A pesar que los ministerios del Ambiente y de Vivienda expresaron su desacuerdo con cuestionada ley que promueve el tráfico de tierras el gobierno no la observó

No solo fueron las organizaciones campesinas e instituciones de la sociedad civil las que expresaron su rechazo a la ley aprobada por el Congreso que estimulaba el tráfico de tierras afectando sobre todo a las comunidades de la costa; también el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el ministerio del Ambiente, MINAM, se pronunciaron en contra de la aprobación de esta norma.

Ante la inminencia de la aprobación de esta norma sin atender los cuestionamientos y sin un mayor debate en el Congreso, varias instituciones enviaron sendas comunicaciones al Presidente Martín Vizcarra, fundamentando sus observaciones y solicitándole que el Ejecutivo observara la norma por las graves consecuencias para las comunidades campesinas.

Sin embargo, no solo se atentaba contra los derechos territoriales de estas comunidades. De acuerdo a las evaluaciones del MINAM, esta norma impulsada por grupos interesados del Congreso no estaba considerando las implicancias ambientales. Por ello, recomendaron excluir de los alcances de la misma a los ecosistemas frágiles reconocidos por la Ley General del Ambiente.

Según se pudo conocer, el informe del MINAM señalaba que solo en Lima Metropolitana, uno de los ecosistemas más afectadas por las ocupaciones urbanas informales o invasiones de terrenos son las lomas costeras, de las cuales en los últimos años se han perdido aproximadamente 500 hectáreas.

Esto es corroborado por un informe de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, que sostiene que la posesión informal y tráfico de terrenos en ecosistemas frágiles, como lomas costeras, representa una amenaza latente contra los esfuerzos por conservar estos espacios estratégicos y mantener las condiciones que hacen posible la provisión de sus servicios ecosistémicos en la ciudad, como la regulación hídrica, la purificación del aire, albergue de especies de flora y fauna, entre otros.

Hay que remarcar que el Congreso de la República aprobó por insistencia al Ley N° 31056, “Ley que amplía los plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización”, al vencerse el plazo establecido para sea promulgada u observada por el Ejecutivo.

Hay que precisar que muchos de estos terrenos ocupados han sido producto de invasiones promovidas por los traficantes de tierras, una actividad delictiva que generan inmensas ganancias en detrimento del patrimonio de las comunidades.

Las organizaciones e instituciones que rechazan esta norma que estimula el tráfico de tierras y favorece esta actividad delictiva, continuará bregando para que en el próximo Congreso que se elija el año entrante se derogue o modifique esta norma.