[Video] Demandan al gobierno observar la ley que promueve el tráfico de tierras y pone en riesgo a los defensores de los derechos humanos

El Presidente Martín Vizcarra debe observar el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, mediante el cual, con el pretexto de ampliar plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales, lo que hace es facilitar que los traficantes de terrenos sigan perjudicando a las comunidades campesinas, sobre todo de la costa.

Así lo sostuvo el abogado Miguel Jugo Viera, integrante del Consejo Consultivo de la Confederación Campesina del Perú, quien se suma a las exigencias que vienen haciendo otras organizaciones e instituciones que cuestionan la norma aprobada por el Congreso, que también ponen en riesgo la integridad de los defensores de los derechos humanos.

Este proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso el mes pasado, aprovechando que la atención del país estaba centrada en la crisis política que buscaba vacar al Presidente Vizcarra, lo que va a generar es más violencia en contra de las comunidades campesinas sobre todo en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima, que son las que más han sufrido los ataques de los traficantes de terrenos, remarcó Miguel Jugo.

El integrante del Consejo Consultivo de la CCP recordó que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, el tráfico de terrenos es el segundo delito que más dinero genera a las mafias delincuenciales, después del tráfico de drogas; y una norma como la aprobada por el Congreso va a estimular esta actividad ilegal.

Hay que remarcar que diversas instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Lomas del Perú, el Instituto de Defensa de Legal, así como organizaciones de organizaciones representativas de las comunidades campesinas, se han venido pronunciando contra la aprobación de esta norma.

Miguel Jugo pidió también a los representantes de los ministerios de Vivienda y de Justicia que se pronuncien a favor de observar la ley pues lejos de solucionar el tema de la formalización, se terminará poniendo en mayor riesgo los derechos de las comunidades campesinas.

A continuación, compartimos con ustedes el punto de vista del abogado Miguel Jugo, del Consejo Consultivo de la CCP: