Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para la Consulta a la Sociedad Civil 37º Conferencia Regional de la FAO para ALC
Los días 4 y 7 de marzo de 2022 en preparación para la 37a Conferencia Regional de la FAO (LARC37) nos reunimos agricultores y agricultoras familiares, población rural, pescadores y pescadoras artesanales, consumidores y consumidoras, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y campesinas, mujeres, jóvenes y personas con discapacidades de toda la región que durante décadas hemos luchado por la soberanía alimentaria y por mejores condiciones de vida en los territorios para erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y las desigualdades.
La pandemia y los efectos del cambio climático han profundizado la exclusión y marginación social y económica en las que se encontraba la agricultura familiar y campesina, la pesca, los pueblos indígenas, las mujeres, entre otros grupos; generando mayores brechas para garantizar el derecho humano a la alimentación, acceso a la canasta básica de alimentos, ingresos y mercados locales para vender nuestros productos, y junto a esto se presenta la crisis sanitaria y los efectos adversos en la salud, educación y trabajo en las familias y comunidades.
Si no se atienden los impactos y retrocesos producidos por el COVID19 no se logrará el ODS2 de Hambre Cero para el 2030 y seguiremos siendo las personas dedicadas al rubro de la alimentación y agricultura, uno de los grupos menos favorecidos y nos quedaremos atrás.
Frente a este escenario los actores y Organizaciones de la Sociedad Civil, declaramos a la FAO, a los Ministros de Estado y funcionarios de alto nivel de los países miembros, lo siguiente:
1.- Exhortamos un cese de las políticas de agricultura que en la mayoría de los países enfatizan la producción de larga escala para la exportación de recursos naturales y materia prima, resultando en procesos que intensifican la imposición o desarrollo de megaproyectos y proyectos extractivos, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la violación de los derechos humanos, y el estímulo al consumo de productos ultraprocesados.
2.- Es imperante que las políticas y economías en los países descentralicen el enfoque capitalista de producción y mercados, a cambio fortalezcan la economía circular y los mercados locales para la promoción de la agricultura y pesca sostenibles. Exhortamos que adopten un enfoque alineado con la Agroecología, este sistema productivo y modo de vida está orientado a la conservación del medio ambiente, preservación de las semillas nativas, reproducción de los conocimientos ancestrales, dietas saludables y desarrollo rural sostenible.
- Instamos a los Estados a atender de manera efectiva el Cambio Climático. Deben impulsar una estrategia conjunta sobre mitigación y prevención de desastres, fomentar sistemas de producción sostenibles y sistemas alimentarios con enfoque en la agroecología, esto ayudará a mitigar los efectos del Cambio Climático y promover métodos de organización y sistemas de gestión en los territorios. Asimismo, resulta indispensable aplicar medidas de sanción para los principales responsables que generan mayor contaminación en los territorios.
4.- Demandamos acciones y estrategias concretas que vinculen la gobernanza y gestión de los territorios, los recursos naturales e hídricos para combatir la desertificación, mejorar la calidad de los suelos mediante compostaje, métodos naturales y biomas.
5.- Instamos que se garantice el Consentimiento Libre, Previo e Informado como derecho humano colectivo que afecta a la tierra, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, y salvaguardar nuestros derechos y territorios ante acuerdos de libre comercio e instrumentos de expansión económica de la iniciativa privada.
6.- Reiteramos a los Estados el cumplimiento de los instrumentos, convenios y compromisos asumidos en lo nacional e internacional, específicamente el marco sobre los derechos humanos, políticas públicas y programas de acceso a alimentación y nutrición adecuadas, tierra y territorio, trabajo dignos, protección e inclusión social, biodiversidad y conservación del medio ambiente, consumo saludable, conocimiento ancestral y cultura, salud, educación y acceso a ingresos para una vida digna.
7- Que los gobiernos aseguren, en todos los niveles, mecanismos para prevenir y salvaguardar los conflictos de interés en las políticas de seguridad alimentaria y nutricional porque los sistemas alimentarios deben contribuir a la justicia social y la equidad teniendo en cuenta que los intereses económicos y comerciales deben estar subordinados a los objetivos superiores de la salud y nutrición, sustentabilidad ambiental y mitigación del cambio climático.
