Crece el rechazo a ley que facilita armas para comités de autodefensa

Recientemente, el Congreso de la República en otro de sus tantos despropósitos, aprobó por insistencia la ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, CAD, y más, aún los incorpora al sistema de seguridad ciudadana; iniciativa que por cierto ha generado una ola de críticas y rechazo de parte de diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Para la Confederación Campesina del Perú, CCP, esta norma no solo es inconstitucional, sino que afecta directamente a las auténticas rondas campesinas autónomas que existen en todo el país y por décadas contribuyen a garantizar la seguridad del territorio comunal, sostuvo Wilder Sánchez Chávez, presidente de esta organización campesina.

Agregó que la ley además deja abierta la posibilidad de entregar armas a los civiles que integren estas CAD, que fueron promovidas en el año 1992 para enfrentar a la subversión y que, además, eran dependientes de las Fuerzas Armadas. Ahora se busca que estén supervisadas por la Policía Nacional con lo cual se genera el peligro de que puedan enfrentarse a las organizaciones sociales y populares promoviéndose mayor violencia, remarcó Wilder Sánchez.

El presidente de la CCP criticó la acción de los congresistas que promueven estas leyes, hizo un llamado al presidente Pedro Castillo para que se pronuncie al respecto, y anunció que vienen haciendo coordinaciones con otras organizaciones campesinas y sociales, así como de la sociedad civil para movilizarse en contra de esta funesta ley.

Por su parte, la Federación de Rondas Campesinas de Piura también se ha pronunciado al respecto y ha señalado que la aprobación de esta norma representa una amenaza a la paz social, y promueve la militarización de territorios de comunidades ya que habilita a los CAD a recibir financiamiento, armas y municiones por parte del Estado y peligrosamente también de privados.

Otra institución que también se ha pronunciado al respecto, es la Defensoría del Pueblo, y ha expresado su rechazo a esta ley que facilita armas para las CAD y ha formulado una convocatoria a especialistas para modificar la norma en la Comisión de Defensa de Congreso.

Señala que la promulgación de esta norma resulta inaceptable dentro de un Estado constitucional, dado que se faculta a estas organizaciones civiles a un mayor uso de armas de fuego y se les traslada la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad ciudadana.

Esto supone concederles atribuciones que son propias de la Policía y de las Fuerzas Armadas, lo cual constituiría una renuncia de la obligación del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos fundamentales de la población, sostiene la Defensoría del Pueblo.