Denuncian persecución y criminalización contra defensores de comunidades campesinas de Espinar en el Cusco

Diferentes organizaciones sociales e instituciones de derechos humanos han denunciado que el Estado a través de diferentes instancias viene realizando una serie de actos contra los defensores de los derechos territoriales comunales a quienes se les viene criminalizando y persiguiendo judicialmente.

Es el caso que afecta a los líderes y dirigentes de la comunidad campesina de Urinsaya, ubicada en el distrito de Coporaque en la provincia de Espinar en la región del Cusco, quienes vienen defendiéndose de lo que califican como un abuso por parte de la empresa minera Las Bambas a quienes otorgaron una servidumbre para el paso de un ducto que es una tubería de concentrado o mineroducto.

Sin embargo, según han denunciado los dirigentes comunales, la empresa en la práctica varió el acuerdo y que era un paso para el ducto fue convertida en una carretera con lo cual se afectaba ambientalmente el territorio comunal, por lo cual iniciaron un proceso de reclamo ante las autoridades gubernamentales.

Los dirigentes sostienen que la empresa no ha respetado el acuerdo para que el traslado del mineral sea a través del mineroducto, y han convertido esa servidumbre en una carretera por la que transitan diariamente cerca de trescientos camiones encapsulados de mineral de la minera MMG Las Bambas produciendo vibraciones, ruido y polvo, así como una serie de accidentes de tránsito.

La criminalización de los dirigentes y líderes comunales de Urinsaya se inició el pasado 28 de enero de 2020, la comunidad convoca a un paro indefinido, lo que provocó que la policía y la fiscalía de la provincia de Espinar denunciaran y detuvieran a dos comuneras y ocho comuneros acusándolos por el presunto delito de secuestro de un trabajador de la empresa Las Bambas.

Los detenidos el 31 de enero de 2020 fueron los comuneros Abel Kana Quispe, teniente gobernador de Urinsaya, y Jorge Kana Taco, fiscal comunal, quienes fueron sometidos a una audiencia de prisión preventiva y luego trasladados a la provincia de Canchis, fuera del ámbito de competencia del juzgado de Espinar al cual les correspondía.

A pesar del abuso, la solicitud de prisión preventiva fue declarada infundada, luego apelada por la Fiscalía y confirmada la decisión en segunda instancia, en la que se solicitó una pena de 30 años de prisión efectiva. A partir de este hecho se han dado una serie de irregularidades en el proceso que han perjudicado a los defensores comunales.

Según la institución Derechos Humanos sin Fronteras, DHSF, no cabe duda que la criminalización es un método para silenciar a defensores y defensoras, y limitarlos en la participación de la sociedad civil, instrumentalizando el derecho penal para acabar con la protesta social en el Corredor Minero del Sur, por lo que no se ha buscado el diálogo y se han realizado diversas acciones que atentan contra el derecho al territorio de las comunidades, derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT.