El derecho humano de acceso a agua potable garantizado por el Indert con planteamiento de la ONAC

El acceso a agua potable como derecho humano

El agua es el componente más abundante en la vida de una persona: entre 60 y 75% del cuerpo humano está formado por agua.

En Paraguay, las organizaciones sociales, principalmente las organizaciones campesinas, entre ellas la ONAC, conquistaron el reconocimiento como derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada para la satisfacción de las necesidades básicas de la población en general, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado. En los últimos años, el gobierno nacional realizó grandes esfuerzos para garantizar el acceso a agua potable no solo a la población urbana sino también de la zona rural. El Estado ha realizado series de cambios estructurales y legales, para garantizar este derecho a toda la población.

El acceso a agua potable, fue considerado como prioridad en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo propósito era reducir a la mitad, para 2015, la proporción de la población mundial sin acceso sostenible al agua potable y a saneamiento básico. En la actualidad, en América Latina se estima que, a pesar de que en la región se encuentra la reserva de un tercio de los recursos de agua dulce del mundo y una dotación per cápita de 22.929 metros cúbicos por persona al año, casi un 300% por encima de la media global, 30 millones de personas no tienen acceso a agua potable.

A inicios del 2.000, el 51.6% de población rural no tenía el servicio de agua potable y las organizaciones campesinas ejercían presión sobre los organismos gubernamentales para la perforación de pozos artesianos y construcción de sistemas de distribución de agua en las comunidades rurales. Al mismo tiempo, realizaban la lucha por la defensa del agua ante las intenciones del sector empresarial de privatizar y convertir el líquido vital en mercancía, periodo que se conoció como “la guerra por la defensa del agua”.

El neoliberalismo y el agua en el nuevo milenio

En septiembre de 2000, sobre la base de una década de conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, los líderes del mundo se reunieron en la sede en Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Con la aprobación de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los países asumieron el compromiso en una nueva alianza mundial para reducir la pobreza extrema y se ​​estableció una serie de ocho objetivos, con plazo límite de 2015. El Objetivos 7 tiene como indicador: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y entre sus metas estaba la reducción a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

El gobierno paraguayo, signatario de los ODM fue más allá y se había comprometido a llegar al 70,5 % en 2008, y al 80,5 % para 2015. Sin embargo, la región experimentaba algunos cambios en el ámbito político, social y principalmente en lo económico, con la implementación de las políticas neoliberales, que tuvo como resultado las privatizaciones de las empresas públicas. Paraguay, no estuvo ajena a la situación y la Corporación de Obras Sanitarias (Corposana), empresa estatal responsable de la distribución del agua, fue la primera empresa afectada por la política neoliberal, siendo declarada privatizable de inmediata.

El giro de la política económica hacia las privatizaciones intentó provocar el cambio de la concepción clásica sobre el agua. Para el sector empresarial, el agua es un alimento. Al formar parte de productos alimenticios, debería estar a merced del mercado, sometido a las reglas de la oferta y la demanda. El Estado, se debe mantener al margen del mercado y no debe intervenir en la comercialización del agua, simplemente sus acciones se deberían limitar en garantizar al sector privado la comercialización del producto, dictar normas prohibitivas sobre uso del agua y castigar a las personas que violen las reglas de comercialización del líquido vital.

Por ejemplo, entre las prohibiciones deben estar juntar agua de la lluvia; irse a bañar, lavar ropa en los ríos o permitir que animales tomen agua de fuentes naturales; cavar pozo artesiano, entre otras. Al fin y al cabo, la intención del sector empresarial era apropiarse por el agua para cobrar a las personas por el uso, sin importar su procedencia. Entonces, el agua perdería la condición de inherente al ser humano como es la vida, sino sería una mercancía más disponible en el mercado, accesible a aquellas personas que puedan pagar por ella.

Al otro lado, estaban los sectores sociales, las organizaciones campesinas, entre ellas la ONAC, quienes consideran que el agua es un bien público e inherente al ser humano, que debe esta bajo la tutela del Estado, con libre disponibilidad a las personas sin estar sometido a las reglas del mercado. Las funciones principales del Estado deben ser la protección del agua; evitar el monopolio del recurso vital; reconocer como derecho humano el acceso al agua y garantizar el acceso a agua potable en cantidad y calidad adecuada para la satisfacción de las necesidades básicas a cada habitante de la República.

A pocos tiempos de llegar el 2008 y cumplirse el plazo del compromiso asumido dentro del marco de los ODM, el gobierno todavía no realizaba ningunas acciones concretas para llegar a la meta de reducir al 30% la cantidad de las personas sin acceso sostenible a agua potable. En la época, la presión de la sociedad tuvo efecto y el Ejecutivo aprobó la Ley de los Recursos Hídricos, por la cual el Estado legitimó que el agua debe cumplir una función social. Además, reconoció el acceso al agua como un derecho humano y debe ser garantizado por el propio Estado, en cantidad y calidad adecuada a cada habitante.

Antecedentes

En los últimos años, el gobierno nacional realizó grandes esfuerzos para garantizar el acceso a agua potable a la población, debido a que estuvo lejos de cumplir el compromiso asumido dentro del marco de los ODM.

En el inicio, el principal responsable de realizar las obras necesarias para garantizar el derecho al acceso a agua potable en pequeñas localidades del interior fue el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), un organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), que cumple varías funciones en las actividades de saneamiento ambiental como planificación, promoción, ejecución de obras tendientes a extender la provisión de agua potable y saneamiento, en localidades de hasta 10.000 habitantes.

Al mismo tiempo, prácticamente todos los órganos estatales de carácter nacional, departamental y municipal en forma apresurada, desordenada y sin planificación iniciaron obras para garantizar el acceso a agua potable al sector vulnerable de la población, para reducir la brecha con el compromiso asumido con los ODM. Sin embargo, los recursos de la mayoría de las obras aprobadas fueron mal utilizadas por las empresas adjudicadas; las obras nunca fueron terminadas; fueron judicializadas y hasta ahora los expedientes están en los juzgados, sin resolución conclusivas.

La población de pequeñas ciudades del interior y de los asentamientos campesinos fueron las principales afectadas por los malos resultados del inicio en el intento fallido de garantizar el derecho de acceso a agua potable a sectores vulnerables. La situación demostró la poca efectividad del plan en las condiciones vigentes, que tuvieron resultados contrarios a lo inicialmente planeado. Sin que haya una solución judicial al problema, los afectados no pueden acudir a otras instituciones en busca de resolver el problema de falta de acceso a agua potable.

Las organizaciones campesinas empezaron a cuestionar al gobierno sobre la paralización de las obras, afirmaron que solo la voluntad no era suficiente y se necesitaba más planificación, control y la participación de la comunidad en el proceso de ejecución. Las experiencias fallidas no deben significar la suspensión del programa de acceso a agua potable a personas de escasos recursos, pero deben ser considerados como aprendizajes para una mejor ejecución, ya que existe una realidad en el campo: la población rural tiene poco acceso a agua potable.

En la mayoría de las colonias campesinas, la población consumía agua considerado no apta para consumo humano. Las familias campesinas tomaban agua de pozo artesanales de poca profundidad o directamente de los arroyos. La problemática obligó a la ONAC a recurrir a otras instituciones, que hasta entonces estaban pocas involucradas en el proceso de garantizar el acceso a agua potable a la población rural, a pesar de tener condiciones financieras y responsabilidad administrativa, como el caso del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Ejecución

En 2014, la ONAC, con justificación de la responsabilidad y obligación del Estado de garantizar el derecho a las personas de acceder a agua potable, presentó al Indert el proyecto Arraigo y Desarrollo de los Agricultores Familiares Campesinos a fin de dar soluciones sanitarias a varios asentamientos rurales, completamente ocupada por familias agricultoras, pero enfrentaban el problema común de la mayoría de las comunidades campesinas del país.

La solución planteada al Indert consiste en la aplicación de recursos del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) en la perforación de pozos artesianos y construcción de sistema de distribución de agua potable en las comunidades campesinas. El Fides, es un órgano dependiente de la presidencia del Indert, que tiene como objetivo el planeamiento, diseño y ejecución de operaciones y obras de infraestructura básica, necesarias para obtener el arraigo efectivo y crear las condiciones que posibiliten el desarrollo de las comunidades beneficiarias, afectando los asentamientos nuevos y antiguos no arraigados.

