Francisca Curihuinca en prisión preventiva por ser peligro para la sociedad

Grave situación de una comunera mapuche: Francisca Curihuinca en prisión preventiva pese a su delicado estado de salud

Desde el 24 de enero, Francisca Curihuinca Calcumil, productora familiar integrante del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH) y de la comunidad Pedro Ñancuan Curihuinca en la zona de Toltén, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Temuco. La medida fue impuesta mientras dure la investigación en su contra por presunta asociación ilícita, sustracción de madera y amenazas simples, tras la denuncia de las empresas forestales Arauco, Mininco, la empresa de seguridad Maxcon y el Delegado Presidencial de la región de la Araucanía, Domingo Abdala.

Un conflicto territorial de décadas

El conflicto entre Francisca Curihuinca y las forestales Arauco y Mininco se remonta a casi 20 años, a raíz de la disputa por un predio de 114 hectáreas. En 2014, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) resolvió restituir dichas tierras a la comunera, pero las empresas apelaron ante los tribunales, prolongando el litigio.

Denuncias por violaciones a los derechos humanos

Familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la detención de Francisca Curihuinca es injusta y que su estado de salud es extremadamente delicado. Padece diabetes, hipertensión, úlceras anales y artrosis, enfermedades que la ponen en riesgo de sufrir un derrame cerebral o un accidente cardiovascular.

Además, sus cercanos responsabilizan al Estado de Chile y al Gobierno de Gabriel Boric por cualquier deterioro en su salud durante su reclusión.

Justicia ignora antecedentes médicos y normativas internacionales

A pesar de los antecedentes médicos, su avanzada edad y la ausencia de antecedentes penales, el Juzgado de Garantía de Toltén determinó su prisión preventiva por un plazo de dos meses. La medida fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco, lo que ha generado críticas debido a la omisión de tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos de los pueblos originarios y del sistema penitenciario.

Mientras la investigación sigue su curso, la situación de Francisca Curihuinca plantea interrogantes sobre el acceso a la justicia y el trato que reciben los comuneros mapuches en el sistema judicial chileno.

CARTA DENUNCIA A PEFC CHILE E INTERNACIONAL SOBRE SITUACION DE EMPRESAS FORESTALES EN CHILE.

Grave denuncia contra empresas forestales: hostigamiento y criminalización de comunidades mapuches

Una carta dirigida a PEFC Chile e Internacional ha denunciado a las empresas CMPC y Arauco por hostigamiento, criminalización y destrucción del territorio mapuche. La misiva cuestiona la certificación forestal otorgada a ambas compañías, acusándolas de violar normativas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Un conflicto territorial de larga data

La disputa por un predio de 114 hectáreas entre la comunidad Pedro Ñancuan y CMPC data de 1995. En 2014, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) reconoció la restitución de una parte de las tierras a la comunidad, pero CMPC continuó apelando. A pesar de que la empresa ha perdido fallos judiciales previos, el conflicto sigue sin resolverse y la situación se ha intensificado en los últimos años.

Incumplimiento de normas internacionales

Según la denuncia, CMPC y Arauco han vulnerado los principios de certificación de PEFC, especialmente en lo que respecta al respeto por las comunidades locales y pueblos indígenas. Se acusa a ambas empresas de no generar mecanismos de diálogo, compensación ni resolución de conflictos, lo que pone en duda la validez de sus certificaciones ambientales y sociales.

El rol del Estado y de la empresa de seguridad Maxcom

La misiva también responsabiliza al Estado de Chile y al gobierno de Gabriel Boric por ceder ante la presión de las empresas forestales y criminalizar a la comunera. Además, se critica el accionar de la empresa de seguridad Maxcom, a la que se acusa de crear un “montaje” en contra de Francisca Curihuinca para justificar su detención.

Exigencias y posibles acciones internacionales

Las organizaciones firmantes exigen a PEFC la revocación inmediata de la certificación forestal de CMPC y Arauco, alegando que no cumplen con los estándares requeridos. Asimismo, advierten que, de no tomarse medidas, recurrirán a instancias internacionales para denunciar las irregularidades y violaciones de derechos humanos en la Araucanía.

Mientras el conflicto sigue sin resolverse, el caso de Francisca Curihuinca se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos territoriales mapuches y la necesidad de un mayor compromiso del Estado y organismos internacionales para garantizar la justicia y el respeto a los pueblos indígenas.