Continúa en peligro la vida de cientos de líderes y defensores ambientales de los territorios de comunidades indígenas y nativas

A pesar de que solo entre los años 2013 y 2024 se ha producido el asesinato de 34 líderes y defensores ambientales de los territorios de las comunidades indígenas y nativas, aún muchos de ellos siguen sufriendo no solo amenazas de muerte sino que también son criminalizados y perseguidos.

Según un informe difundido recientemente, a la fecha existen 60 dirigentes, líderes y defensores ambientales de los territorios de pueblos y comunidades indígenas amazónicos que sufren permanente amenazas contra su vida por parte de las mafias de traficantes de madera y de la minería ilegal que buscan apropiarse de sus territorios.

De acuerdo a las organizaciones que representan a las comunidades y pueblos indígenas amazónicos, los defensores y líderes ambientales de la Amazonia, no solo se enfrentan a asesinatos, amenazas, agresiones y criminalización, sino que terminan siendo desplazados de sus territorios, lo cual muchas veces no tiene la difusión que ameritan.

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, (Aidesep), la organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú a través de sus 9 organizaciones regionales de base, solo en las regiones de Amazonas, Pasco, Cusco, Loreto, Ucayali y San Martín hay 35 activistas amenazados por defender sus territorios o derechos indígenas.

Agregan que en las regiones Junín, Pasco, Huánuco y Cusco hay otros 22 defensores que han sido criminalizados por ejercer o defender derechos fundamentales en general o derechos indígenas en particular. Ellos han sido son denunciados, investigados y/o procesados penalmente, bajo imputaciones sin fundamentos que implican el uso indebido del Derecho Penal.

A estas amenazas, se suman otro aspecto que afecta a los líderes y defensores ambientales y es el desplazamiento forzado al que muchas veces tienen que recurrir pues tienen que abandonar  sus territorios para poder proteger sus vidas y las de sus familias; incluso señala el informe que varios han tenido que optar por el exilio por el peligro que supone el retorno a sus comunidades.

Frente a esta dramática situación, es poco lo que se hace desde el Estado a través del Ministerio de Justicia y del Interior, así como la Policía Nacional para otorgar garantías y  defender los derechos de las comunidades amazónicas.

Recientemente, a raíz del reciente asesinato de uno de los defensores ambientales, la Confederación Campesina del Perú, CCP, ha exigido la defensa de los pueblos y comunidades indígenas así como que se investigue y sancione a los responsables de la muerte de los líderes ambientales.