El Indert, estableció que para solicitar la provisión de agua potable a la institución eran necesarios cumplir ciertas formalidades: la organización debe estar al día con el cumplimiento de obligaciones fiscales y demostrar solvencia para garantizar la ejecución de la obra; presentar el proyecto con especificaciones técnicas; el lugar donde será construida la obra debe estar ubicada en área rural y ser colonia destinada a la reforma agraria; en la colonia debe haber arraigo y formar la comisión de junta de saneamiento responsable de gerenciar el servicio de suministros de agua en la comunidad.

Con estas formalidades, la institución busca garantizar la ejecución de las obras y no cometer los mismos errores de otras instituciones con los mismos resultados. La institución busca dar solución a la problemática de falta de agua apta para consumo humano a familias campesinas que están arraigadas en colonias oficiales, cuya administración corresponde al Instituto como organismo responsable de la administración de tierras publicas destinadas a la reforma agraria.

Actores

En este caso concreto, la solución de la problemática comprende solamente a dos actores principales:

El Indert, interviene a nombre del Estado paraguayo, asume la responsabilidad de garantizar el derecho humano de acceso a agua potable a las familias agricultoras arraigadas en asentamientos afincadas sobre tierras publicas destinad

as a la reforma agraria, que están bajo su administración. Como institución estatal, al tratarse de problemas en el ámbito de su territorio tiene una doble responsabilidad de dar solución a cualesquiera dificultades que surjan en las colonias campesinas para dar condición de arraigo digno a las familias.

-Fides, como institución subalterna, recibe la orientación del superior para encargarse de la solución del problema ubicado en el ámbito de su competencia administrativa. Además, es la institución encargada de realizar todos los controles necesarios para la buena ejecución de las obras con forme a las especificaciones técnicas presentadas.

La ONAC, gremio de la agricultura familiar campesina, cumple la función de cooperar con las instituciones publicas en acercar los problemas que afectan a sus asociados y proponer una posible solución práctica a la cuestión. Así también, asume la gran responsabilidad de garantizar la ejecución de los trabajos al ofrecer todas las garantías requeridas por la institución, para responder en formal personal ante cualquier inconveniente impredecible.

-La Organización de Base, representante de los pobladores de los asentamientos, constituida por asociación voluntaria entre la población de la comunidad, con el fin de realizar trabajos para garantizar el acceso a los servicios básicos necesarios para el arraigo digno en el asentamiento. Además de ser los beneficiarios, los pobladores también asumen la responsabilidad de acompañar los trabajos in situ para garantizar la ejecución del proyecto con forme al cronograma de trabajo.

Resultados

El planteamiento de la ONAC al Indert, de dar solución a la falta de acceso a agua apta para consumo humano en comunidades rurales, resultó en la utilización exitosa de programas de la institución, a través del Fides, para la construcción de infraestructuras necesarias para garantizar el acceso a agua potable a pobladores de asentamientos campesinos, para paliar la difícil situación en que vive este sector de la población paraguaya a consecuencias del abandono estatal.

A finales de 2014, la ONAC y el Indert firmaron el convenio de ejecución del proyecto Arraigo y Desarrollo de los Agricultores Familiares Campesinos con inversión de recurso del Fides de 1.977.735.000 guaraníes (USD 315.000 aproximadamente), en la construcción de sistema de abastecimiento de agua potable en cinco asentamientos campesinos:

• María Auxiliadora, asentamiento campesino ubicado en el departamento de Amambay, distrito de Capitan Bado.
• 15 de Agosto, asentamiento campesino situado en el departamento de San Pedro, distrito de Liberación.
• Cerrito, asentamiento campesino que se halla en el departamento de San Pedro, distrito de Nueva Germanía.
• San Miguel, asentamiento campesino del departamento de Caaguazú, distrito de Carayao.
• San Antonio, asentamiento campesino del departamento de Caazapá, distrito de 3 de Mayo.

