Presidente ignora los altos niveles de corrupción y de pobreza en el país
“Paraguay tiene estimaciones de pobreza del 30-50% y está plagado de corrupción” publicó The Guardian, uno de los periódicos de mayor prestigio en el mundo, en la nota titulada: Uruguay y Paraguay como países que contrarrestan la tendencia que tiene el coronavirus en Latinoamérica. En la publicación, el medio británico destaca las similitudes entre ambas naciones, los buenos resultados obtenidos en la lucha contra el coronavirus, pero también resalta las grandes diferencias sociales existentes, ya que Uruguay es un país progresivo y con el índice de pobreza más bajo de América Latina.
“El presidente Mario Abdo Benítez llegó al poder en 2018 con la promesa de centrarse en la lucha contra la corrupción y las drogas tráfico, lo que implica que su predecesor (y colega del partido) Horacio Cartes carecía de voluntad política para actuar en estas áreas. Sin embargo, no ha sucedido mucho en el espacio anticorrupción desde 2018”, acentúan las organizaciones Américas Society/Council of the Américas (AS/COA) y Control Risks en el informe Índice la Capacidad de Combatir la Corrupción (CCC) 2020. “Prácticamente todas las instituciones judiciales permanecen fuertemente politizadas, de arriba a abajo, con jueces seleccionados principalmente a lo largo de líneas partidarias”, afirma el estudio.
Sin embargo, estos problemas fueron ignorados por el presidente de la Republica, Mario Abdo Benítez, el pasado miércoles 1 de julio en la presentación de su segundo informe de gestión ante el Congreso Nacional, en un año marcado por la crisis sanitaria, política y social generada por la pandemia del coronavirus. El país esperaba con grandes expectativas explicaciones sobre los casos de corrupción y planes para combatir la pobreza, para calmar los ánimos en plena crisis que impulsa el descontento social.
Cabe recordar que al confirmarse el primer caso positivo del Covid-19 en el país, el 10 de marzo el gobierno adoptó la política de aislamiento social para frenar la propagación del virus. Además, el Estado realizó un préstamo de USD 1.600 millones, para minimizar el impacto económico de la crisis y principalmente evitar grandes daños sociales. No obstante, los programas de asistencias de emergencias destinados a sectores más carenciados no tuvieron una cobertura universal y presentaron varias falencias, que agravó la problemática del hambre en el país.
Además, los varios casos de corrupción descubiertos en la compra de insumos en instituciones públicas como el Ministerio de Salud, Petróleos Paraguayo o Dirección de la Aeronáutica Civil, desde la vigencia de la política de aislamiento social, representan gran dolor de cabeza para la actual administración. La falta de iniciativas y acciones concretas proveniente del Ejecutivo para combatir la corrupción y castigar a los responsables de varios hechos ilícitos originó un descontento social generalizado, que incluso pone en peligro los buenos resultados obtenidos en la lucha contra el coronavirus.
