentes formas de vulnerabilidad social- cinco días a la semana en algunos casos y siete en otros. Se brindaron unos 18.500 a 19.000 servicios diarios de comida”.

Otro de los aspectos positivos enumerados por Núñez es la mejora en la calidad nutricional del apoyo alimentario brindado por el INDA, al sustituir en el menú arroz y fideos por hortalizas y frutas, apostando a una alimentación saludable.

“También hubo un cambio de rutina en el ámbito de los productores”, destacó Núñez. “Ahora están asumiendo la faz comercial, que antes estaba en manos de otros –intermediarios fundamentalmente- que levantan la producción en los predios y la llevan generalmente a Montevideo. Los productores están asumiendo la producción, el empaque, la comercialización y la distribución. Esta experiencia les sirve para apropiarse de fortalezas” para lograr un mejor desempeño en lo comercial, ya sea para interactuar con el mercado privado o con el público”.

Jorga Vaz Touren, director de Ruralidad el Mides, explicó que “si bien la creciente del río Uruguay en 2017 constituyó un antecedente, se comenzó a trabajar por el 2014, cuando en el marco de la REAF, y a partir de una coordinación fuerte entre la DGDR-MGAP y el Mides, a la que se sumaron otros organismos como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, de Presidencia de la República y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, se empezó a trabajar de manera sostenida para crear un marco normativo que habilitara las compras del Estado a la producción familiar”.

Para Jorge Vaz, las SFR y Comisión Nacional de Fomento Rural “tienen un papel protagónico y han sido de los actores que han trabajado desde un principio en promover este tipo de políticas públicas. Y así debe ser: las organizaciones de la sociedad civil proponen y el Estado escucha y genera respuestas”.