[Audio] Productores padecen cuantiosas pérdidas e incertidumbre a consecuencia de la sequía

El pasado 9 de marzo el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, Ing. Agr. Ignacio Buffa anunció la declaración de Emergencia Agropecuaria (EA) para cinco departamentos, Montevideo; Canelones; San José; Maldonado y Lavalleja, lo que habilita al Estado a brindar asistencia a los productores afectados, en este caso, por la sequía. La superficie bajo EA suma unas 500.000 hectáreas productivas en las que llevan a cabo sus explotaciones alrededor de 5.400 productores familiares, pequeños y medianos, según las estimaciones del MGAP.

La declaratoria de EA en el sur del país obedece a que desde noviembre de 2019 no se registran lluvias significativas y temperaturas por encima del promedio histórico durante el verano. En primera instancia, la declaratoria solamente comprendía a productores ganaderos de carne y de leche, dejando fuera a la granja, que en esa zona del país es el sistema productivo con mayor número de productores.

Al respecto, Mario Buzzalino, vicepresidente de Comisión Nacional de Fomento Rural, manifestó que “estamos un poco preocupados por eso”, agregando que se le hará el plateo formal a las autoridades competentes, en los ámbitos naturales de diálogo entre el gobierno y las gremiales.

En este sentido, el 12 de marzo se realizó en la localidad de Canelón Chico, Canelones, una sesión extraordinaria de la Mesa de Desarrollo Rural del departamento en la que participaron 22 organizaciones de productores familiares, entre entidades de base de CNFR y otras gremiales. En esta instancia se buscaba actualizar los datos de los daños provocados por la sequía; analizar el alcance de la declaratoria de EA; e intercambiar información sobre las acciones que cada organización lleva adelante para enfrentar esta situación de crisis. En representación del MGAP estuvieron presentes las nuevas autoridades de las direcciones generales de la Granja (Digegra), de Desarrollo Rural (DGDR); y de la Unidad de Descentralización. También participaron referentes del gobierno departamental de Canelones.

Edison Aldao, productor familiar de la zona de Las Piedritas, concejal del Municipio de Tala, narró que junto a las organizaciones de productores se realizó un relevamiento del impacto de la sequía, en el que se concluye que está causando “graves daños a todos los tipos de producción”, estimado que en la horticultura se espera una producción 50% inferior a la de un año normal. Respecto a la ganadería, Aldao informó que a nivel de predio se está consumiendo el forraje reservado para el otoño e invierno, circunstancia que se agrava porque por las condiciones climáticas y el suelo, no es posible sembrar praderas o verdeos, tales como reigrás o avena.

En tanto, Fernando Ravellino, integrante de la Asociación de Fruticultores de Producción Integrada (Afrupi), evaluó que “todos los sectores están pasando un momento muy crítico, y nosotros, como fruticultores, no estamos ajenos a esto, con la condicionante de que nuestros cultivos son anuales. En muchos casos la producción de este año está perdida, la manzana está con una muy mala calidad. Primero, con bajos rendimientos, tal vez del 40% de una cosecha normal, y además, con calibres pequeños, lo que la hace difícil de colocar”. Por otro lado, “la industria está saturada de mercadería elaborada, por lo que no está interesada en el producto para sidra o dulces”. Ravellino sostuvo que el último ciclo productivo obligó a los fruticultores a asumir costos por encima de los previstos, “empezamos con una primavera muy lluviosa”, lo que ocasionó realizar tratamientos adicionales para el control de sarna y otras enfermedades, “y luego con la seca, a incrementar los costos por el uso de energía para riego”. La situación para membrillos, peras y ciruelas es la misma, aunque para durazno, “tal vez no se haya reflejado tanto el problema”. Para Afrupi y otras organizaciones de productores, las soluciones pasarían por disponer una línea de crédito a tase de interés cero, pero también por un subsidio que cubra los costos de producción, que permita recuperar lo que ya gastó y pagar sus deudas, concluyó el dirigente de los fruticultores.

Antonio Pérez, dirigente de la SFR San Antonio, describió la situación en el entorno de su localidad como “crítica”, aunque esa zona del departamento quedó excluida en primera instancia de la EA. Pérez dijo que “es lamentable ver cómo están las plantas”, y calcula una producción menor al 50% de lo esperable. “No la veo fácil”, considerando además que hasta ese momento, la hortifruticultura no estaba considerada en estado de emergencia, por lo que no había propuestas de apoyo.

Por su parte, Richard García, presidente de la SFR Piedras de Afilar, Capilla de Cella y Soca, calificó como “atroz” el impacto de la sequía su zona de incidencia, en la que “hay vecinos que han tenido que salir a vender los animales” por carecer de alimento y de agua para abrevadero, mientras que los cultivos hortícolas están “abandonados desde hace días. Se perdió todo lo que estaba cultivado a campo y también lo de invernáculo, que fue lo último que se dejó de regar”. A esta entidad de base de CNFR se le suma el perjuicio de no tener mercadería con la que abastecer el Mercado de Cercanía de Cuchilla Alta, una iniciativa en la que comercializan su producción en forma directa a los residentes y a los turistas que visitan esa localidad costera de Canelones, por lo que decidieron cerrarlo transitoriamente.

