CONTAG busca garantizar en la justicia federal destino correcto de tierras públicas transferidas a tres estados

La Confederación Nacional de Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares (CONTAG) interpuso un recurso para que el relator de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI 7052), ministro Dias Toffoli, considere la medida cautelar que trata sobre transferencias de tierras de la Unión a los Estados de Amapá, Rondônia y Roraima.

En la petición, la CONTAG refuerza al Ministro la necesidad de considerar la solicitud que tiene como objetivo asegurar y garantizar la aplicación de las normas de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 10304/2001 y el artículo 102 y los párrafos de la Ley N° como determinado por la Constitución, contrariamente a otras normas divergentes, así como la suspensión del artículo 1 de la Ley 14.004 de 2020.

La Constitución Federal asegura en el artículo 188 que “El destino de las tierras públicas y baldías será compatible con la política agrícola y con el plan nacional de reforma agraria”. Citando en el § 1° “La enajenación o concesión, a cualquier título, de terrenos públicos con una superficie superior a dos mil quinientas hectáreas a persona natural o jurídica, aunque sea por interpuesta persona, dependerá de la previa aprobación del Congreso Nacional y § 2º “Se exceptúan las disposiciones del párrafo anterior, las enajenaciones o concesiones de tierras públicas con fines de reforma agraria”.

“Los estados no pueden recibir tierras de la Unión y distribuirlas sin cumplir con los criterios constitucionales y el carácter específico de las políticas de reforma agraria”, advierte el Secretario de Política Agraria de la CONTAG, Alair Luiz dos Santos.

Otra preocupación de la CONTAG es que si no se garantizan las disposiciones de la Constitución en relación a la reforma agraria, los conflictos por la tierra en estos Estados se incrementarán aún más. En 2021 hubo 26 víctimas de asesinatos en conflictos agrarios, ocho indígenas, seis sin tierra, tres ocupantes ilegales, tres quilombolas, dos colonos, dos agricultores familiares y dos quebrantacocos de babasú. De estos, 21 tuvieron lugar en los estados de la Amazonía Legal, lo que representa el 77% del total. (Datos de la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT) sobre “Violencia contra la Ocupación y Tenencia de la Tierra”.

“Las tierras de la Unión son de todos, en especial de los pueblos tradicionales (trabajadores rurales y agricultores familiares, quilombolas, indígenas, extractivistas, ribereños, entre otros pueblos que luchan a diario por mantener el equilibrio ambiental de la reforma agraria garantizada en la Constitución del 88, estos pueblos rurales de la Amazonía podrán permanecer en sus territorios, no podemos permitir que siga la violencia en el campo”, dice Alair.