Necesitamos respuestas más rápidas y eficaces de los gobiernos para revertir el empeoramiento de la crisis alimentaria en todo el mundo
La situación es dramática y espantosa. Los estudios ya indican que la perspectiva para este año es que el número de personas desnutridas en el mundo, que actualmente alcanza la marca de 690 millones, aumentará a otros 132 millones de individuos en los próximos meses. Cada componente de este número vergonzoso es una vida privada del derecho humano a comer con dignidade, y refuerza aún más la urgencia de actuar con mayor rapidez para resolver este grave problema humanitario global.
Es cierto que esta crisis, que se viene arrastrando en las últimos años a un ritmo preocupante, se ve agravada por los impactos inesperados de la pandemia de Covid-19 en la mayoría de los países. Y que este nuevo escenario exige respuestas innovadoras y eficientes por parte de los gobiernos, de lo contrario, la humanidad se hundirá cada vez más en el abismo del hambre y desigualdad.
Esta es la esencia del mensaje que la sociedad civil y los pueblos indígenas, articulados en un Mecanismo del próprio Comité (MSC-CSA), presentaron a las autoridades gubernamentales de varios países, presentes en la 47 ° Sesión Plenaria Virtual del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria (CSA), celebrada por la FAO entre el 8 y el 11 de febrero.
En discurso en el pleno, en las actividades paralelas de la sesión y a través de un documento elaborado conjuntamente, las organizaciones sociales que juntas representan a millones de trabajadores(as), agricultores(as), campesinos(as), pueblos indígenas y otras comunidades, y que integran el MSC, como la COPROFAM, expresaron la creciente preocupación por el avance de la inseguridad alimentaria, y pidieron una mayor sensibilidad y compromiso por parte de los gobiernos ante los desafíos más prioritarios, especialmente los relacionados con las consecuencias de la crisis sanitaria de Covid-19.
Las organizaciones también hicieron fuertes críticas a los sistemas alimentarios actuales, que excluyen a los responsables de la producción sustentable de alimentos y priorizan monopolios y cadenas productivas agresivas con la naturaleza, los trabajadores involucrados e incluso los consumidores finales. En opinión del MSC, estos sistemas deben estructurarse para fortalecer la producción sostenible y las cadenas que amplían y favorecen el acceso a los alimentos, como una estrategia para garantizar más soberanía y seguridad alimentaria para las poblaciones.
Desde las OAF, hemos enfatizado que una de las formas de promover sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles es invirtiendo recursos en la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que actualmente representa el 80% de toda la producción mundial de alimentos. Si más valorada, principalmente con políticas públicas diferenciadas que ofrecen más infraestructura e incentivo para el cultivo de alimentos por parte de las familias en sus territorios rurales, la AFCI es capaz de ampliar aún más este potencial productivo y alimentar a más personas, mientras preserva los recursos naturales y las culturas tradicionales.
Durante mucho tiempo el MSC ha estado pidiendo los gobiernos que revisen sus políticas relacionadas con las cadenas alimentarias en sus territorios, pero ahora esa solicitud se refuerza con la urgencia que la pandemia colocó en el tema. La crisis de escasez de alimentos desencadenada por el Covid-19 en algunos países hizo aún más evidente esta demanda de transformación de los sistemas alimentarios, y la necesidad de reorientándolos hacia la producción sostenible, el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable.
En este sentido, es de suma importancia que estos gobiernos utilicen este espacio de diálogo político intergubernamental tan importante que es el CSA para delinear estrategias coordinadas y multilaterales para resolver los problemas planteados, articulándose también con las agencias multilaterales de la ONU, como el FIDA y la FAO, para tener éxito.
Existen otros marcos políticos ya establecidos a nivel global, apoyados por la ONU, que abren caminos para que los problemas de seguridad y soberanía alimentaria comiencen a resolverse de manera efectiva. El Decenio de la Agricultura Familiar es uno de ellos, que presenta en su agenda planes y estrategias para que la AFCI de todos los continentes amplíe su potencial para alimentar cada vez a más personas con alimentos de calidad y con la dignidad que todo ser humano merece.
Marcos como estos necesitan más atención y acción por parte de los gobiernos para que puedan contribuir en la práctica, y no se queden en la planificación. Se necesita, sobre todo, una mirada más responsable y estratégica de los gobiernos para que los indicadores de hambre comiencen a reducirse, con la esperanza de que algún día lleguen a cero, como lo proyecta la Agenda 2030, en uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El llamado al cambio proviene de jóvenes, mujeres y hombres de diferentes territorios, que dedican su fuerza laboral a producir alimentos, pero que hoy aún no reciben el reconocimiento que merecen sus actividades y esfuerzos.
No hay tiempo que perder y el mundo necesita respuestas inmediatas para acabar con el hambre. Desde las organizaciones de la sociedad civil estamos dispuestos a aportar propuestas que dialoguen con la realidad y las necesidades de las comunidades, pero necesitamos el apoyo de las instituciones para avanzar en este trabajo.
Alberto Broch, presidente de COPROFAM
