Terminó un 2020 olvidable; luchemos para construir un 2021 mejor

Finalizó el 2020, un año que quedará marcado en la historia mundial como el de la pandemia, que puso a prueba al mundo. Indudablemente, ningún país estaba preparado para una situación de este tipo. Y, mucho menos, los países subdesarrollados como el nuestro.

El coronavirus dejó al descubierto todo lo mal que se hicieron las cosas en las últimas décadas: evidenció la falta de infraestructura del sistema sanitario, la escasez de recursos humanos y lo mal reconocidos que está el personal de la sanidad. Todo esto puso en jaque la salud de millones de argentinos. Muchas familias en nuestro país perdieron seres queridos por causa de este virus sin precedente, así como también la familia Federada tuvo pérdidas irreparables de grandes personas y militantes, incansables en la lucha por la defensa de los derechos de los pequeños y medianos productores. Ellos dejaron una huella imborrable en nuestra entidad y en sus comunidades, por eso explicitamos en estas páginas nuestro recuerdo y reconocimiento para ellos: Carlos Bergia, Celso “Pajaro” González, Gines García, Jorge Antonio Tarico y Raúl Kosinsky.

Por otro lado, durante este año vimos los caminos cortados entre provincias por decisiones autoritarias e inconstitucionales, y eso dejó reflejada la falta de herramientas institucionales para abordar la problemática del Covid-19. Además, dejó a la vista la impericia gubernamental y las consecuencias que aún hoy padecemos por el desmantelamiento del Ferrocarril como medio de transporte masivo para la carga y las personas, pese a que alguna vez lo tuvimos y fue orgullo nacional.

Analizar el 2020 nos obliga a recordar el mismo mes del 2019, en que el gobierno de Alberto Fernández recién comenzaba. En aquel momento, en el marco de una sesión parlamentaria maratónica (como ya es costumbre), se aprobó la ley de emergencia económica, social y sanitaria y luego la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Esta implicaba, entre otras cosas, la suba de tres puntos en las retenciones de soja y la reducción de alícuotas en otros productos como el girasol y algunas producciones de economías regionales. Desde FAA trabajamos contrarreloj para que se incluyeran en ese proyecto compensaciones a pequeños y medianos productores. Y, aunque la propuesta federada siempre fue con un esquema que implementara un mínimo no imponible, progresivo y que contemplara las distancias a puertos, desde el Gobierno optaron por la opción oficialista que se hizo efectiva hace unos días, a casi un año de su aprobación. Eligieron compensar, pero no segmentar.

Valoramos este tipo de políticas, y creemos que son las correctas en su sentido amplio, pues desde siempre hemos dicho que, con o sin retenciones, necesitamos políticas diferenciadas; porque no podemos competir con los grandes productores, por escala ni por costos. También reiteramos que, mientras existan las retenciones, deben segmentarse.

Para nuestro sector fue un año muy intenso en muchos sentidos. Con el caso Vicentin vimos la peor cara de este gobierno, hasta ese momento, pues realizó una intervención y fallida expropiación de esta empresa. Se trató de un caso más que claro de atropello a la República y su división de poderes, que generó diversos repudios en la opinión pública. Desde nuestra entidad expresamos claramente que el Estado debía intervenir para asegurar el cobro de los acreedores, pero que era inaceptable que avanzara con una expropiación sin declaración de utilidad pública emanada por el Congreso de la Nación. Reiteramos en todos los ámbitos que pudimos que debía generarse un camino donde fuera el cooperativismo quien pudiera llevar adelante una porción de las exportaciones, asegurando con ello —y por su intermedio— la reactivación de los pueblos del interior, con las raíces cooperativas por el bien común, la redistribución de la riqueza y la participación activa de los actores locales.

