Al igual como el allanamiento de la CCP, una nueva patinada policiaca contra la Universidad de San Marcos desnuda el rostro represor del régimen de Dina Boluarte

En lo que constituye una nueva patinada policiaca con la finalidad de criminalizar la protesta social a nuestros hermanos del surandino, el último sábado 21 de enero cientos de elementos policiales con una tanqueta al frente, derrumbaron una de las puertas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el ridículo pretexto de buscar “terroristas en flagrante delito”.

En este nuevo atropello policiaco que desnuda el rostro represor de un régimen más parecido a una dictadura como el de Dina Boluarte, la policía detuvo a casi 200 estudiantes y manifestantes varones y mujeres, a quienes golpearon, incluidos varias personas mayores, quienes fueron luego trasladados a la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, donde permanecieron más de 24 horas.

Al final, con la presencia de abogados de diferentes organizaciones, y la tardía presencia de los fiscales, a los policías de la DIRCOTE no les quedó más remedio que dejar en libertad casi a la totalidad de los detenidos injustamente, y solo uno quedó en poder de la policía por una requisitoria antigua por un delito común.

Al igual que sucedió cuando policías de la DIRCOTE allanaron el local de la Confederación Campesina del Perú, CCP, y detuvieron a más de 20 campesinos a los que también acusaron de terrorismo, sembraron supuestas armas, y que luego tuvieron que dejarlos a todos en libertad, esta vez de nuevo las huestes policiales volvieron a hacer otro papelón en su afán de hacerle el juego al gobierno represivo de Dina Boluarte y Alberto Otárola.

Este hecho cometido contra la emblemática y más antigua universidad de América, ha sido condenado por estudiantes, profesores, egresados de esa casa de estudios, así como por diversas instituciones y personalidades quienes han exigido que se investigue y sancione a los responsables de este burdo y brutal atropello, al tiempo que han pedido la vacancia o destitución de la rectora Jerí Ramón por permitir que la policía vulnere la autonomía universitaria.

Sin duda, y como bien lo han señalado diversos observadores y analistas, este tipo de acciones que expresan el carácter represivo y violador de los derechos humanos del gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola, no solo busca criminalizar la protesta social, “terruquear” a los manifestantes, sino infundir el temor en la población que protesta y exige la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones.

Al fin y al cabo, al igual como sucedió con el local de la CCP, este atropello a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pasará a la historia, como una burda patinada policial, y como el rostro represor de un régimen cuyas cabezas políticas tendrán que responder ante la historia y pagar por sus crímenes.