[Audio] Legisladores proponen crear Fondo que garantice el derecho a la alimentación

Diputados del Frente Amplio, la principal bancada legislativa de la oposición, presentó en conferencia de prensa un paquete de medidas para atenuar los impactos negativos de la epidemia de Covid-19 en Uruguay.

“El objetivo es aportar soluciones para enfrentar la emergencia sanitaria que impactó en la salud, la economía, el trabajo, la educación y la vida cotidiana de la gente”, dice el documento presentado el miércoles 6 de mayo por parte de los diputados de la coalición de izquierda.
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Siete de estas iniciativas son proyectos de ley que se tratarán directamente en el Poder Legislativo, y cinco, minutas de comunicación al Poder Ejecutivo.

La minuta de comunicación –también llamada de aspiración en la jerga parlamentaria- es un mecanismo utilizado por el Poder Legislativo para sugerirle iniciativas al Poder Ejecutivo sobre las que el primero no tiene competencias.

Una de estas minutas se propone la creación de un Fondo para garantizar el Derecho a la Alimentación a aquellos sectores en condición de vulneración económica o social tienen dificultades para acceder a los alimentos.

Este Fondo se financiará con lo recaudado a partir de la creación de un impuesto a las bebidas gaseosas y productos comestibles ultraprocesados. Los recursos recaudados por el nuevo impuesto se volcarán al Instituto Nacional de Alimentación (INDA) para la compra de alimentos a las organizaciones de la producción familiar y de la pesca artesanal, y así, fortalecer la asistencia a personas e instituciones que reciben el apoyo de esta dependencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Según lo expresado por el diputado electo por el departamento de Canelones, Ubaldo Aita, más allá de la atención puntual a la emergencia social provocada por la epidemia, hay que seguir trabajando en un proyecto de ley que cree un sistema que promueva la soberanía alimentaria y garantice el derecho a la alimentación de la población del país.

La motivación para aumentar la carga impositiva sobre alimentos ultraprocesados y gaseosas se sustenta en la necesidad de desestimular el consumo de estos productos por sus consecuencias negativas sobre la salud de las personas, en el entendido que son fuente de sobrepeso y obesidad, y causa de enfermedades no transmisibles, como algunos tipos de cáncer, diabetes, hipertensión y accidentes vasculares, entre otras. Las enfermedades no transmisibles son la causa de muerte prematura de casi el 60% de los fallecidos en Uruguay.

La aplicación de un impuesto a estos productos se justifica con el mismo criterio empleado para fundamentar el aplicado al tabaco, considerado como una herramienta eficaz para desalentar su consumo.

Asimismo, en el caso que el Poder Ejecutivo lleve adelante esa iniciativa, se fortalecería la política pública que tuvo su expresión formal en la promulgación de la ley 19.292, que declara de interés general a la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal y crea un régimen de compras estatales que beneficia a las Organizaciones Habilitadas de la producción familiar agropecuaria y de la pesca artesanal, y reserva un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para las compras centralizadas y del 100% para las no centralizadas, de bienes alimenticios provenientes de Organizaciones Habilitadas, siempre que exista oferta.

La minuta de aspiración deberá ser debatida primero en la Cámara de Diputados para luego ser enviada al Poder Ejecutivo.