8.- Exhortamos a los Estados la aplicación efectiva de medidas regulatorias que limiten o impidan la producción y comercialización de alimentos genéticamente modificados generados por las empresas transnacionales y fortalezcan los sistemas alimentarios sostenibles basados en la agroecología y en los conocimientos y prácticas de la agricultura familiar, campesina e indígena.
9.- Instamos a los Estados que se apliquen medidas regulatorias eficaces de restricción del acceso y consumo de productos ultraprocesados, así como la restricción de publicidad y etiquetado frontal.
10.- Demandamos políticas que garanticen la alimentación saludable, basadas en el consumo de alimentos naturales, mínimamente procesados, libres de pesticidas, con calidad e inocuidad y de producción sostenible, asimismo de dietas de acuerdo a las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAs).
11.- Instamos a los gobiernos y sus instituciones a que definan acciones para contrarrestar la pérdida y desperdicio de alimentos.
12.- Exhortamos que los gobiernos diseñen e implementen políticas públicas diferenciadas con una asignación de presupuestos adecuados y progresivos, dirigidas a las demandas de los sectores de la agricultura familiar, campesinado, población rural, afrodescendientes, pueblos indígenas, pesca, consumidores, mujeres, jóvenes y personas con discapacidades, entre otros.
Asimismo, las políticas deben enfocarse a la protección social, gobernanza de las tierras y territorios, conservación ambiental, financiamiento de producción sostenible, asistencia técnica, seguro rural, comercialización de alimentos saludables, generación de ingresos, salud, educación y trabajo digno.
13.- Requerimos de los Estados y de la FAO el acceso simplificado de financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la participación y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con los distintos sectores que integramos.
14.- Instamos a la FAO a constituir un mecanismo de seguimiento participativo multisectorial para analizar el cumplimiento de las Iniciativas Regionales donde las OSC podamos contribuir al diseño, implementación y seguimiento de estas. Es trascendental que las Iniciativas Regionales dentro del programa de la FAO para el bienio 2022-2023 reconozcan la agricultura familiar, campesina e indígena, de las forestas y de las aguas, sus aportes, experiencias, conocimientos tradicionales y ancestrales; como sujetos de derechos presentes en los espacios de decisión.
15.- Es indispensable que los Estados y la FAO reconozcan el rol protagónico de las mujeres y juventudes como aliados e impulsen su participación plena y efectiva en las políticas públicas y toma de decisiones dentro de los países. Para ello se necesita de procesos de formación y presupuestos específicos para las jóvenes y mujeres rurales, agricultoras, campesinas, pescadoras, indígenas, afrodescendientes, consumidoras y diversidad de mujeres en la región.
16.- Instamos a los Estados la creación de comités nacionales multisectoriales que diseñen planes de acción con directrices de políticas públicas diferenciadas, basándose en el Decenio de Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2019-2028), Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales (2022), Decenio sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) y otros instrumentos adoptados como la Carta de los Derechos de los Campesinos, la Agenda 2030, las Directrices Voluntarias de Gobernanza de la Tierra, la Declaración sobre los Derechos los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y otros.
17.- Demandamos una democratización de las tecnologías digitales con los principios de accesibilidad, asequibilidad, inclusión y participación, asimismo de procesos formativos permanentes e innovaciones tecnológicas con pertinencia cultural, basadas en la agroecología y en los conocimientos ancestrales de los sectores señalados anteriormente.
18.- Solicitamos a los Estados la realización censos agrícolas nacionales y regional que incorporen las problemáticas de los sectores dedicados a la alimentación y agricultura.
Por último, las Organizaciones de la Sociedad Civil reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando en la construcción de instrumentos de respuesta política, que garanticen los derechos de los pueblos de América Latina y el Caribe, preserven nuestros territorios y bienes naturales con acciones concretas para la reducción de la pobreza, del hambre y de las desigualdades vigentes en nuestra región.
Marzo, 2022
