Agricultura Familiar Campesina: Salud, Alimentos frescos y Sistemas Agroalimentarios capaces de garantizar nutrición adecuada a los consumidores

El derecho a la alimentación saludable permite pensar la alimentación mucho más allá de la lógica de requerimientos nutricionales. Así, el objetivo es avanzar hacia una alimentación que le permita a las ciudadanas y ciudadanos tener una buena salud.

Informes de distintas organizaciones y centros de estudio vaticinaron que la Covid-19 traería graves consecuencias en materia de ingresos de los hogares, situación que debería afectar con fuerza a las familias más vulnerables. Dada esa situación los alimentos de las personas están sujetos al ahorro y con eso la opción es más pastas, más pan, y quedan en segundo plano las frutas, verduras u hortalizas. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile reveló que el índice de pobreza de 2020, en pleno año de pandemia, se disparó al 10,8% de la población, más de dos puntos porcentuales superior al que había en 2017, el último dato oficial disponible.

“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social”, señala el informe anual “Panorama Social de América Latina 2021” lanzado en conferencia de prensa virtual por la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

La pandemia sanitaria (COVID) ha agudizado una pandemia que venía desde antes, la obesidad. Los datos, por cierto, son preocupantes: la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, al punto de ser definida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010. De acuerdo con la entidad, 13 por ciento de los adultos en el mundo son obesos y el 39 por ciento tiene sobrepeso. En 2017, en tanto, el 8 por ciento de las muertes mundiales, cerca de 4.7 millones de decesos, se atribuyeron a la obesidad, según el Global Burden of Desease, el mayor estudio epidemiológico observacional del mundo.

La obesidad es una enfermedad compleja que se produce al acumular una cantidad excesiva de grasa corporal. Más allá de sus consecuencias estéticas, debemos tener claro que se trata de un cuadro médico que aumenta el riesgo de patologías y problemas de salud graves, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico, la diabetes, la resistencia a la insulina, la hipertensión, la enfermedad coronaria y ciertos tipos de cáncer, entre otros.

En Chile, la tendencia no es diferente. La última Encuesta Nacional de Salud (2017) reveló que un 39.8% de la población tiene sobrepeso, un 31.2% tiene obesidad y un 3.2% tiene obesidad mórbida. Es decir, casi tres de cada cuatro chilenos presentan algún grado de malnutrición por exceso, cifra que aumentó diez puntos porcentuales desde 2010, cuando se registró una prevalencia de 64.4%.

Francisco Pérez Bravo, encargado del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la U. de Chile (INTA), señaló que, “aunque marginal aún, ya comienza a notarse los efectos de la crisis sanitaria y económica en algunos hogares que han tenido fuertes déficit. Advierte que el país está atravesando un problema de inseguridad alimentaria caracterizado por la incapacidad de solventar correctamente las necesidades alimentarias de la población, tanto por carencia como por exceso”.

Desde la agricultura, ese panorama sombrío también fue advertido. De hecho, un informe global de la FAO — agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre — anticipó la crisis en América Latina y el Caribe, y recordó los desafíos para el sector agrícola.

En medio de ese panorama global y particular, un grupo la organización Nutricionistas por la Soberanía Alimentaria presentaron una iniciativa popular denominada “Derecho a una alimentación y nutrición adecuada y soberana” en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional.

Para las y los nutricionistas responsables de esta iniciativa, los sistemas alimentarios deben ser potenciados con sólidas políticas económicas y educacionales, donde productores y consumidores se encuentran capacitados y conscientes de la salud nutricional y ecosistémica, la cultura y la economía de las comunidades (…) gracias a concretas políticas de formación de capital humano, y circuitos de comercio que consideran amplias redes de abastecimiento en base a la soberanía alimentaria, mitigando de forma considerable los efectos adversos de la crisis climática.

Nuestra situación ideal sería un Estado de bienestar, decía la iniciativa, con entornos alimentarios y comunidades agroecológicas donde todas las personas tienen aseguradas dietas saludables de manera permanente, sin distinción de sexo, edad, clase, etnia, nacionalidad, etc.; enmarcados en un Estado descentralizado, capaz de asegurar las condiciones necesarias para la nutrición óptima de los pueblos a partir de la producción autónoma, local y comerciada soberanamente con otras regiones- decían los presentadores de esta iniciativa que reunión 1.197 y no alcanzó los apoyos ciudadanos necesarios para avanzar que requería como mínimo, es decir 15.000 adhesiones.

Orlando Contreras de MUCECH, realiza una síntesis de estas situación: “Ese traspié tiene causas de inequidad evidentes. No todo el mundo rural tiene conectividad. Como se dio en la Convención, las votaciones para adherir a una iniciativa eran mediante internet. Un desafío importante para las nuevas autoridades en el corto plazo. No obstante, abre la puerta para que temas de esta naturaleza se ubiquen en la agenda pública y puedan ser tratados por todos los agentes involucrados en la agricultura. Nos enorgullece saber que la agricultura familiar campesina es productora de alimentos sanos y frescos, con un trato amable y respetuoso con la naturaleza, de sus ciclos y diseños. Hay que volver a poner los ojos en la agricultura familiar campesina para no tener mal nutrición en nuestro país”.