Y no sólo en relación con Vicentin pusimos en agenda pública el rol protagónico que debían tener el cooperativismo y el asociativismo como modelo de desarrollo. Cuando se comenzó a hablar de que se podrían instalar 25 mega granjas de cerdos de 12000 madres cada una, con el único objetivo de abastecer la demanda china, también remarcamos estos principios. Salimos públicamente a expresar que debía defenderse otro modelo productivo, priorizando el desarrollo de los pequeños y medianos productores locales, a través de un sistema asociativo y cooperativo. Advertimos reiteradas veces que se necesitaba “un plan porcino desde la producción y para el progreso de todos, con efectivo desarrollo local y producción sostenible”.  Sobre este mismo proyecto, dijimos claramente: “Preferimos que haya muchos productores por provincia o región con módulos más pequeños para producir la cantidad necesaria para satisfacer las expectativas, que den trabajo y arraigo en el interior, antes de que haya solo una mega granja”. La producción porcina es clave en nuestro ideal productivo, la chacra mixta, en la que los productores rotan cultivos y combinan esa actividad con alguna otra producción regional como un tambo o ganado de diferentes tipos, entre ellos la cría de cerdos. La potencialidad para el desarrollo territorial de este tipo de producción es muy relevante en términos de empleo y demanda mano de obra y compra de insumos locales. No hay duda de que debemos transformar los granos en más proteínas animal de calidad, ya que es uno de los caminos para reactivar la economía argentina”.

Otra de las dificultades que debimos atravesar los productores en este año tan difícil fue la proliferación hechos delictivos en zonas rurales, situaciones indignantes en las que se multiplicaron los abigeatos, roturas de silos bolsas, robo de maquinaria y pérdidas humanas irreparables, pues hubo productores que fueron asesinados en sus campos cuando les intentaron robar. Cada hecho delictivo antes nombrado, se dio en diferentes provincias de Argentina, lo que indica claramente que las zonas rurales están a la deriva y sin protección de la justicia, más allá del color político que las gobierne.

En otro orden de cosas, también nos impactó que, tras la aplicación del Cepo al dólar que realizó el gobierno, se produjo un desdoblamiento cambiario que provocó básicamente un desconcierto económico a la hora de comprar insumos. Esto ya ocurrió en otras oportunidades, y este año se repitió. Esto se contrapone a que, a la hora de vender los commodities, el dólar de referencia es otro, que nos perjudica fuertemente a los productores. A modo de reseña comento un ejemplo de la locura monetaria en la que estamos inmersos: en actualidad contamos con dólar oficial o minorista (el precio al que pueden acceder los particulares pero siempre dentro del cerco de US$200 establecido por el cepo); dólar blue (el billete que se vende en el mercado informal, a través de cuevas o “arbolitos” en la calle); dólar ahorro/tarjeta o dólar turista/solidario (tiene el recargo del 30% dispuesto por el Gobierno sobre las compras realizadas con tarjeta en moneda extranjera y sobre la adquisición de divisas para atesoramiento dentro del circuito oficial); contado con Liqui (es una operación legal para conseguir dólares en el exterior que se convirtió en el camino preferido de las empresas, grandes y concentradas por cierto, pues compran títulos o acciones argentinas en pesos y luego se venden en el exterior en dólares); dólar mayorista (el que se usa para el comercio exterior, el pago de deudas dolarizadas y de dividendos. Teóricamente es el que incide en la fijación de los precios de los productos importados); dólar para industria y servicios (por el efecto de las retenciones, los exportadores de manufacturas y de servicios reciben en realidad un dólar a un valor más bajo que el oficial, y mucho más bajo que el blue. Dentro de esta categoría, hay distintos valores para quienes exportan carne y lácteos, para trigo, maíz y girasol y para la soja, es decir que las reglas de juego son dispares, injustas y desmotivadoras para la producción de bienes).

Esta narración, casi imposible de seguir por lo intrincada y compleja, describe un escenario hostil, que nos hace perder precios de referencia, genera inflación y desigualdad. Y pese a que el objetivo del gobierno habría sido el de controlar, las pruebas demuestran que con el tiempo se volvió casi incontrolable. En este contexto, en la mayoría de los casos en las producciones de nuestros representados se realiza la venta en pesos, porque claramente somos los que abastecemos el mercado interno. Pero todos nuestros insumos están atados a un dólar que, dependiendo la ocasión, aplican siempre en nuestro desmedro.

Además, la agenda pública en políticas parlamentarias para nuestro sector tendrá impactos muy negativos con un conjunto de leyes que han sido aprobadas y nos complican aún más, como son el mal llamado impuesto a la riqueza y la modificación de la ley de manejo de fuego. Esta última fue aprobada con un grado de desconocimiento que, no tenemos dudas, pasará a la historia por ser una de las leyes más vergonzosas por la falta de argumento técnico y científico que ostenta. En efecto, prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio. Esta prohibición se aplica independientemente de que los incendios fueran provocados o accidentales. Da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual puede no tener responsabilidad alguna.

En síntesis, aquí sólo enumeré algunos problemas que debimos atravesar este año. Pero fueron más. Y preocupa muchas veces encontrar cierta animosidad contra el sector, que lejos de cerrar la grieta y unirnos a todos los argentinos para trabajar en pos del bien común, para superar las enormes crisis que arrastramos y fueron profundizadas por la pandemia, no hacen más que agrandarla. Esperamos con ansias que esto cambie. Que los políticos puedan ver la enorme oportunidad que ofrecemos los productores, si nos tratan de manera adecuada.

Y para mostrar esto alcanza con analizar lo que sucede en nuestros países vecinos. Allí se ve que una política agropecuaria bien aplicada a largo plazo es posible, deseable y muy beneficiosa para el sector y para toda la Nación. Paraguay, con su política ganadera, a la fecha exporta más carne que Argentina. Brasil y su desarrollo agropecuario con un crecimiento exponencial sea con un gobierno de centro izquierda o de derecha liberal. Chile con un paso corto pero incesante, con ejemplos claros de acceso al crédito a la agricultura familiar y desarrollo territorial. Uruguay con su plan de uso y tenencia de la Tierra, que fue el modelo que le presentamos al Gobierno nacional y luego instamos a que se realizara una primera reunión con quienes desarrollaron el mismo en el país oriental. Lamentablemente, aún no tuvimos respuesta oficial de cómo avanzar para poder poner en funcionamiento algún instrumento que permita el acceso a la tierra y a los medios de producción por parte de la agricultura familiar. Pero todos estos ejemplos demuestran que es un camino que podemos transitar y que nos permitiría consolidarnos como sector. Esperamos que en 2021 podamos dejar de lado las diferencias, las animosidades y avanzar en este sentido.

Cabe destacar que en este año y junto a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias le presentamos al presidente Alberto Fernandez 14 puntos, en el que por supuesto estaban la aplicación de compensaciones para pequeños y medianos productores mientras existan las retenciones, y junto a esa compensación debería haber salido un fondo de estímulo para las economías regionales tan vapuleadas, gobierno tras gobierno con un gran potencial pero sin políticas públicas que las hagan despegar.

Para finalizar, este balance, quiero expresar un deseo. Queridos federados, en este 2021 los insto a “pisar el poncho” ante tanto atropello hacia nuestro sector. Porque en 2020 nos consideraron esenciales en plena pandemia, porque somos quienes producimos los alimentos, pero luego aplicaron políticas públicas que no nos permiten desarrollar un modelo productivo inclusivo, sostenible y de contención de los pequeños y medianos que le ponemos el hombro todos los días. Nosotros debemos seguir adelante y luchar por nuestros derechos, para tratar de avanzar, pero si no nos dejan, que por lo menos plantemos un mojón para marcar el límite y que no nos hagan retroceder. Que tengamos un mejor año en el 2021.