A un año de la masacre de Juliaca, ni olvido ni impunidad: sanción ejemplar para Boluarte, Otárola y los responsables materiales de los asesinatos

Este 9 de enero se cumple el primer año de la masacre cometida contra el pueblo de Juliaca durante las movilizaciones de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, en el que 18 hermanos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad siguiendo instrucciones de la presidenta y del premier Alberto Otárola.

A pesar del tiempo transcurrido y que diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han exigido que se investiguen y sancione a los responsables políticos y materiales de estos asesinatos, calificados como ejecuciones extrajudiciales, a la fecha es muy poco o casi nada lo que se ha avanzado en esta materia.

Lo peor y más bárbaro de todo esto, es que en diversos foros, tanto Dina Boluarte como Alberto Otárola, no solo no han asumido su responsabilidad, sino que han acusado a las propias víctimas asesinadas de ser los responsables de su propia muerte. Y lo que es más indignante, es que con la prepotencia que lo caracteriza, Alberto Otárola, ha sostenido en diversas oportunidades que no van a aceptar la responsabilidad de estas muertes.

Hay que recordar que de las 18 víctimas de la masacre de las fuerzas de seguridad, según las necropsias de ley, se ha podido conocer que por lo menos 15 murieron por disparos de bala al cuerpo y otros tres por disparos de perdigones, realizados a muy poca distancia, contraviniendo todas las directivas que al respecto deben respetar las fuerzas de seguridad.

Este lunes 8 de enero se realizó una conferencia de prensa en Juliaca, en la que los familiares de las víctimas exigieron por enésima vez que se haga justicia con sus deudos, que se identifique a los efectivos que dispararon a mansalva, y que también se sancione a los responsables políticos de estos asesinatos como son las autoridades del gobierno.

Asimismo, varios familiares, así como los abogados defensores, denunciaron que hay una serie de evidencias que apuntan a que desde la Fiscalía de la Nación se ha buscado entorpecer las investigaciones porque el expediente de las muertes en Juliaca pasó por cinco fiscales con fines dilatorios.

Hay que destacar que hasta Juliaca llegaron delegaciones de Ayacucho, Andahuaylas, Arequipa, Lima, entre otras regiones donde también se registraron muertes en protestas. Decidieron tomar acciones conjuntas para que ninguna muerte quede sin castigo judicial, aun cuando el responsable sea un alto mando policial o militar o miembro del Gobierno.

Este martes 9 se desarrollarán en Juliaca una serie de actividades con participación de los familiares de las víctimas, representantes de las organizaciones de derechos humanos, así como de la propia población organizada para rendir homenaje a la memoria de las víctimas de esta barbarie que ha enlutado a todo el pueblo peruano.
Desde la Confederación Campesina del Perú, CCP, nos sumamos a la exigencia de los familiares y de toda la ciudadanía consciente que exige que se haga justicia a las víctimas que solo ejercían su derecho a la protesta.

Y a un año de la masacre, reiteramos que no habrá ni olvido ni impunidad y demandamos una sanción ejemplar para Dina Boluarte y Alberto Otárola, así como a los responsables materiales de los asesinatos.