Organismo internacional de derechos humanos denuncia que hubo asesinatos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes durante el estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte

La organización internacional Human Rights Watch -HRW (Observatorio de Derechos Humanos) emitió un informe en el que denuncia que, durante las jornadas de protesta social de diciembre y enero últimos, las fuerzas armadas y policiales cometieron asesinatos con los manifestantes al amparo del estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola.

Este amplio y detallado informe de HRW, que se emite en contraste con el lamentable y lento accionar de la fiscalía de la Nación en investigar estos actos represivos del gobierno, sostiene también que 39 de las víctimas mortales se produjeron a consecuencia de impactos de bala y en otros 34 casos se produjeron disparos en las partes superiores de las víctimas.

La organización internacional con sede Nueva York, Estados Unidos, señala en su informe que las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú, hicieron uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, no solo contra los manifestantes sino contra transeúntes, lo cual constituye una clara violación del derecho internacional.

Por lo tanto, remarca, es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado peruano es responsable, por lo que Ministerio Público debe investigar no solo a quienes hicieron los disparos, sino también a sus jefes, incluyendo a autoridades civiles.

En uno de los acápites del informe se deja evidencia la gravedad de los hechos cuando se refiere al número de personas asesinadas que no participaban en las protestas. Al respecto, indican que 15 de las víctimas eran transeúntes, 3 eran observadores y 3 estaban en lugar de los hechos porque eran parte de las brigadas que brindaban ayuda a los heridos, lo cual evidencia del carácter indiscriminado de la represión militar y policial al amparo del estado de emergencia de Boluarte y Otárola.

Otros elementos que expresa la gravedad de la represión militar y policial es la evidencia de que por los menos se han registrado 125 heridos de bala, de acuerdo con los informes del Ministerio de Salud. Agrega que además de no tenerse una cifra exacta de heridos debido a que el gobierno no ha tenido el interés de investigar que permitan explicar a la ciudadanía la naturaleza de los hechos.

El informe de HRW también señala que los hechos indican que hubo serias deficiencias en el trabajo del Ministerio Público a cargo de la fiscal Patricia Benavides, pues no se ha dispuesto el recojo de pruebas iniciales, no ordenaron que se hicieran las pruebas de absorción atómica a los militares y policías, y tampoco organizaron las autopsias de las víctimas.