El MGAP propuso como método de apoyo a los productores ganaderos y lecheros habilitar una línea de crédito a través de la estatal República Microfinanzas, a dos años de plazo y con intereses subsidiados, aunque aún no se conoce la fecha en la que estaría disponible esta herramienta.

Al respecto, García evaluó que esta solución “llega tarde, muy tarde. Hay muchos productores afectados”. Si bien las nuevas autoridades de gobierno asumieron funciones el 1 de marzo de este año, “el sistema democrático uruguayo prevé una transición de cuatro meses. La seca se viene instalando desde hace muchos meses y no puede ser que las autoridades estén designadas desde hace una semana –y con todo respeto lo digo- me parece una falta de responsabilidad del gobierno no haber hecho esa transición, porque en este momento estaríamos con esas herramientas a disposición sin tener que seguir esperando”.

El vicepresidente de CNFR manifestó que “la ganadería y la lechería son dos sectores muy castigados por la sequía, pero en el sector de la granja hay una disminución importante en la cosecha, especialmente en la fruticultura. Los horticultores perdieron cultivos y (por los ciclos biológicos) hay rubros que ya no tienen retorno”. Asimismo, la devaluación de la moneda con respecto al dólar “más allá de que pueda beneficiar a algún sector exportador, le pega a todo el resto de la economía del país, genera inflación, y lo peor de todo, provoca incertidumbre acerca de lo que va a pasar, porque tampoco hay señales claras (desde el equipo económico de gobierno). A esto se le suma el incremento en el precio de las tarifas de energía eléctrica, agua potable y comunicación, por lo que este es un momento para mantener la cabeza fría”.

Respecto al apoyo que se brindaría –una línea de crédito que toma en forma individual cada productor habilitado por el MGAP a recibir asistencia- se cambia el paradigma con respecto a las tácticas empleadas en emergencias agropecuarias que debieron gestionar administraciones de gobierno anteriores. En lo que respecta a la ganadería, el propio MGAP adquiría la ración que era entregada a las organizaciones de base de los productores, ques asumían la responsabilidad de la distribución y del cobro del alimento para los animales.

La asistencia individual se presume instalará un escenario menos ventajoso para el productor, dado que cada uno de los beneficiarios deberá negociar en solitario con un proveedor de ración el precio y las condiciones de la transacción. Si bien es cierto que llevar a cabo estos operativos significaba para las organizaciones un trabajo adicional, por otro lado, pierden el protagonismo legítimamente conquistado a lo largo de años de trabajo, como entidades referentes en territorio para la solución a los problemas de los productores. Buzzalino agregó que “el involucramiento de las organizaciones de los productores transparenta muchísimo el proceso (de asistencia).

Los planteos de las gremiales y la propia realidad llevaron a que el 20 de marzo el gobierno extendiera el área que abarca la EA, que pasó a abarcar unos 2 millones de hectáreas en el sur del país, e incluyera a la horticultura, la fruticultura y a la apicultura dentro de los subsectores afectados.

En la conferencia de prensa en la que el Subsecretario del MGAP realizó el anuncio, el titular dela Digegra, Nicolás Chiesa, explicó que en la reunión de la Junta Nacional de la Granja que se realizaría el 23 de marzo se definirá qué apoyos se brindarán a horticultores, fruticultores y apicultores.

Mario Buzzalino informó luego de la reunión que “habrá un crédito para apoyar a los productores, y luego se verá qué apoyo habrá para el pago de los intereses”, punto que aún no se definió, y “la idea es que el préstamo sea a dos años de plazo, en pesos”. Según el referente de CNFR e integrante de la Dirección de la Junta Nacional de la Granja las expectativas se centran en el porcentaje de subsidio que eventualmente tendría la tasa de interés de la línea de crédito. Las organizaciones del sector esperan que sea del 100%, tal como se había anunciado en la Mesa de Desarrollo Rural extraordinaria realizada en Canelón Chico, aunque “el Estado tiene su visión. Nosotros aportamos ideas, de discutir, y hay que seguir conversando a ver qué es lo que se puede lograr. Las gremiales tenemos algunas pretensiones, pero los dichos” (de las jerarquías del MGAP) hacen vaticinar una realidad diferente, sostuvo Buzzalino.

Los productores interesados en recibir apoyo del MGAP deben inscribirse en un formulario web que está disponible en el portal de esta Secretaría de Estado. Como condición excluyente, los solicitantes deben estar inscriptos en el Registro Nacional Frutihortícola y en el Registro Nacional de Propietarios de Colmenas que gestiona la Digegra.

En concreto, desde el ámbito oficial aún no hubo una respuesta concreta a las necesidades de los productores, e incluso, no está previsto se considere a otros sectores de la granja, tales como la avicultura. La gravedad de la situación puede dimensionarse también por la medida que debió adoptar Intendencia de Canelones en conjunto con OSE –la empresa pública responsable del abastecimiento de agua potable a la población- que debieron implementar un sistema de distribución de agua para el consumo humano en camiones cisterna para un importante número de productores.