Comunidades de Huancavelica alertan sobre manejos irregulares en la venta de la mina Cobriza

Las comunidades campesinas del distrito de San Pedro de Coris, en la provincia de Churcampa, Huancavelica, así como sus principales autoridades vienen expresando sus preocupaciones por los manejos irregulares que se vendrían gestando en el proceso de venta de la mina de Cobriza y que les afecta directamente.

La mina Cobriza que está ubicada en el distrito de San Pedro de Coris y es una de las minas subterráneas más mecanizadas del país, señalan los dirigentes comunales quienes cuentan con el apoyo de la alcaldesa distrital Janet Meza y vienen desde hace mucho tiempo alertando sobre diversas acciones irregulares en la venta de la mina, todo lo cual señalan pueden perjudicar a las comunidades.

La mina Cobriza, junto con el Complejo Metalúrgica de La Oroya, ubicada en la región Junín, pertenece a la empresa Doe Run Perú, la misma que se declaró en quiebra y desde hace por lo menos 10 años se encuentra en un proceso concursal. Asimismo, desde hace dos años, la mina dejó de operar perjudicando a cientos de comuneros que laboraban en esta mina.

De acuerdo a lo que señalan las autoridades comunales, el año pasado los acreedores de Doe Run aprobaron que la mina y el Complejo Metalúrgico de la Oroya se vendan por separado, con lo cual las comunidades estaban de acuerdo. Sin embargo, ahora lo que se pretende es firmar un acuerdo de alquiler de la mina no es bien visto por las comunidades y que además ha sido observado por INDECOPI, entidad que ha señalado que el liquidador no tiene facultad para alquilar la mina Cobriza.

La alcaldesa Janet Meza ha señalado que, para las comunidades de San Pedro de Coris, la extracción minera se había constituido en una fuente de trabajo para los comuneros, pues las actividades agropecuarias de las familias campesinas no cuentan con el apoyo de las autoridades y tampoco existe un mercado para sus productos, así como precios justos que les permita mejorar sus ingresos familiares.

De otro lado, la alcaldesa explica que el presupuesto que le asignan a la municipalidad de San Pedro de Coris es muy reducido, lo cual le impide poder atender las necesidades de las 11 comunidades que existen en el distrito, y tienen muchas limitaciones para poder generar fuentes de trabajo para los más de cinco mil comuneros que aún permanecen en la zona.

Lo cierto, es que tanto la alcaldesa Janet Meza como las autoridades comunales han anunciado que las comunidades están dispuestas a tomar acciones de protesta como una huelga para exigir que la mina sea vendida a inversionistas que demuestren solvencia económica y empresarial para que se garantice el trabajo a los cientos de comuneros que laboran en la mina Cobriza.