ONU condena a Paraguay por fumigación de sojeros a comunidad indígena de Canindeyú

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó al Estado paraguayo por contaminación con agrotóxicos a la comunidad indígena Campo Agua’ẽ, del pueblo Ava Guaraní, que se encuentra en el departamento de Canindeyú. El Comité concluyó que Paraguay violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas sojeras vecinas.

El dictamen del Comité que afirma que, en el caso de pueblos indígenas, la noción de “domicilio” debe entenderse en el contexto de la relación especial que mantienen con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, cultivos, y su forma de vida relacionada con la caza, recolección y pesca. “Para los pueblos indígenas, sus tierras representan su hogar, cultura y comunidad. Los graves daños ambientales tienen impactos en la vida familiar, la tradición y la identidad de los pueblos indígenas, e incluso conducen a la desaparición de su comunidad. Daña drásticamente la supervivencia cultural del grupo en su conjunto”, afirmó Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

El caso llegó a litigio internacional por la falta de respuestas de la justicia paraguaya luego de la primera denuncia presentada hace 12 años por el líder comunitario electo y por un maestro de la escuela comunitaria, en nombre de los 201 integrantes de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ, del Pueblo Ava Guaraní, situada en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, ubicada en una zona rodeada de grandes empresas agrícolas que fumigan -proceso que utiliza humo químico para matar plagas- para producir soja genéticamente modificada.

El Comité recomienda que Paraguay prosiga con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables, repare integralmente a las víctimas por el daño sufrido, tome todas las medidas que sean necesarias, en estrecha consulta con la comunidad, para reparar la degradación ambiental, y adopte medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro. Además, debe publicar la decisión en lengua guaraní y en el departamento de Canindeyú, principalmente para las comunidades afectadas y dentro de seis meses el Estado debe presentar el primer informe sobre el cumplimiento de estas medidas.

Ver aquí el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU