En el Día Internacional de la Mujer Indígena la CCP exige políticas públicas que valoren su aporte al desarrollo integral del país

Desde hace 37 años, cada 5 de setiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, el mismo que fue instituido con la finalidad de valorar su importante aporte al desarrollo integral de los pueblos y con la finalidad de que los países promuevan políticas públicas que reconozcan sus plenos derechos.

Sin embargo, más allá de las declaraciones protocolares que se expresan en esta fecha, aún nuestras mujeres indígenas de las comunidades amazónicas, quechuas, aimaras y otras nacionalidades, aún siguen siendo uno de los sectores sociales que más sufren exclusión y marginación.

Pese a esa exclusión, las mujeres indígenas peruanas como integrantes de nuestras comunidades, siguen cumpliendo un destacado rol en la lucha contra la pobreza, en la defensa y preservación de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, y son además las abanderadas de la preservación del legado cultural de nuestros países.

Por ello, en esta fecha es importante rescatar también el carácter histórico y libertario de la misma pues un 5 de setiembre de 1782 fue asesinada la lideresa aimara Bartolina Sisa, esposa de Túpac Katari, por liderar una de las sublevaciones indígenas en el territorio altiplánico contra las fuerzas españolas.

La Confederación Campesina del Perú, CCP, que siempre ha tenido en su dirección gremial a destacadas mujeres y por cuyas filas han transitado innumerables dirigentas y lideresas que han enarbolado los derechos de las mujeres indígenas, remarca una vez más el rol que ellas vienen jugando en escenario de la pandemia para contribuir a la alimentación de la población peruana desde la agricultura familiar y campesina.

Por ello, en este Día Internacional de la Mujer Indígena desde la CCP, les rendimos un justo y merecido homenajes y al mismo tiempo, renovamos nuestra exigencia al gobierno nacional, así como a los gobiernos locales y regionales, para que se implementen políticas públicas que contribuyan a su reconocimiento y a promover su desarrollo social, cultural, político y económico.

Es decir, políticas públicas que promuevan el desarrollo humano integral de las más tres millones de mujeres indígenas, campesinas y amazónicas que viven en todas nuestras comunidades originarias.