[Audio] Objetivos, financiamiento e integración del Instituto Nacional de la Granja preocupan a CNFR

En la última sesión de Mesa Ejecutiva de Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) se abordaron varios temas, todos relacionados con la nueva coyuntura política del país, consolidada a partir del cambio de autoridades del gobierno nacional. En este sentido, Mario Buzzalino, vicepresidente de CNFR, expresó que la gremial sigue atentamente a “todo lo que va surgiendo y tratando de incidir en todo lo que se pueda”.

El referente de CNFR recordó que CNFR ya participó en una reunión en el Parlamento en el que expresó su parecer sobre algunos artículos contenidos en el proyecto de ley de urgente consideración (PLUC), que modifican la normativa vigente en lo que respecta al Instituto Nacional de Colonización (INC) y la titularidad de la tierra y de las explotaciones agropecuarias; al Instituto Nacional de Carnes (INAC); al Sistema Nacional de áreas Protegidas (SNAP); y el monopolio de Ancap, la empresa petrolera estatal; entre otros.

“La posibilidad que da este Uruguay de nosotros, en el que las organizaciones gremiales pueden participar y aportar en temas tan importantes. No lo consideramos un regalo, es natural, lógico, y que está bien que así sea”, destacó Buzzalino.

Una de las principales objeciones al PLUC refiere a la posibilidad de que las Sociedades Anónimas con acciones al portador puedan adquirir tierras, dado que “en un mundo con gente con mucha plata, con países muy ricos, con la necesidad de producir alimentos, que Uruguay de esa chance, nos parece bastante disparatado”, sostuvo el dirigente gremial.

Acerca del INC, agregó que “lo sentimos como propio” en el entendido que CNFR tuvo un rol protagónico en su creación, en 1948, concluyendo que además, “es la única herramienta en este país para que los productores chicos, los asalariados rurales o los hijos de los productores puedan acceder a la tierra”.

En otro orden, se hizo pública la nueva redacción del articulado que –de ser aprobado por los legisladores- crea el Instituto Nacional de la Granja bajo la forma jurídica de “persona pública no estatal”, encomendando al Poder Ejecutivo que “en un plazo de 180 días, y al cabo de un proceso de consulta con las organizaciones que componen la cadena respectiva”, remita al Parlamento un proyecto de ley “que establezca los cometidos, el alcance, la integración de su órgano directivo, el financiamiento y la forma de actuación” del nuevo instituto.

Con respecto a la creación del Instituto Nacional de la Granja, Buzzalino sostuvo que “pensamos y decimos lo que pensábamos y decíamos desde hace años, cuando se comenzó a hablar del tema. “Para nosotros no es una cuestión de formas sino de contenidos. Hoy, tanto la Junta Nacional de la Granja (Junagra) como la Dirección General de la Granja (Digegra) son organismos que funcionan, que han canalizado muchos recursos”, a veces “con algunos atrasos, o con algunas dificultades. Uno de los problemas más serios de la Junagra es la falta de equipo, de personal, para poder llevar adelante su actividad en un sector muy dinámico y con muchas complejidades”.

El integrante de la Mesa Ejecutiva de CNFR aseveró que “no nos oponemos a la creación del Instituto General de la Granja. Lo que sí nos preocupa son tres aspectos: objetivos, financiamiento e integración”, que no se consideran en el PLUC. “Hubiéramos preferido que esto ya quedara establecido en el proyecto de ley, porque eso da muchas más seguridades”.

Buzzalino expresó que CNFR está dispuesta a colaborar y participar en el proceso de creación del nuevo instituto, y también “integrar” su directorio.

La última redacción del artículo 370 del PLUC crea un vacío institucional en la medida en que de aprobarse en los términos propuestos, y promulgada la ley, tanto la Junagra como la Digegra dejan de existir como instituciones. En este escenario, y considerando que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para remitir al Poder Legislativo el proyecto de ley que regule el funcionamiento del Instituto Nacional de la Granja, y que no hay plazo para que Senadores y Diputados lo aprueben, el sector granjero carecerá de un interlocutor oficial con quien interactuar y, de una forma u otra, atender sus necesidades, ejecutar iniciativas y generar lineamientos de políticas públicas.

Según Buzzalino, esto “nos parece un disparate. Hay una cantidad de proyectos en ejecución, otros suspendidos pero que se supone se van a retomar. El vicepresidente de CNFR afirmo que “el sector granjero no resistiría estas cosas, o al menos, generaría dificultades adicionales a las que ya tenemos”.