[Audio] CNFR manifestó su voluntad de colaborar en el reencauzamiento de una política pública de acceso al agua

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, en el marco de una entrevista al semanario Búsqueda publicada el 7 de mayo, anunció que se suspendería la ejecución de la convocatoria Más Agua para el Desarrollo Rural, información que fue confirmada esa misma tarde por el director general de Desarrollo Rural, Pablo Lanz, en una entrevista con un programa de radio.

Esta convocatoria, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), impulsaba por la vía del subsidio la adopción de medidas que permitieran mejorar la capacidad de las explotaciones agropecuarias para administrar el suministro, uso eficiente, y aprovechamiento del agua. Abarcaba a todos los sistemas productivos y las inversiones financiables iban desde la perforación de pozos, construcción de tajamares, sistemas de distribución para alimentar bebederos para el ganado o riego de cultivos, entre otras.

Además, tenía una característica particular: su objetivo estratégico era iniciar la construcción progresiva de un sistema nacional de asistencia técnica, extensión rural y transferencia tecnológica en el que las organizaciones de la producción familiar tenían un rol protagónico como Agentes Territoriales de Desarrollo Rural (ATDR), que potenciaba la articulación de la institucionalidad pública agropecuaria con ellas.

Del proceso de selección de organizaciones de la sociedad civil que postularon ante la DGDR para oficiar como ATDR, quedaron aprobadas 76 propuestas, presentadas por 73 organizaciones ubicadas en todos los departamentos del país. El proceso de firma de contratos con los ATDR se encuentra finalizado, lográndose la firma de 75 de los 76 contratos entre los ATDRs y la DGDR. El caso restante declinó seguir participando, quedando su correspondiente contrato sin la firma requerida.

Asimismo, fueron habilitados 381 técnicos, que se encargarían de la presentación de proyectos prediales y el correspondiente acompañamiento de los productores hasta que completasen la ejecución de su iniciativa.

Respecto a los proyectos prediales, al cierre del plazo de postulación se presentaron 3046 proyectos que involucran un total de 3442 productores, que además de la supervisión de la correspondiente ATDR que operaba en su zona, contaban con el aval de la respectiva Mesa de Desarrollo Rural.

Luego de un proceso de evaluación, la DGDR aprobó 2.574 proyectos, que involucran a un total de 2.905 productores. Los productores con proyectos aprobados se desempeñan en prácticamente todos los sistemas productivos, a saber: Apicultura, 7; Aves, 24; Caña de Azúcar, 41; Caprinos, 2; Cerdos, 15; Cereales Oleaginosos, 26; Floricultura, 3; Forraje, 7; Fruti-citricultura; 65; Ganadería de Carne, 1536; Ganadería de Lana, 83; Horticultura, 418; Lechería: leche fluida, 517; Quesería Artesanal, 125; Otros, 11; Tabaco, 1; Viticultura, 24.

De acuerdo a las Bases, el llamado definió una consideración especial para el pago de Asistencia Técnica, en el caso de productores que cumplen con la condición de Familiar (otorgado por el Registro de Productores Familiares – RPF – de la DGDR), y que además tanto ellos como titulares del beneficio solicitado y sus grupos familiares, no hubieran recibido apoyos previos.

De los 2.905 productores aprobados, un total de 1.318 cumplen con ambas condiciones. Esto significa que el 45% de los productores con proyectos aprobados recibirían por primera vez algún tipo de apoyo de la DGDR.

Los argumentos esgrimidos por las autoridades del MGAP para anular la ejecución de la convocatoria fueron dos, en principio, manifestaron errores en el diseño del llamado, y en segundo término, que el monto de dinero que debería invertirse para subsidiar los proyectos aprobados superaba el monto disponible.

Respecto al diseño de la convocatoria, no hubo mayores explicaciones, y en cuanto a la falta de recursos para la ejecución, en las bases del llamado se expresaba que se trataba de fondos concursables, por lo que apoyarían tantos proyectos como fuera posible con los recursos disponibles. De acuerdo a la información relevada, los recursos comprometidos para la ejecución de este llamado alcanzarían para subsidiar aproximadamente 2000 proyectos prediales.

Teniendo en consideración las particularidades en la asignación de subsidios y pagos por concepto de asistencia técnica, establecidos por bases del llamado, el monto total a que ascienden los proyectos que cuentan con la condición de Aprobados es de U$S 22.814.233,75. Los fondos disponibles para el financiamiento de la convocatoria superan por poco los 15.000.000 de dólares.

Frenando López, secretario de Comisión Nacional de Fomento Rural y tesorero de COPROFAM, expresó sobre la anulación de la convocatoria que “éste es un tema delicado y sensible”, y por fuera de lo que podría interpretarse como análisis políticos sobre la gestión de anteriores o actuales gobiernos, “si podemos manifestar nuestra preocupación, ya que hubo un esfuerzo muy importante”, de las organizaciones para calificar como ATDR, y de ellas en conjunto con los productores para la formulación de los proyectos prediales, “con la paradoja de que hay una emergencia agropecuaria en una zona importante del país” por déficit hídrico.

CNFR, a partir del conocimiento de la noticia por canales no oficiales, y “de la preocupación de muchísimos productores y de Sociedades de Fomento Rural, hemos pedido una entrevista al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, para hablar sobre el tema. Queremos escuchar sus argumentos, pero sobre todo, cuál es el Plan B. Cuál será el camino a seguir, que creo es lo más importante. Sabemos que hay mucha gente que con su proyecto aprobado hizo inversiones (correspondientes a la contraparte que debían aportar para la ejecución de la propuesta de cofinanciamiento), y también con lo que referido al rol de los ATDR, que muchos de ellos son Sociedades de Fomento Rural”.

Según el referente de CNFR, al escuchar de primera mano cuál es la posición del MGAP, permitirá ver “cómo colaboramos para que realmente se encamine una política pública” orientada a la producción familiar, con el agregado que en este caso, se vincula “a facilitar el acceso al agua y evitar los efectos negativos del cambio climático. Pensamos y tenemos clarísimo que para un país como Uruguay esto es una inversión, no un gasto”, concluyó López.