Se acentúa la criminalización contra la organización campesina: fiscalía abrió investigación contra el subsecretario general de la CCP Everardo Orellana y los campesinos que fueron retenidos durante el allanamiento del local gremial

Luego que el pasado 17 de diciembre, la policía de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, allanara sin justificación el local de la Confederación Campesina del Perú, CCP, amparados en el estado de emergencia que decretó el gobierno de Dina Boluarte, ahora, la Primera Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, ha dispuesto abrir investigación preliminar contra el subsecretario general de la CCP, Everardo Orellana Villaverde y otros 25 campesinos de diferentes regiones del país que se encontraban en el local.

De acuerdo a la carpeta fiscal, se dispone la investigación por un lapso de 60 días contra los campesinos por presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública y terrorismo, en agravio del Estado, por lo cual se encarga la investigación a la DIRCOTE. Hay que remarcar que, al momento del allanamiento, tanto el dirigente nacional Everardo Orellana, como los 25 campesinos se encontraban alojados en el local de la CCP.

Sin embargo, en expediente del fiscal Pasión Jesús Hermosa Abad, se indica que el allanamiento se produjo dado que por acciones de inteligencia se tuvo conocimiento que se estaban reuniendo un grupo de personas y almacenando posible material para una protesta violenta. Agregan que los campesinos portaban mochilas con hondas, piedras; en tanto que en otro ambiente se encontraron 4 machetes.

La fiscalía también ha dispuesto que se remitan las especies supuestamente halladas en el local, así como las actas policiales y fiscales, a fin de que se realicen los analices que correspondan y se elaboren los informes respectivos. De igual manera, se dispone que se cite a los investigados a fin de que presten sus declaraciones indagatorias.

Hay que señalar que tanto el allanamiento del local de la CCP, la retención del dirigente nacional Everardo Orellana y los 25 campesinos, ha merecido el rechazo de las diferentes organizaciones campesinas nacionales e internacionales, así como el apoyo de instituciones defensoras de los derechos humanos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal, entre otros.

A través de diferentes pronunciamientos han calificado estos hechos como formas de criminalizar la protesta social y amedrentamiento de las organizaciones campesinas por parte del gobierno de Dina Boluarte, que ha tenido que recurrir al estado de emergencia en todo el país para tratar de acallar las protestas y movilizaciones que exigen adelanto de elecciones y cierre del congreso.

Hay que precisar también que, desde la década de los años 70, la CCP siempre ha contado con un local gremial central en Lima en donde se presta apoyo en alojamiento a los miles de campesinos que llegan a la capital a realizar sus diferentes trámites de sus comunidades campesinas. De igual manera, el local De la CCP no solo es un lugar ampliamente conocido por las diferentes comunidades campesinas sino también por autoridades nacionales, al que muchas veces han acudido por diferentes motivos.