La Segunda Reforma Agraria y la Agricultura Familiar

Escribe Víctor Torres Lozada, asesor de la CCP

El pasado 3 de octubre, en la fortaleza de Sacsayhuamán, ubicada en las inmediaciones de la ciudad imperial del Cusco, el gobierno de Pedro Castillo presentó su propuesta de política pública sobre la II Reforma Agraria. Lo hizo ante la presencia de unos 10 mil campesinos representantes idóneos de la pequeña agricultura familiar cusqueña, que están agrupados en gremios regionales como la ARPAC, FDCC-CCP, FARTAC-CNA, y la JRC/JNURP, así como delegaciones de la FDCP-CCP de Puno y de Apurímac.

Después de mucho tiempo se estaba ante un masivo conglomerado que tenía la fuerza y el olor los que ayer tomaron tierras y que hoy se hacían nuevamente presentes. De este acto masivo realizado sobre la II Reforma Agraria, se puede colegir un conjunto de apreciaciones que pasamos a señalar.

La primera es que el discurso del Presidente fue acertado, porque el hilo conductor de su mensaje estuvo alrededor de develar la importancia decisiva que tiene la agricultura familiar y el agro en la alimentación del pueblo peruano, tal como se mostró y muestra en la lucha contra la pandemia. Para nada el Presidente dijo que la agricultura familiar era una agricultura de sobrevivencia; al contrario, la mostró como una fuerza activa para afrontar las adversidades de todo tipo y con vocación de garantizar el alimento para la familia peruana.

La segunda es que su mensaje dio continuidad a los acuerdos alcanzados por el Paro Nacional Agrario y Campesino del 19 de mayo del 2019. En esa orientación, señaló con énfasis que los problemas del agro solo se resolverán en el marco del desarrollo rural integral y descentralizado.

En coherencia con este postulado, informó que se formará el Gabinete para el Desarrollo Agrario y Rural, el mismo que estará conducido por el propio Presidente de la República. Con esta decisión de carácter multisectorial, se supera con creces la estrecha mirada de CONVEAGRO y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, que plantean que para resolver los problemas del agro solo se requiere los estrechos marcos sectoriales del MIDAGRI.

La tercera es que al indicar que una de las políticas es la asociatividad, dijo que los beneficios que ellas tienen se extenderán a las comunidades campesinas y nativas para que ellas se fortalezcan en su desempeño e impulsen un conjunto de actividades colectivas de carácter económico empresarial y de transformación productiva. Es bueno recordar que el artículo 28 de la Ley de Comunidades Campesinas (aprobada en1987 y que está vigente) exonera de todo tributo predial, del IGV y del impuesto a la renta a toda actividad económica y empresarial emprendida por las comunidades campesinas.

En realidad, el presidente Pedro Castillo, no ha hecho sino coincidir con una tesis de la CCP que sigue vigente y que sostiene que la agricultura familiar de la montaña andina tiene lazos ancestrales naturales asociativos colectivos que se expresan en las comunidades campesinas y nativas. No se puede entender el desempeño de la agricultura familiar separado del desempeño y conducción de la comunidad campesina. Es bueno recordar que hay más de 6 mil comunidades campesinas y que existen cerca de tres mil comunidades Nativas.

Una cuarta apreciación es que las posiciones presidente Castillo respecto de la realidad agropecuaria del país está más cerca de la CCP que de CONVEAGRO, que no necesariamente es la que mejor representa la agricultura familiar. Por algo, el Presidente no solo es profesor y rondero sino un hombre dedicado también a la pequeña agricultura familiar y conoce perfectamente su problemática y sus potencialidades.

Finalmente, una quinta apreciación es que el lanzamiento de la II Reforma Agraria nos abre la oportunidad para destacar y proyectar la importancia estratégica de la agricultura familiar en la generación de riqueza y en la construcción de la democracia territorial descentralizada; tema que debería ser rescatado por las bancadas progresistas y de izquierda en el Congreso de la República.