CNFR planteará opciones a la iniciativa del gobierno que quita recursos al INC

Comisión Nacional de Fomento Rural fijará posición acerca del artículo contenido en la Rendición de Cuenta enviada el pasado miércoles 30 de junio por el Poder Ejecutivo al Parlamento, en donde incluye un artículo en el que crea el “Fideicomiso Integración Social y Urbana” que “permita avanzar más rápidamente” en la regularización y la relocalización de asentamientos urbanos, según expresó el presidente de la república, Luis Lacalle.

Este fideicomiso se financiará en parte con los recursos con los que cuenta el Instituto Nacional de Colonización (INC) para la compra de tierras, tal como dispone la ley vigente.

Al respecto, Ramón Gutiérrez, referente de la Comisión de tierras y Colonización de CNFR, manifestó que en el trascurso de esta semana la gremial, fijará su posición, aunque anticipo que el propósito del Poder Ejecutivo es escollo para que el INC cumpla con sus cometidos y un retroceso en la ejecución de políticas públicas que faciliten el acceso a la tierra a productores familiares y asalariados rurales, en un país donde 40 empresas explotan el 12% de las superficie productiva del Uruguay, aproximadamente la misma superficie que más de 20000 familias productoras.

Asimismo, esta definición se contraria a lo propuesto por CNFR en el documento elaborado por la gremial y que le fuera entregado a todos los candidatos en pugna por alcanzar la Presidencia de la República en la última instancia electoral. En el documento “Propuestas de Políticas Públicas Diferenciadas para la Producción Familiar”, publicado y distribuido en septiembre de 2019, sobre la cuestión de la tierra y la función del INC, CNFR propone “Estudiar nuevos mecanismos para aumentar su capacidad de adquisición de tierras y de apoyo al colono. En tal sentido, es preciso revisar la estructura tributaria, la Ley de Fideicomisos y otras herramientas posibles que permitan un nuevo avance. Se debe también promover una mayor articulación de la implementación de la Ley de Colonización con la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, identificando zonas prioritarias, ya sea por manejo de áreas sensibles o por las oportunidades que brindan determinadas proximidades a mercados y servicios, entre otros.
La CNFR quiere plantear a los candidatos a la Presidencia de la República y sus respectivos partidos políticos, la necesidad de una ratificación o reconocimiento explícito del papel del INC como moderador en el mercado de tierras y como herramienta estratégica que se ubica en las bases y fundamentos de todo el conjunto de políticas diferenciadas para la PF. Sin políticas claras y sostenidas de acceso y tenencia de la tierra, afirmando la seguridad jurídica de la misma y fórmulas para el arrendamiento, que permitan la estabilidad, la inversión, la competitividad productiva y la traslación de dominio intergeneracional, será difícil que el conjunto de otras políticas pueda cumplir con sus objetivos y metas”.

Para Gutiérrez, no parece razonable “entrar a discutir en base a un falso dilema: si financiar la adquisición de tierras y el funcionamiento del INC, o financiar un programa de erradicación de asentamientos. Es claro que el Estado tiene un conjunto de fines y no parece razonable que haya que discutir” si se prioriza una u otra función.

En principio, desde la gremial se buscará consolidar un sólido paquete argumental y tejer las alianzas necesarias para que la iniciativa del Poder Ejecutivo no prospere en el ámbito parlamentario.

La discusión de fondo es cómo fortalecer la base social y política que permita proyectar al INC como un actor relevante para el conjunto de la sociedad uruguaya. “Sigue siendo importante la racional subdivisión de la tierra, el desarrollo rural integral, con familias en el campo, no si conviene o no financiar un programa de erradicación de asentamientos”, sostuvo Gutiérrez.

De aprobarse la iniciativa del Poder Ejecutivo, la recaudación del INC tendría una merma del orden de los 20 millones de dólares al año, agravando la situación del organismo, que ya vio reducido en un 90% sus ingresos como consecuencia de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto diseñada por el actual gobierno.

El INC tiene tres fuentes de ingresos: el cobro de la renta a los colonos, que alcanzaría para cubrir los costos operativos de la institución (salarios y materiales) y su excedente (una cantidad que es ínfima) se destina también para compra de tierras; a su vez la mayoría de los ingresos para esta última acción provienen del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y el adicional del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se aplica en las transacciones inmobiliarias del sector rural; por lo que quitar estos recursos de la órbita del instituto extirpa al Estado la principal herramienta para generar desarrollo real y sustentable.