La ejecución de un proyecto de esta naturaleza requiere la participación de los beneficiarios desde el diseño hasta el final, que impacta positivamente en el fortalecimiento organizativo. El proceso participativo propicia un ambiente de sentido de pertenencia a la organización de manera que impulsa una mayor integración comunitaria, resultando como un hecho generador de unidad entre los pobladores para realizar reivindicaciones en otras áreas carenciadas de la comunidad.

A la ONAC, representa el cumplimiento de su función natural de interlocutor entre la clase campesina con el Estado en la búsqueda de mejorar la condición de vida del sector de la Agricultura Familiar Campesina. Además, refuerza su posición ante instituciones estatales y reconocimiento en la sociedad como gremio de agricultores familiares. Por otro lado, significó un salto cualitativo como institución en cuanto a manejo de proyectos y calificación humana.

Pero, lo más importante fue hacer sentir a la gente la existencia del Estado, que hasta entonces los mantenía abandonada a su suerte en zonas aisladas. En estos lugares, nunca antes se sentía la presencia efectiva del Estado. Las pocas infraestructuras existentes en las comunidades son resultados del esfuerzo comunitario y los servicios públicos existentes además de muy básicos son muy precarios. La poca aportación a estas comunidades del proyecto devolvió la esencia humana a las personas en una sociedad muy excluyente.

Actualmente, la aplicación de recursos del Fides, ha posicionado al Indert como la institución estatal responsable de garantizar el derecho al acceso a agua potable a la población rural. En 2015, la institución contabilizaba 1.100 colonias campesinas, de las cuales mas de 50% no contaban con acceso a agua potable, una cantidad muy inferior a inicios del año 2.000. Hasta la fecha, ya llevan construidos más de 300 pozos artesianos con sistema de distribución domiciliaria en los asentamientos campesinos.

Conclusiones

El acceso a agua potable es un derecho fundamental en la vida de las personas, pero en Paraguay todavía persiste la paradoja de ser un país rico con este recurso natural y al mismo tiempo gran parte de la población no tiene garantizada el acceso sostenible a agua apta para el consumo en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades básicas diaria, aunque en los últimos tiempos las instituciones públicas realizan algunas acciones en busca de garantizar a los habitantes este derecho humano.

La ONAC, con planteamiento político, incidió para que el Indert haga una reflexión sobre su grado de responsabilidad, como órgano del Estado, en el incumplimiento de un derecho humano consagrado a personas arraigadas en tierras destinadas a la reforma agraria bajo su administración. Finalmente, el ente agrario realizó ajustes en las funciones del Fides para destinar recursos en la construcción de sistema de distribución de agua potable a beneficios de familias agricultoras socias de la organización. Hasta entonces, la institución difícilmente realizaba obras de esta naturaleza con argumento de que estaban fuera de sus facultades legales, ya que en el ámbito estatal existen otras instituciones encargadas de ejecutar las políticas sanitarias del gobierno.

El Estado, no necesita invertir grandes cantidades de recursos por los habitantes de las comunidades rurales para dar condición necesaria de mejorar la calidad de vida a la población. En este caso concreto, con una inversión per cápita de USD 75 aproximadamente, al menos 4.000 personas accedieron a unos de los factores esenciales para la vida digna de todo ser humano y para el arraigo en tierras destinadas a la reforma agraria.

La falta de acceso a agua apta para el consumo humano en las comunidades campesinas se debe a que el Estado no ha acompañado con infraestructuras necesarias el crecimiento en número de personas la población rural. Si bien, en los últimos años el Indert ha sido un actor importante para reducir el déficit, no obstante, todavía está lejos de ser suficiente. En la actualidad, solamente alrededor de 40% de la población rural tiene garantizada el acceso sostenible a agua.

En Paraguay, la organización tiene un significado más profundo y representa mas que un gremio. Es una figura presente en la vida de sus asociados/as, de existencia ideal que representa casi una divinidad a la cual recurren en busca de orientación, formación, protección y solución a los problemas. La organización campesina forma parte de la cultura e historia paraguaya y está caracterizada en el ideario popular como agente formadora de valores; esperanza de cambios de realidades rurales y figura transformadora de paradigmas sociales perjudiciales a la clase campesina.