Alto nivel de corrupción obliga a paraguayos/as a exponerse a una agónica muerte por Covid-19

Para cualquier persona en un país como Paraguay, que cuenta con un precario, rudimentario e improvisado sistema de salud pública, contraer la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19) significa exponerse a una lenta, dolorosa y agonizante muerte. No obstante, el alto grado de corrupción en todas las instituciones públicas obligó a la ciudadanía a asumir el riesgo de un posible contagio por el virus y enfrentar las consecuencias que con lleva contraer la enfermedad. En los últimos días, miles de personas salieron a las calles a protestar contra la corrupción y la impunidad reinante en el país.

Por la pandemia del Covid-19, las autoridades decidieron adoptar estrictas medidas sanitarias de aislamiento social al fin de evitar la propagación de la enfermedad en el país, que obligó a la población a tolerar una prolongada reclusión en sus casas. Desde el inicio, la población respondió al llamado del gobierno de permanecer en su domicilio y salir a la calle solamente en caso de extrema necesidad, pero al pasar el tiempo el hambre empezó tocar la puerta y pasaba formar parte del día a día de la mayoría de paraguayos/as, que consientes de la situación de la salud asociada al miedo de enfermarse por Covid-19 todavía resisten y cumplen tres meses encerrados.

A inicios de la reclusión social, la aprensión de la gente sobre las posibles consecuencias de la pandemia aumentaba por los bombarderos de informaciones recibidos a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Las noticias sobre el Covid-19 acapararon los titulares de los diarios, programas televisivos y radiales, así también las publicaciones en las redes sociales durante las 24 horas de cada día. Sin embargo, a pocos días las malas noticias sobre coronavirus en los medios fueron reemplazadas por informaciones sobre otro mal que también castiga al Paraguay: la corrupción.

Por los hechos de corrupción descubiertos desde la vigencia de la política sanitaria, al parecer las autoridades consideran que la pandemia les otorga poderes extraordinarios para abusar de los recursos públicos. En todos los programas diseñados para minimizar el impacto económico y social de la medida sanitaria de reclusión social ejecutados por el gobierno central, de las gobernaciones y municipales hubo denuncias de negociados en la adquisición de insumos hospitalarios, productos de higiene y compras de alimentos para sectores carenciados.

El nivel de corrupción es tan alto, que después de 88 días de cuarentena el sistema de salud todavía está en día cero. La política aislamiento social fue adoptada para ganar tiempo mientras se acondiciona la salud pública, pero hasta el momento no hubo grandes avances en el área que justifique los gastos realizados y el tiempo transcurrido. Por la filtración a la opinión publica de que las licitaciones convocadas para la compra de insumos y equipos hospitalarios estaban empañadas por irregularidades como sobre facturaciones, estafa y favoritismos a empresas de maletín, el Ministerio de Salud anunció la suspensión de todas las llamadas y al mismo tiempo informó que la cartera cuenta con equipos de protección individual para unos dos meses.