Indignados ciudadanos paralizan el país y el gobierno amenaza de emplear la violencia para desactivar las movilizaciones

Las principales rutas del país actualmente se encuentran clausuradas a consecuencias de las manifestaciones de indignados ciudadanos que se llevan a cabo en diferentes puntos estratégicos, que generan unas largas filas de vehículos e impiden la normal circulación por las carreteras. La manifestación pacifica es organizada por varios gremios de diferentes sectores por el descontento generalizado de la población por las acciones (o la falta de acción) del gobierno frente a la crisis que atraviesa el país, que motivó un aumento generalizado en los precios de los productos y servicios de primera necesidad.

El descontento social se debe principalmente al aumento indiscriminado en los precios de los productos y servicios, originado por un incremento considerable en el costo de los combustibles. El Banco Central del Paraguay anunció que los precios subieron un 1,4% en febrero, después de haber marcado un incremento de 1,5% el mes anterior. La tasa acumulada en el año ascendió a un 2,8% y la inflación interanual subió a un 9,3% en febrero, impulsada por los precios de los combustibles y alimentos, el mayor índice registrado en más de una década.

Una de las principales exigencias de la movilización del sector de la agricultura familiar campesina es la derogación de la ley de criminalización de la reivindicación del acceso a la tierra de la familia campesina, conocida como la Ley Riera-Zavala. La polémica norma fue aprobada el año pasado por el cual se cambia la tipificación penal de la invasión de supuesta propiedad privada de delito a crimen y aumenta la pena privativa de libertad de diez años a las personas que reivindican el acceso a un pedazo de tierra.

Las principales rutas del país y vías de acceso de las ciudades consideradas estratégicas permanecen cerradas por la participación masiva de indignados ciudadanos, quienes espontáneamente se sumaron a las manifestaciones para exigir respuestas a las autoridades. Por otro lado, el gobierno incapaz de presentar propuestas adecuadas que cumplan con las reivindicaciones de las movilizaciones para volver a la normalidad amenaza con utilizar la violencia para desbaratar las manifestaciones.